Diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para presentar dos recursos administrativos contra el proyecto de extracción de tierras raras que se instalará en Penco, en la región del Bío Bío. El primero cuestiona la respuesta del titular a las observaciones ciudadanas; el segundo apunta a la inviabilidad del proyecto, alegando falta de rigurosidad técnica por parte del SEA y de los servicios públicos al momento de aprobarlo.
Camila Arriagada, vocera de la campaña Penco-Lirquén Libre de Minería, advirtió que ubicar las faenas a cerca de un kilómetro de zonas habitadas representa un riesgo para la comunidad. Señaló que la aprobación del proyecto no consideró adecuadamente esos peligros y que en los recursos también participan asociaciones campesinas de sectores rurales de Penco, Lirquén y Tomé —como Primer Agua, Agua Amarilla, El Espino y El Durazno— que buscan resguardar su vocación agrícola, sus territorios y sus fuentes de agua ante la cercanía de las operaciones mineras.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, indicó que los residentes están en su pleno derecho de manifestarse y de recurrir a herramientas administrativas. Afirmó que el municipio mantiene un diálogo directo con organizaciones y juntas de vecinos, y recordó que, si bien el proyecto cuenta con RCA, las acciones emprendidas por la comunidad se enmarcan en el Estado de derecho y en un proceso democrático que resguarda la libertad de cada organización para decidir sus pasos.
Desde la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC), su presidente, Álvaro Ananías, cuestionó las impugnaciones, sosteniendo que van en contra de necesidades urgentes de la región, como el empleo, la liquidez y la competitividad. A su juicio, la judicialización de iniciativas que han superado la evaluación técnica e institucional, como la de Penco, profundiza la incertidumbre económica y frena la reactivación, cuando se requiere atraer inversión y crear trabajo de calidad.
La empresa Aclara recalcó que la iniciativa contempla altos estándares técnicos y ambientales, junto con una inversión superior a 130 millones de dólares, y proyecta la generación de 2.200 empleos directos.
Puedes leer la declaración completa de Aclara a continuación:
