La decisión del gobierno peruano de trasladar el control de la seguridad pública al ámbito militar desató una controversia que cruza fronteras y se instaló también en Chile, donde un sector político observa con interés el esquema aplicado en Lima.
La medida, respaldada por el Ejecutivo de Keiko Fujimori como respuesta a la crisis de seguridad, provocó posturas encontradas entre expertos, exautoridades y organizaciones civiles, a la vez que ganó atención en Chile, donde las Fuerzas Armadas comienzan a perfilarse como un actor clave en la discusión sobre orden público.
Según la encuesta Plaza Pública Cadem, el 69% de los chilenos cree que la presencia de militares en las calles incrementaría la sensación de seguridad. En Perú, los sondeos marcan cifras similares o superiores.
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Domingo 09 Agosto, 2026 | 20:02
El giro peruano
Días atrás, la presidenta Keiko Fujimori informó que efectivos de las Fuerzas Armadas patrullarán calles y sistemas de transporte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), para enfrentar al crimen organizado.
Desde el despacho presidencial y en transmisión en vivo, la mandataria explicó que la iniciativa responde a promesas de campaña y a la urgencia de devolver calma a la ciudadanía.
El Ejecutivo también confirmó apoyo militar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un refuerzo de operaciones contra el narcoterrorismo en el VRAEM (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).
Asimismo, la administración Fujimori presentará un paquete legal para militarizar pasos fronterizos estratégicos, endurecer la política migratoria y acelerar expulsiones de extranjeros condenados. Para ello pedirá al Congreso facultades especiales que habiliten reformas en seguridad, economía y modernización del Estado.
Advertencias y cuestionamientos
La participación de militares en seguridad ciudadana abrió un fuerte debate. El exministro del Interior peruano, Remigio Hernani, fue tajante: “Los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana, ni lo van a solucionar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función”, dijo a BioBioChile.
Hernani admitió un posible efecto de disuasión a corto plazo, pero lo consideró transitorio. “Mientras están los militares, no actúa la delincuencia, pero apenas se van, actúan nuevamente”, señaló.
También reprobó poner soldados armados en el transporte público por riesgos operativos, advirtiendo que podrían terminar como víctimas en un asalto.
Planteó reforzar la inteligencia policial y criticó la “militarización” del Ministerio del Interior, defendiendo que la conducción técnica recaiga en especialistas en criminalidad urbana.
En la misma línea, Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología en Perú, dijo a La Encerrona: “Lo importante, creo yo, en las designaciones, es si la formación que han recibido certifica que conocen los temas de gestión de la seguridad ciudadana, de gestión de lucha contra el crimen”.
Zevallos destacó que el apoyo militar funciona en zonas amazónicas, en logística e inteligencia, pero insistió en protocolos precisos para evitar incidentes y resguardar a militares y civiles.
“Los militares no están entrenados para funciones policiales; su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, recordó la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, citada por El País.
El péndulo de la militarización
Ante el avance del crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico, varios países han optado por militarizar la seguridad pública. Ecuador, México y El Salvador han desplegado a sus Fuerzas Armadas en calles o en la administración penitenciaria.
De acuerdo con especialistas, estos procesos a veces derivaron en “más violencia, acumulación de poder militar y denuncias reiteradas de violaciones a los derechos humanos”.
En Argentina persiste una barrera institucional más fuerte contra el uso de militares en tareas policiales, mientras que Costa Rica ha priorizado la inteligencia financiera y el fortalecimiento civil para combatir el delito sin involucrar a los ejércitos.
Presión social
En Chile, los últimos datos de Plaza Pública Cadem indican que el 69% cree que militares en las calles elevarían la sensación de seguridad.
El sondeo, al que accedió BioBioChile, expresa una demanda por respuestas más firmes frente a la criminalidad, aunque persisten divisiones políticas y técnicas.
La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei rechazó la reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas patrullar zonas urbanas y barrios críticos.
“Ha fracasado en todos los países donde se ha introducido, salvo naturalmente en Salvador, pero eso ya no es democracia”, afirmó Matthei, advirtiendo que estas medidas tienden a polarizar en vez de atacar las causas del problema.
“No caer en esa discusión y no caer en una pelea intensa que va a acaparar todos los títulos, que va a acaparar todas las noticias y que sigue polarizando, y que sigue destruyéndonos como sociedad”, dijo en una actividad académica.
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La exministra del Interior Carolina Tohá alertó en entrevista con TVN que un despliegue militar con lógicas policiales puede ser “muy conflictivo”. Propuso concentrar a las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica y cuestionó penalizar el ingreso irregular, apuntando que el sistema penitenciario no tiene capacidad para absorber a todos los infractores.
El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, replicó que la mirada garantista de Tohá “evidentemente tiene que quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado”.
Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez pidió evitar que la seguridad se transforme en botín político y defendió la atribución del Ejecutivo para impulsar reformas, exigiendo responsabilidad a todos los poderes del Estado.
Derechos humanos
El retorno de los militares a funciones de seguridad interna reabre heridas en Perú. Durante el conflicto interno de los años ochenta hasta inicios de los 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación acreditó “represión indiscriminada contra población sospechosa” de terrorismo, con un estimado de 69.280 víctimas fatales, de las cuales el 30% se atribuye a agentes estatales. Ese antecedente alimenta una especial cautela sobre los riesgos de ampliar el rol castrense en asuntos internos.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, advirtió que expandir la participación militar en seguridad ciudadana puede incrementar el riesgo de un “uso desproporcionado de la fuerza y nuevas vulneraciones de derechos humanos”.
A su juicio, “al crimen organizado se le combate con inteligencia, investigación financiera, fiscales especializados, control de cárceles y fortalecimiento policial”.
La memoria de esos episodios se enlaza con el despliegue militar bajo el gobierno de Dina Boluarte para contener protestas tras la destitución de Pedro Castillo, con un saldo de medio centenar de manifestantes muertos por munición letal utilizada por uniformados.
El paquete de reformas anunciado por el gobierno de Fujimori también contempla que los militares asuman la administración de los centros penitenciarios, como parte de la estrategia para frenar el avance del crimen organizado.
La militarización de la seguridad pública, lejos de un consenso, divide a expertos, exautoridades y diversos sectores sociales tanto en Perú como en Chile.
Aunque la presencia militar puede elevar la percepción de seguridad, especialistas y defensores de derechos humanos sostienen que la criminalidad exige respuestas más integrales, con el eje en la labor policial, la inteligencia y el fortalecimiento de las instituciones civiles, pese a que una porción significativa de la ciudadanía piensa distinto.
