Una constructora presentó una demanda contra el municipio de La Ligua por más de $4 mil millones, acusándolo de causarle perjuicios al incluir el terreno de uno de sus proyectos dentro de la solicitud para declarar como humedal urbano el Estuario Los Molles.
La controversia se remonta a 2021. En marzo de ese año, RD Constructora inició las obras del “Condominio Paseo Costanera Los Molles”, contemplando un edificio de seis pisos y 195 departamentos. Un mes después, la municipalidad ofició al Ministerio del Medio Ambiente para pedir la declaración de humedal urbano sobre un polígono de 16,4 hectáreas que abarcaba el proyecto.
A raíz de un recurso de protección de vecinos que exigían someter la iniciativa a evaluación ambiental, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una orden de no innovar y el proyecto quedó paralizado en junio de ese año.
Cinco años y múltiples litigios después, el Ministerio del Medio Ambiente concluyó que el predio del proyecto no debía integrar el humedal urbano.
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Jueves 11 Julio, 2024 | 11:02
Área con construcciones consolidadas
El Condominio Paseo Costanera Los Molles se venía planificando desde hace más de diez años. En diciembre de 2012, RD Constructora compró los lotes 11 y 12 de la manzana 46 de la localidad.
En el lote 12 no hubo contratiempos: se levantó el proyecto Costanera del Mar, con 188 departamentos y 207 estacionamientos. La Dirección de Obras Municipales (DOM) otorgó la recepción definitiva en octubre de 2019 y para 2021 todas las unidades estaban vendidas.
En cuanto al lote 11, inicialmente todo avanzó sin trabas. La DOM había concedido en 2019 el permiso de edificación del Condominio Paseo Costanera Los Molles.
Pero en abril de 2021 cambió el escenario. Con Rodrigo Sánchez (PC) aún como alcalde y con Patricio Pallares como concejal, la municipalidad solicitó al Ministerio del Medio Ambiente declarar como humedal urbano el Estuario Los Molles.
Según la defensa municipal en el juicio civil, la petición se fundamentó en “antecedentes públicos de inundaciones recurrentes, problemas de drenaje y preocupación ciudadana”.
La demanda, sin embargo, acusa una actuación “extremadamente negligente” y “carente de razonabilidad”, pues el polígono de 16,4 hectáreas abarcó áreas con permisos vigentes, calles pavimentadas y condominios habitados.
A juicio de la constructora, esos sectores no cumplían los criterios para ser humedal urbano:
—No corresponden, en su totalidad, a marisma, pantano, turbera o superficie cubierta por aguas, ni a una extensión marina con profundidad en marea baja inferior a seis metros. Asimismo, los terrenos no tenían esas características ni ahora ni en 2012, cuando se adquirieron los Lotes N.º 12 y 11 —sostiene el libelo.
Paralización
En un comienzo, la solicitud municipal no detuvo las faenas. Pero en junio, el Movimiento Ciudadano Cabildo Abierto Los Molles interpuso un recurso de protección, argumentando que el proyecto debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por emplazarse en un humedal:
—El terreno donde se emplaza el proyecto es parte del Humedal Estuario Los Molles, y se producen alteraciones significativas a la biota del humedal y a su flora y fauna, alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los recurrentes y los habitantes de la localidad, los cuales no han sido objeto de una evaluación ambiental alguna —planteó el escrito.
Solicitaron que el tribunal ordenara el ingreso al SEA y decretara una orden de no innovar para detener la obra mientras se resolvía. El 21 de junio de 2021, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó la ONI y, a fin de mes, la DOM instruyó la paralización.
Ante el Tribunal Ambiental
En diciembre, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de los vecinos: estimó que no había un derecho indubitado que justificaría la protección y, además, la propia empresa ya había consultado la pertinencia de someterse al SEA, por lo que no procedía una cautela urgente. Con ello, la ONI quedaba sin efecto, aunque las obras no se reanudaron.
Poco después, los vecinos presentaron una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental. En octubre, el Ministerio del Medio Ambiente había reconocido el humedal, pero lo delimitó en 9,2 hectáreas —44% menos de lo pedido por el municipio—, dejando fuera el lote 11 del proyecto.
Los vecinos pidieron ampliar la superficie a las 16,4 hectáreas originales, mientras que la inmobiliaria Lilén S.A. solicitó acotarla por considerarla excesiva. El 27 de enero de 2022, el Tribunal dictó una medida cautelar que suspendió cualquier obra dentro de las 16,4 hectáreas propuestas por la municipalidad.
Más de $4 mil millones
En enero de 2023, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente las reclamaciones y ordenó al MMA una nueva delimitación. Tras un análisis extenso, el ministerio trazó un nuevo polígono de 10,6 hectáreas, que nuevamente dejó fuera el lote 11. La definición se oficializó en enero de este año. En abril, RD Constructora, representada por el abogado Felipe Holmes, presentó la demanda.
La empresa sostiene que hubo falta de servicio del municipio:
—La Municipalidad actuó con grave negligencia, pues no podía menos que saber que dentro de las 16,4 hectáreas que solicitó declarar como humedal urbano existen condominios ya habitados, así como obras de edificación en plena fase de construcción —afirma el escrito.
Alega un daño continuado desde el 12 de abril de 2021 —fecha de la solicitud municipal— por la incertidumbre jurídica que habría impedido el desarrollo del proyecto, afectado la inversión y dañado su imagen. Aunque la paralización formal provino de resoluciones judiciales y del Tribunal Ambiental, para la empresa la “causa gatillante” fue el requerimiento de la municipalidad.
Por ello, pide indemnización por 100 mil UF (más de $4 mil millones) por gastos e inversiones inutilizadas, además de 500 UF mensuales por el costo financiero acumulado.
Alcalde defiende oposición del municipio
El alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, defendió la postura municipal ante la Unidad de Investigación de Bío Bío, subrayando que la resistencia al proyecto proviene de la comunidad.
—Donde están estos departamentos, aunque caigan muy pocas gotas de agua no se puede pasar —señaló—. También ha sido un obstáculo para el turismo, porque muchos visitantes llegan a conocer Los Molles y, al pasar por ahí, sus vehículos se dañan al quedar atrapados en el agua.
Pallares indicó que hubo trabajo conjunto con funcionarios de Medio Ambiente del gobierno anterior para definir el polígono:
—Siempre se deja un poquito pasado en cuanto a la petición o la dimensión que queremos proteger y siempre se ha hecho así —dijo—. Hoy el Ministerio del Medio Ambiente nos dice que es menor. Pero la dimensión no va por allá; va porque queremos que esto se pare, se paralice [el proyecto] y creo que no estamos incumpliendo nada fuera de la ley.
En su defensa, el municipio recalca que no fue quien detuvo la obra, sino la Corte de Apelaciones y luego el Segundo Tribunal Ambiental, a partir de acciones de la comunidad. Añade que, incluso hoy, el proyecto no podría retomarse, ya que el SEA resolvió en enero de 2023 que debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental previo.
—La declaración de pertinencia ambiental, solicitada voluntariamente por RD Constructora ante el SEA, concluye que el proyecto debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental previo a su ejecución, lo que por sí solo impide continuar el proyecto sin cumplir con esa exigencia —indica la dúplica.
El 20 de julio se realizó una audiencia de conciliación. El tribunal propuso iniciar conversaciones con un 20% de la suma genérica reclamada, pero las partes no mostraron disposición para un acuerdo.
