Fiscal Barros advierte: no repetir demoras ante el crimen organizado y sus próximos desafíos

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, analizó la evolución del crimen organizado en Chile y los retos que enfrenta el sistema de justicia, en un contexto marcado por el ingreso al Congreso de una reforma constitucional en materia de seguridad, que podría ser decisiva para los próximos años.

Con más de 25 años en el Ministerio Público, Barros valoró de forma positiva la iniciativa presentada por el gobierno de José Antonio Kast. Señaló que toda medida destinada a fortalecer la seguridad, la prevención y la persecución penal es una buena noticia tanto para la Fiscalía como para el país.

A juicio del fiscal, el ritmo de cambios legales ha mejorado ampliamente respecto de décadas anteriores. Recordó que en sus inicios en la Fiscalía debieron perseguir a las primeras cuatro asociaciones criminales del país con normativas pensadas para cuatreros, en una época sin teléfonos ni herramientas similares.

También subrayó que la criminalidad ha evolucionado con más velocidad que la capacidad de respuesta del sistema judicial. Como ejemplo, mencionó que la “Operación Tokio” partió como una indagatoria por extorsiones y terminó revelando empresas que movilizaban $75 mil millones en criptoactivos a nivel nacional. Para enfrentar fenómenos así —agregó— se requieren capacidades de investigación distintas, recursos especializados, software adecuado y analistas con enfoque patrimonial.

Los desafíos del sistema judicial frente al crimen organizado

Consultado por la presencia de cárteles como el de Sinaloa, Barros indicó que ciertas drogas provienen de organizaciones extranjeras, sobre todo de Centroamérica, pero eso no implica que operen directamente en Chile. Más bien existen redes de chilenos o extranjeros con vínculos y soporte logístico. Con todo, advirtió que muchas bandas han aprovechado vacíos del sistema que antes no se percibían y que fueron ocupando con rapidez.

Puso como ejemplo al Tren de Aragua: desde 2020 alertaron del ingreso de criminalidad transnacional, aunque hubo resistencia a difundirlo por temor a que se interpretara como una postura contraria a la inmigración. Por eso advertían que la migración trae virtudes, pero también puede incorporar prácticas delictivas.

En esa línea, Barros fue tajante: no se puede volver a reaccionar tarde frente a la instalación de organizaciones criminales. A su juicio, las instituciones deben monitorearlas en tiempo real y activar de inmediato las investigaciones apenas se enciendan las alertas.

Respecto de la propuesta que faculta al Presidente para declarar que una agrupación es terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, el fiscal señaló que la Fiscalía ya maneja un catastro de organizaciones activas en Chile. Entiende que la idea es que su existencia se tenga por acreditada, lo que acortaría juicios y evitaría pruebas redundantes destinadas primero a confirmar la estructura, roles y jerarquías de la banda, antes de individualizar responsabilidades.

Añadió que esto abre un reto adicional: las bandas que migran desde estructuras verticales a esquemas celulares, o aquellas células que operan bajo la “franquicia” de una organización mayor, como ocurre con el Tren de Aragua. En sus palabras, se trata de un fenómeno donde al cortar una “cabeza” surge otra en distinto lugar, y así sucesivamente.

Con todo, Barros recalcó que será clave observar la técnica legislativa que finalmente se plasme en la normativa.