“Estoy en situación de calle por elección propia”. Con esa frase, Thae Ignacia Loiza Galaz, exconcejala de Graneros electa por el PPD, explicó a los detectives que el lunes la hallaron cubierta con cartones en la esquina de Huérfanos con Bandera, en pleno centro de Santiago, tras 12 días sin rastro.
Testimonios de cercanos, antecedentes judiciales y la declaración de la propia Loiza —a la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— permiten hilvanar los agitados últimos años de la exautoridad. Según esas fuentes, un consumo problemático de alcohol y drogas habría gatillado el recorrido que inició el 5 de agosto, cuando dejó el departamento de una amiga en Ñuñoa sin avisar destino.
Para ubicarla, la policía debió reconstruir desde cero sus pasos recientes. Entrevistó a familiares, amistades y excompañeros de trabajo, además de revisar cámaras de seguridad, con lo que descartó la intervención de terceros. Una fuente ligada a la búsqueda relata que, durante esos días, tuvo altercados con clientes de La Piojera y que, bajo efectos de sustancias, se tornaba muy agresiva, por lo que urgía encontrarla.
Ruta investigativa
El trabajo partió por perfilar su entorno más próximo: detectives tomaron declaraciones a parientes, amistades, exparejas y colegas. En esa fase surgieron datos desconocidos para parte de su familia y se acreditó el uso problemático de alcohol y drogas, clave para enfocar el rastreo. También se estableció que hasta poco antes de desaparecer trabajaba en una hamburguesería en La Florida y dormía en casa de una amiga en Ñuñoa, vínculo que se había tensionado por episodios asociados al consumo.
Los registros de cámaras mostraron que el 5 de agosto ella salió sola a pie del edificio. No fue forzada ni abordó vehículos cercanos. La reconstrucción tuvo tropiezos: había pasado casi una semana y varias cámaras privadas ya habían borrado material, pero lo disponible confirmó una salida voluntaria. Con eso, la PDI mapeó contactos en Santiago y Graneros, y con apoyo de la Brigada de Ubicación de Personas determinó que ya no tenía domicilio fijo ni red de apoyo activa.
Diversos testimonios la situaban deambulando por el casco histórico, dato que coincidía con imágenes y reportes de inspectores municipales. El operativo final movilizó a cerca de una docena de detectives, equipos municipales y Carabineros. Tras revisar cámaras y recorrer puntos del centro, fue localizada en Huérfanos con Bandera, cubierta con cartones.
Aunque sin lesiones aparentes, rechazó ir a un cuartel o a un centro asistencial. Al ser adulta y estar consciente, la PDI tomó su declaración en el lugar, informó al Ministerio Público y avisó a la familia. Según fuentes del procedimiento, decidió seguir viviendo en calle y no retomar contacto con su entorno.
Drogas, nada nuevo
Antecedentes de la Unidad de Investigación de Bío Bío indican que su relación con las drogas no es reciente. En noviembre del año pasado protagonizó un episodio ingresado a tribunales: el 11 de noviembre de 2025, Carabineros y Seguridad Municipal de Graneros acudieron a una vivienda de la Villa Rafael Carvallo luego de que una amiga la encontrara “boca abajo y con espuma en la boca”, tras ingerir una cantidad considerable de clonazepam de 2 mg. Ante la falta de ambulancias, fue trasladada en una camioneta municipal al Hospital Santa Filomena de Graneros. El Ministerio Público se abstuvo de investigar al concluir que los hechos no constituían delito.
Certificados falsos: la condena
Paralelamente, ya estaba bajo la lupa por presentar certificados médicos falsos para justificar inasistencias y así evitar descuentos en su dieta de concejala —poco más de $1 millón mensuales por asistir a tres sesiones ordinarias al mes—. La sentencia acreditó que ingresó 13 certificados falsos al municipio: 10 supuestamente firmados por un médico fallecido en 2019 y otros tres atribuidos a un segundo facultativo que declaró no haberla atendido. Según el fallo, encargaba los documentos a una coimputada por $10 mil cada uno, rellenándolos con fechas y diagnósticos como gastroenteritis, dolor abdominal o artritis psoriásica. El perjuicio se calculó en $2.585.622.
Fue condenada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 UTM por el uso reiterado de certificados falsos, y a 541 días de presidio menor en su grado medio más otra multa de 6 UTM por obtención fraudulenta de remuneraciones. Se decretó además la suspensión de cargo u oficio público durante las penas privativas de libertad. El cumplimiento en prisión fue sustituido por remisión condicional, bajo control de Gendarmería, y las multas se tuvieron por cumplidas vía conversión e imputación de días detenida.
Violencia familiar
En paralelo, figura como víctima en una causa aún vigente en el Juzgado de Garantía de Graneros: la Fiscalía requirió en procedimiento simplificado a su hermano, Carlos Cristian Loiza Galaz, por una agresión ocurrida en el domicilio que compartían en la población Rafael Carvallo. El 3 de enero de 2026, cerca de las 15:00 horas, tras una discusión, él le habría dado “dos cachetadas en el rostro”. Fue atendida en el Hospital de Graneros, con diagnóstico de “eritema en la zona cigomática derecha”. Aunque clínicamente leve, el Ministerio Público calificó jurídicamente como lesiones menos graves en contexto de VIF y solicitó 540 días de presidio menor en su grado mínimo, costas y prohibición de acercamiento por un año. La audiencia de juicio simplificado, prevista para el 17 de junio, fue reprogramada para el 27 de agosto a las 11:30 horas por una inconsistencia administrativa.
“Por decisión propia”
Tras ese conflicto familiar y su salida del Concejo Municipal de Graneros, habría optado por radicarse en la región Metropolitana. Antes de su desaparición trabajó en una hamburguesería en La Florida y pernoctaba en Ñuñoa con una amiga. Quienes participaron en su perfilamiento sostienen que esos factores explicarían su nulo interés en volver a la región de O’Higgins.
Cuando fue ubicada, se negó a ir a un cuartel a declarar. El fiscal dispuso que la PDI tomara su testimonio en Huérfanos con Bandera. Ahí reafirmó su decisión: “Me encuentro en situación de calle por decisión propia”; no quiso ir a un centro asistencial ni comunicarse con su familia. Además, recordó que no había orden judicial que autorizara un traslado forzoso: “Como no tengo una orden de detención, no me pueden trasladar de manera obligada”.
PDI explica caso
El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, detalló que la reconstrucción policial estableció que la exconcejala dejó por voluntad propia el departamento en Ñuñoa el 5 de agosto, bajo efectos de alcohol y drogas, y caminó sola por el sector, sin indicios de terceros. La PDI analizó declaraciones de cercanos, cámaras y otros insumos para armar la cronología y focalizar la búsqueda en sectores de Santiago Centro. En coordinación con la Brigada de Ubicación de Personas, y tras reportes de que había sido vista junto a personas en situación de calle, el 17 de agosto se desplegó un operativo exhaustivo que permitió hallarla. Según Reyes, por su adicción y consumo, ella prefería vivir en la calle, lejos de conflictos y explicaciones ante amistades o familia.
