“Estoy en situación de calle por elección propia”. Con esa frase, Thae Ignacia Loiza Galaz, exconcejala de Graneros electa por el PPD, se presentó ante los detectives que el lunes la hallaron cubierta con cartones en Huérfanos con Bandera, en pleno centro de Santiago.
Relatos de cercanos, antecedentes judiciales y la propia declaración de Loiza —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— permiten reconstruir los agitados últimos años de la exautoridad, quien estuvo 12 días desaparecida.
El consumo problemático de alcohol y drogas habría gatillado el trayecto que comenzó el 5 de agosto, cuando dejó el departamento de una amiga en Ñuñoa sin avisar su destino.
Para encontrarla, la policía debió recomponer sus pasos desde cero. Entrevistas a familiares, amistades y compañeros de trabajo, junto al análisis de cámaras, descartaron intervención de terceros.
—En el periodo en que no fue ubicada tuvo incidentes con clientes de La Piojera. Bajo los efectos del alcohol y las drogas se volvía muy agresiva. Había que dar con su paradero lo antes posible —comentó a Bio Bío Investiga una fuente ligada al operativo.
Ruta investigativa
La indagatoria comenzó delineando su círculo cercano. Según fuentes del caso, detectives tomaron declaración a parientes, amistades, exparejas y colegas para perfilar dónde podía estar y en qué condiciones desapareció.
De esas diligencias emergieron datos desconocidos para parte de su familia. Testimonios acreditaron un consumo problemático de sustancias, factor que terminó siendo clave para orientar la búsqueda.
Los investigadores establecieron además que hasta poco antes de ausentarse trabajaba en una hamburguesería de La Florida y dormía en el departamento de una amiga en Ñuñoa. Según las mismas fuentes, el vínculo se había deteriorado por episodios vinculados al consumo.
El análisis de cámaras permitió, temprano, descartar que alguien la forzara. El 5 de agosto salió sola, caminando, sin abordar vehículos ni ser coaccionada, de acuerdo con quienes revisaron esos registros.
Hubo tropiezos: cuando la PDI inició la reconstrucción, ya había pasado casi una semana y varias cámaras privadas habían sobrescrito sus grabaciones. Aun así, las imágenes disponibles confirmaron una salida voluntaria.
Con ese marco, los equipos comenzaron a ubicar contactos en Santiago y Graneros. La Brigada de Ubicación de Personas fue clave para armar una cronología y concluir que ya no tenía domicilio estable ni una red de apoyo cercana.
Un antecedente recogido en entrevistas enfocó la búsqueda en Santiago Centro: múltiples personas dijeron haberla visto en el casco histórico, información que calzaba con cámaras y reportes de inspectores municipales.
El operativo final reunió a una docena de detectives en varios equipos, junto a funcionarios municipales y Carabineros. Tras revisar cámaras y recorrer distintos puntos del centro, fue ubicada en Huérfanos con Bandera, cubierta con cartones y en situación de calle.
Aunque estaba en aparente buen estado físico, rechazó ir a un cuartel o a un centro asistencial. Al ser adulta y estar consciente, la PDI le tomó declaración ahí mismo, informó al Ministerio Público y avisó a su familia. Según fuentes del procedimiento, decidió seguir viviendo en la calle y no retomar contacto con su entorno.
Drogas, nada nuevo
De acuerdo con la Unidad de Investigación de Bío Bío, su consumo problemático no es reciente. La mujer trans, hoy de 33 años, vivió en noviembre pasado un episodio que llegó a tribunales.
Un suboficial mayor de Carabineros informó al Ministerio Público sobre un procedimiento ocurrido en casa de una amiga de la entonces concejala que requirió apoyo policial y municipal.
El 11 de noviembre de 2025, a las 18:35, Carabineros y Seguridad Municipal de Graneros acudieron a una vivienda en la Villa Rafael Carvallo por una emergencia.
En el lugar, una mujer de iniciales P.A.H.G. relató que pidió ayuda al encontrar a su amiga Thae “tumbada boca abajo y con espuma en su boca” tras ingerir una cantidad importante de clonazepam de 2 mg.
Ante la falta de ambulancias, fue trasladada en una camioneta municipal al Hospital Santa Filomena de Graneros, donde fue atendida.
Por la eventualidad de delito, los antecedentes llegaron al Juzgado de Garantía de Graneros. Sin embargo, la fiscalía comunicó que se abstendría de investigar al estimar que los hechos no constituían delito.
Certificados falsos: la condena
Para esa fecha, Loiza ya era investigada por presentar certificados médicos falsos y obtener remuneraciones de manera fraudulenta.
La sentencia estableció que, como concejala, debía asistir a tres sesiones ordinarias mensuales, y que su dieta —algo más de $1 millón— dependía de su asistencia o de justificar las ausencias.
Presentó 13 certificados falsos al municipio “con la finalidad de que no se le descontara parte de su remuneración”. Diez estaban firmados y timbrados por un médico fallecido el 9 de junio de 2019, previo a las fechas de emisión.
Los otros tres aparecían a nombre de un segundo profesional que, según declaró, “jamás ha atendido de manera alguna a la imputada”. Los documentos atribuyeron a Loiza diversos diagnósticos y reposos en días de sesiones.
El fallo detalla que los certificados los conseguía a través de una coimputada, a quien pagaba $10 mil por documento, y luego se completaban con fechas y diagnósticos —gastroenteritis, dolor abdominal, artritis psoriásica— antes de presentarlos al municipio.
Con ese mecanismo recibió íntegra su dieta en jornadas que debieron descontarse por inasistencias injustificadas. El perjuicio se cifró en $2.585.622.
Fue condenada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 UTM por el delito reiterado ligado a certificados falsos, más 541 días de presidio menor en su grado medio y otra multa de 6 UTM por obtención fraudulenta de remuneraciones.
Se decretó además la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las penas. El cumplimiento fue sustituido por remisión condicional, quedando bajo vigilancia de Gendarmería por el mismo lapso. Las multas —12 UTM en total— se dieron por cumplidas por conversión e imputación de días de privación de libertad.
Violencia familiar
En paralelo, Loiza figura como víctima en una causa aún pendiente en el Juzgado de Garantía de Graneros. El Ministerio Público presentó un requerimiento simplificado contra su hermano, Carlos Cristian Loiza Galaz, por una agresión en el domicilio que compartían en la población Rafael Carvallo.
Según la Fiscalía, cerca de las 15:00 del 3 de enero de 2026 discutieron y el imputado se habría abalanzado contra su hermana, propinándole “dos cachetadas en el rostro”.
Fue atendida en el Hospital de Graneros, donde se diagnosticó una lesión clínicamente leve: “eritema en la zona cigomática derecha”.
Pese a la levedad clínica, la Fiscalía calificó los hechos como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y acusó al hermano como autor consumado, con agravante por reincidencia en delito similar.
Entre las pruebas están el parte de Carabineros, declaraciones policiales y de la víctima, y el registro de urgencia del hospital.
La Fiscalía solicitó 540 días de presidio menor en su grado mínimo, costas y prohibición de acercarse a su hermana por un año. La audiencia de juicio simplificado, fijada para el 17 de junio, se reprogramó por una inconsistencia administrativa para el 27 de agosto a las 11:30.
“Por decisión propia”
Ese quiebre familiar y su salida del Concejo Municipal de Graneros habrían influido en su traslado a la región Metropolitana. Antes de desaparecer trabajó en una hamburguesería de La Florida y pernoctaba en casa de una amiga en Ñuñoa.
Quienes perfilaron su caso sostienen que esos mismos factores explicarían su falta de interés en volver a la región de O’Higgins.
Cuando fue ubicada, rechazó ir a un cuartel. El fiscal instruyó que la diligencia se hiciera en el lugar, en Huérfanos con Bandera.
Allí reafirmó que no quería dejar la calle ni retomar vínculos. “Me encuentro en situación de calle por decisión propia”, dijo, negándose también a ser llevada a un centro asistencial o a comunicarse con su familia.
“Prefiero no dar más detalles y no contactar a mi familia”, añadió.
También recordó a los policías que no había orden judicial para trasladarla: “Como no tengo una orden de detención, no me pueden trasladar de manera obligada”, insistiendo en su decisión de permanecer en la calle.
PDI explica caso
El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, detalló que la reconstrucción estableció que la exconcejala salió voluntariamente del departamento en Ñuñoa el 5 de agosto. Lo hizo bajo los efectos del alcohol y las drogas, caminando sola, sin indicios de terceras personas.
Para dirigir la búsqueda, la PDI analizó declaraciones de cercanos, cámaras y otros antecedentes, lo que permitió “establecer una cronología de sus acciones al momento de la desaparición” y concentrar el rastreo en sectores de Santiago Centro.
La labor se coordinó con la Brigada de Ubicación de Personas. Con distintos testimonios, los detectives confirmaron que Loiza fue vista en días posteriores junto a personas en situación de calle. Con esos datos, el 17 de agosto se desplegó un rastreo exhaustivo por el centro que culminó con su hallazgo.
Respecto del trasfondo, Reyes indicó que, “producto de la adicción a las drogas y el consumo de alcohol, no quería tener problemas con sus amistades ni familiares”, por lo que “prefería vivir en la calle de forma libre, evitando dar explicaciones o conflictos con los demás”.
