El senador Matías Walker (IND-Evópoli) instó al Ejecutivo a retirar el proyecto de reforma constitucional en seguridad, señalando que la propuesta ha recibido críticas transversales y que, antes de continuar su tramitación, La Moneda debiera realizar un trabajo prelegislativo para buscar acuerdos.
Afirmó que combatir el crimen organizado exige herramientas eficaces, pero cuestionó que estas se incorporen directamente en la Constitución sin un respaldo amplio.
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Viernes 14 Agosto, 2026 | 20:47
“Tras las críticas transversales que ha suscitado esta reforma constitucional, lo más prudente es que el gobierno retire el proyecto, realice un trabajo prelegislativo y acordemos cambios que conciten consenso y sean realmente eficaces para perseguir al crimen organizado”, planteó Walker.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos de alterar la Constitución sin un amplio entendimiento político, subrayando las implicancias que podría tener la aplicación de estas facultades por parte de futuras administraciones.
“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución exige un gran consenso, porque en manos de un mal gobierno esta herramienta puede quebrantar el orden democrático”, añadió.
Cabe recordar que Walker ya había objetado públicamente aspectos del texto. La semana pasada sostuvo un cruce con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, por una disposición del borrador que proponía inhabilitar a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos.
La controvertida reforma de seguridad
La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El proyecto busca sumar instrumentos para enfrentar a las organizaciones criminales, como un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, regímenes penitenciarios diferenciados, un registro de organizaciones criminales y terroristas y mayores atribuciones para incautar y disponer de bienes vinculados a dichas actividades.
Uno de los ejes más polémicos es precisamente el nuevo Estado de Excepción, que permitiría al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado. La propuesta ha generado reparos por el alcance de las facultades presidenciales y por las posibles restricciones a ciertos derechos y libertades.
Las críticas no se han circunscrito a la oposición. La discusión sobre limitar prestaciones sociales a condenados por crimen organizado también provocó objeciones dentro del oficialismo y abrió un debate sobre los márgenes de la reforma y su eventual impacto en derechos fundamentales.
