El senador Matías Walker (Demócratas) instó al gobierno a retirar el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, sosteniendo que la propuesta ha recibido cuestionamientos transversales y que, antes de continuar su tramitación, La Moneda debería realizar un trabajo prelegislativo para construir acuerdos.
Afirmó que combatir el crimen organizado exige herramientas efectivas, pero cuestionó que se pretendan incorporar directamente en la Constitución sin un respaldo amplio.
«Locura»: Walker frena en seco a Arrau y afirma que reforma de seguridad «sí tiene que ver con salud»
Viernes 14 Agosto, 2026 | 20:47
“Tras la crítica transversal a la reforma constitucional, lo más prudente es que el gobierno retire el proyecto, desarrolle un trabajo prelegislativo y acordemos cambios que conciten consenso y resulten eficaces para perseguir el crimen organizado”, planteó el legislador.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos de alterar la Carta Fundamental sin un entendimiento político amplio, apuntando al eventual uso de estas facultades por futuras administraciones.
“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución exige un gran consenso, porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede terminar vulnerando el orden democrático”, agregó.
Cabe recordar que Walker ya había objetado públicamente aspectos del texto. La semana pasada sostuvo un cruce con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, a propósito de una norma del borrador que contemplaba inhabilitar a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales.
La controvertida reforma de seguridad
La reforma constitucional se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) promovida por el gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa pretende sumar herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, entre ellas un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, regímenes penitenciarios diferenciados, un registro de organizaciones criminales y terroristas, y mayores atribuciones para incautar y disponer de bienes vinculados a estas actividades.
Uno de los puntos más discutidos es justamente el nuevo Estado de Excepción, que habilitaría al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias en territorios gravemente afectados por el accionar de organizaciones criminales. La propuesta ha generado reparos por la amplitud de las facultades presidenciales y por las eventuales restricciones que podría imponer a ciertos derechos y libertades.
Las críticas no han provenido solo de la oposición. La disposición que limita prestaciones sociales a condenados por crimen organizado también provocó tensiones en el oficialismo y abrió un debate sobre los alcances de la reforma y su posible impacto en derechos fundamentales.
