Un conjunto de organizaciones civiles solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida explicaciones al Estado de Chile por cambios normativos que permiten levantar data centers sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Según la carta presentada este jueves, durante el gobierno de Gabriel Boric se modificaron las reglas aplicables a los data centers. Así, un proyecto emblemático que Google había descartado —el data center de Cerrillos— volvió a tomar impulso, ya que con la nueva regulación no requeriría pasar por el SEIA:
—En síntesis, un proyecto de US$ 200 millones, cuya aprobación ambiental fue anulada parcialmente en 2024 por no demostrar ausencia de impactos significativos sobre un acuífero y por omitir el cambio climático, puede hoy ejecutarse sin evaluación ambiental, sin participación de la comunidad que litigó el caso y sin revisión estatal de agua, energía, aire o impactos socioambientales acumulativos sobre la vida y el territorio —plantea el documento.
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1.000 toneladas
La presentación fue suscrita por Acción Cívica, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), el Centro para el Acceso a la Justicia e Inclusión de la Universidad Anglia Ruskin, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia y el abogado ambientalista Gonzalo Sánchez Sandoval. Se ampara en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que faculta a la CIDH a requerir información a los Estados.
El escrito cuestiona una medida clave del gobierno de Gabriel Boric que habilitó el desarrollo de data centers sin pasar por el SEIA: el Decreto Supremo 17/2025 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 21 de enero de 2026.
La norma modificó dos criterios que obligaban a los data centers a ingresar al SEIA: el almacenamiento de combustibles y el trazado eléctrico.
Antes, bastaba acumular más de 80 toneladas de diésel y superar los 23 kV en el tendido para que un proyecto ingresara a evaluación. Desde enero, el umbral de combustible subió a 1.000 toneladas (12,5 veces más):
—Los umbrales de producción, disposición o reutilización quedaron intactos, mientras que los cuatro límites de capacidad de almacenamiento se multiplicaron entre doce y ochenta y tres veces. Los centros de datos no producen, disponen ni reutilizan combustible; sólo lo almacenan para generadores de respaldo. El único parámetro que los hacía ingresar al SEIA en Chile fue, justamente, el alterado por vía reglamentaria —alega la carta.
Respecto del tendido eléctrico, además de exceder 23 kV ahora debe tener más de 2 kilómetros de longitud. Por ello, varios proyectos se emplazan cerca de subestaciones, como el de Google en Cerrillos, a cargo de su filial Dataluna Ltda.
Un simple aviso
Tras una declaración de impacto ambiental en 2019, Google obtuvo autorización para su proyecto en Cerrillos en febrero de 2020. Sin embargo, el consumo de agua encendió alertas vecinales: el plan original pretendía extraer 169 litros por segundo del Acuífero Santiago Central. Vecinos y el municipio reclamaron ante el Segundo Tribunal Ambiental.
La empresa propuso un ajuste con enfriamiento por condensación de aire e ingresó una consulta de pertinencia al SEA, que resolvió que el cambio no debía evaluarse ambientalmente. En ese período, el municipio y trece vecinos desistieron de sus reclamaciones, manteniéndose sólo una vecina como parte activa.
En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la resolución de calificación ambiental y ordenó rehacer la evaluación incorporando los efectos del cambio climático sobre el agua. En septiembre, Google informó que no continuaría con el diseño original.
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Eso cambió en junio de este año. Con las nuevas reglas, el proyecto no debe ingresar al SEIA; basta con presentar una consulta de pertinencia para confirmar la exención.
La carta enfatiza que, aunque el propio Segundo Tribunal Ambiental había considerado insuficiente la consulta de pertinencia para el proyecto original, ahora sería el único trámite exigido:
—El mismo titular, en el mismo predio y por el mismo monto, presentó una consulta de pertinencia […] que se resuelve solo con los antecedentes que él entrega, sin contemplar participación, se notifica únicamente al titular y respecto de la cual ningún tercero tiene legitimación para reclamar —se critica.
Desde México
El debate por el consumo de recursos de los data centers está en el centro de la discusión sobre inteligencia artificial. Esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que su país se convierta en un gran soporte de esta tecnología:
—No necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo, porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua —dijo, según La Jornada.
La mandataria añadió que, aunque atraen inversión, estos proyectos generan “muy poco empleo y mucho consumo de recursos naturales”.
El 3 de agosto, la CIDH realizó en Washington D.C. una audiencia temática regional sobre el desarrollo de data centers. Participaron firmantes de la carta, como Camilo Sánchez León, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia.
—El desafío es democrático: la capacidad estatal para regular, auditar y supervisar estos sistemas y sus infraestructuras físicas es sistemáticamente menor que la capacidad técnica, financiera y jurídica de quienes los desarrollan y operan —afirmó.
También intervino Karinna Fernández, de Acción Cívica, quien sostuvo que no se oponen a los desarrollos tecnológicos ni a la inteligencia artificial como tales, sino a que su expansión “no sea inteligente ni sea artificial y utilice los recursos naturales”.
En sus solicitudes concretas, la carta pide a la CIDH requerir al Estado los fundamentos técnicos del cambio reglamentario del Decreto Supremo 17/2025.
Además, solicita remitir la “nómina completa de consultas de pertinencia referidas a centros de datos presentadas ante el SEA desde el 21 de enero de 2026 a la fecha”, detallar vías efectivas de impugnación de proyectos ante las modificaciones y explicar cómo se compatibiliza la exención de responsabilidad penal empresarial con obligaciones internacionales por daños ambientales.
También demanda información específica sobre el proyecto en Cerrillos y la existencia de eventuales subsidios vinculados a esa iniciativa o a la industria.
Finalmente, pide incorporar estos antecedentes en el informe anual de la CIDH y recomendar al Estado de Chile restablecer la evaluación ambiental obligatoria para este tipo de proyectos.
