Arrau dispuesto a dialogar ajustes a la reforma de seguridad y lanza críticas a opinólogos que la cuestionan

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este lunes la reforma constitucional en seguridad promovida por el Gobierno y afirmó que existe apertura para introducir cambios a fin de lograr acuerdos en el Congreso.

La propuesta incluye, entre otros puntos, un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y herramientas especiales para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo. Sus alcances han generado reparos en sectores del oficialismo, especialmente por las facultades que recaerían en el Presidente de la República y la extensión de algunas medidas.

En ese marco, Arrau señaló que el Ejecutivo está disponible para ajustar el proyecto, aunque remarcó que la meta principal es entregar al Estado nuevas capacidades para combatir el crimen organizado.

“Nosotros somos totalmente prácticos, pragmáticos en esto y lo que nos interesa de lo que se presentó en esta reforma es uno, declarar como deber del Estado la seguridad pública”, dijo.

Como segundo eje, planteó la necesidad de un mecanismo más eficaz para perseguir el crimen organizado y el terrorismo. En esa línea, respaldó la elaboración de un listado de organizaciones que permita aplicar un régimen penitenciario más estricto a sus integrantes.

Detalló que se busca impedir que las decisiones de Gendarmería sobre la separación de las personas privadas de libertad, según su peligrosidad, sean revertidas mediante recursos que dificulten su implementación.

El tercer componente, añadió, es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública con atribuciones adicionales para abordar el crimen organizado y el terrorismo.

“Somos prácticos sobre plazos que se han criticado, por supuesto que somos flexibles sobre métodos que se han criticado totalmente. Todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”, afirmó.

Arrau defendió en particular el plazo de 120 días previsto en el proyecto, argumentando que existen otras figuras constitucionales y legales con duraciones iguales o mayores.

Recordó que el Congreso ha aprobado renovaciones de 90 días para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y que el ordenamiento contempla estados de excepción y otras herramientas con plazos más amplios.

“Lo que aquí se ha planteado es una fórmula que puede ser modificada, nuestro fin y lo que hemos propuesto no se basa en un plazo, se basa en el mecanismo”, subrayó.

Por lo mismo, señaló que si el Parlamento estima necesario fijar controles más frecuentes, el Gobierno está disponible para incorporarlos.

Arrau responde a críticas por eventual carácter “autoritario” de la reforma

Frente a las voces que tildan la iniciativa de “autoritaria” o contraria a las libertades, el ministro apuntó a quienes, a su juicio, opinan sin considerar la situación que viven algunos barrios.

“Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo mucho opinólogo la semana pasada, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí”, expresó.

En esa línea, preguntó si los residentes de ciertas zonas pueden desplazarse sin restricciones, trabajar con normalidad o si deben enfrentar cobros y extorsiones de bandas criminales.

“Pareciera que hablamos de un país ideal muchas veces cuando se critican estas reformas, pero se desconoce la realidad”, cuestionó.

Arrau afirmó que Chile enfrenta un panorama semejante al de otros países de la región, donde el crimen organizado ha logrado tomar control de territorios y busca infiltrarse y corromper instituciones del Estado.

Sostuvo que varias de las herramientas propuestas tienen paralelos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India y Canadá.

“Hay que salir un poco de la crítica rápida, del cálculo político”, dijo, aunque recalcó que el Gobierno valora las objeciones que ayuden a perfeccionar el texto.

El ministro agregó que la reforma no tendrá prioridad inmediata en la agenda legislativa, ya que el Ejecutivo busca avanzar antes en otros proyectos considerados más urgentes.

Entre ellos mencionó la regulación del uso de la fuerza, infraestructura crítica, mejoras para Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de la Ley Orgánica de Gendarmería.

“Estas son nuevas herramientas, adicionales a lo existente, perfectibles, que debemos discutir, pero basadas en la realidad de los barrios, villas, poblaciones y zonas rurales donde no se puede transitar de noche por miedo”, concluyó.