El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional en materia de seguridad promovida por el Gobierno y afirmó que existe apertura para ajustar aspectos del proyecto con el fin de facilitar acuerdos en el Congreso.
La propuesta incluye, entre otros puntos, un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y herramientas especiales para enfrentar a organizaciones criminales y el terrorismo. Sus alcances han generado reparos desde sectores oficialistas, especialmente por las atribuciones que recaerían en el Presidente de la República y la extensión de ciertas medidas.
En ese marco, Arrau señaló que el Ejecutivo está dispuesto a introducir cambios, pero subrayó que la prioridad es dotar al Estado de instrumentos eficaces contra el crimen organizado.
“Nosotros somos totalmente prácticos, pragmáticos en esto y lo que nos interesa de lo que se presentó en esta reforma es uno, declarar como deber del Estado la seguridad pública”, afirmó.
Como segundo eje, planteó la urgencia de contar con un mecanismo más efectivo para perseguir al crimen organizado y el terrorismo, y respaldó la creación de un registro de organizaciones que permita aplicar un régimen penitenciario más estricto a sus integrantes.
Detalló que se busca impedir que las decisiones de Gendarmería sobre la segregación de personas privadas de libertad, según su peligrosidad, queden trabadas por recursos que dificulten su implementación.
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El tercer componente, añadió, es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, con atribuciones adicionales para abordar el crimen organizado y el terrorismo.
“Somos prácticos sobre plazos que se han criticado, por supuesto que somos flexibles sobre métodos que se han criticado totalmente. Todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”, indicó.
Arrau defendió particularmente el plazo de 120 días previsto en el texto, recordando que existen mecanismos constitucionales y legales con duraciones iguales o mayores.
Señaló que el Congreso ha aprobado prórrogas de 90 días para la participación de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y que el ordenamiento contempla estados de excepción y otras figuras con plazos más amplios.
“Lo que aquí se ha planteado es una fórmula que puede ser modificada, nuestro fin y lo que hemos propuesto no se basa en un plazo, se basa en el mecanismo”, remarcó.
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Por ello, sostuvo que, si el Parlamento estima necesario establecer controles más frecuentes, el Ejecutivo está disponible para incorporarlos.
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Ante quienes tildan la propuesta de “autoritaria” o lesiva de libertades, el ministro apuntó a que se evalúe considerando la situación que viven ciertos barrios.
“Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo mucho opinólogo la semana pasada, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí”, planteó.
En esa línea, preguntó si los residentes de algunas zonas pueden moverse sin restricciones, trabajar con normalidad o si se ven forzados a enfrentar cobros y extorsiones de bandas criminales.
“Pareciera que hablamos de un país ideal muchas veces cuando se critican estas reformas, pero se desconoce la realidad”, cuestionó.
Arrau advirtió que el país enfrenta un fenómeno comparable al de otros lugares de Latinoamérica, donde el crimen organizado controla territorios e intenta infiltrar y corromper instituciones públicas.
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En ese marco, defendió que varias de las herramientas propuestas tienen paralelos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India y Canadá.
“Hay que salir un poco de la crítica rápida, del cálculo político”, expresó, aunque destacó que el Gobierno valora los aportes que ayuden a perfeccionar la iniciativa.
El ministro agregó que la reforma no tendrá tramitación prioritaria inmediata, pues el Ejecutivo privilegiará otros proyectos considerados más urgentes.
Entre ellos mencionó la normativa sobre uso de la fuerza, infraestructura crítica, el fortalecimiento de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, además de la Ley Orgánica de Gendarmería.
“Estas son nuevas herramientas, que son herramientas adicionales a lo que ya tenemos, perfectibles, que tenemos que discutir, pero basadas en la realidad que se vive en los barrios, villas, poblaciones y zonas rurales donde no se puede transitar de noche por miedo”, cerró.
