El fenómeno del crimen organizado ya no se restringe al narcotráfico, el contrabando ni a hechos de violencia. Estas agrupaciones han evolucionado hacia estructuras más complejas y con proyección transnacional, lo que incrementa el riesgo de que procuren infiltrarse en instituciones y actividades económicas a escala local.
La alerta fue formulada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su participación en el seminario “Crimen Organizado y Contrabando”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).
En esa ocasión, el persecutor del norte analizó los nuevos desafíos que enfrenta el Estado ante organizaciones capaces de coordinarse más allá de las fronteras y que, además de recurrir a la violencia, pueden valerse de la corrupción como herramienta para lograr sus fines.
De acuerdo con Castro Bekios, estas estructuras deben entenderse como redes modulares y transnacionales, con reparto de funciones, logística, financiamiento y anclajes territoriales.
“La banda actúa en lo local; la red que la provee opera a escala internacional”, fue una de las ideas expuestas por el fiscal para ilustrar cómo las organizaciones criminales pueden operar territorialmente siendo parte de redes de alcance mucho mayor.
Municipios, objetivo del crimen organizado
Uno de los principales ejes de la presentación se centró precisamente en los gobiernos locales y el riesgo de corrupción o de captura institucional.
Castro Bekios advirtió que el soborno puede convertirse para estas organizaciones en una herramienta tan relevante como la violencia, al permitirles alterar reglas, facilitar operaciones ilícitas y acceder a espacios de decisión.
“En este escenario, las municipalidades cobran especial relevancia, dado que constituyen uno de los primeros nexos entre el Estado y la ciudadanía y gestionan recursos, permisos, patentes, concesiones y servicios que pueden resultar de interés para organizaciones criminales”, manifestó.
De esta manera, los municipios aparecen simultáneamente como un blanco de las organizaciones criminales y como una primera barrera de contención frente a su avance.
Entre los principales vectores de riesgo señalados durante la exposición se encuentran las compras públicas, las concesiones estratégicas y diversas actividades vinculadas a economías ilícitas fronterizas, como la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos en el ámbito local.
El fiscal planteó que, frente a este escenario, resulta necesario robustecer las capacidades de los municipios para detectar tempranamente operaciones irregulares y mejorar la coordinación con los organismos encargados de la fiscalización y la persecución penal.
Inteligencia de datos y control de adquisiciones
Entre las medidas propuestas se encuentra la incorporación de inteligencia de datos a los procesos de fiscalización, con el objetivo de identificar patrones que puedan revelar operaciones sospechosas.
En esa línea, Castro Bekios apuntó a la necesidad de pesquisar eventuales fraccionamientos de compras y sobreprecios, además de establecer mecanismos de monitoreo sobre concesiones, obras y servicios municipales.
También planteó promover el uso del canal de denuncias de la Contraloría establecido por la Ley 21.592 como una herramienta para detectar eventuales irregularidades.
La preocupación no se limita, sin embargo, a casos puntuales de corrupción. La exposición también abordó los distintos niveles que puede alcanzar la captura del Estado.
Estos pueden ir desde prácticas de menor intensidad, como favores o conductas que terminan normalizando la ilegalidad dentro de una institución, hasta escenarios más graves, donde funcionarios o agentes legales son sobornados para modificar reglas o decisiones en beneficio económico de organizaciones criminales.
“En un nivel superior, la captura puede involucrar intimidación y coacción, con objetivos que trascienden lo estrictamente penal y buscan afectar el ámbito político y social, llegando incluso a comprometer instituciones encargadas de la persecución y administración de justicia”, sostuvo Castro Bekios.
Con todo, el fiscal regional recalcó que Chile aún no alcanza los niveles de infiltración institucional registrados en otros países. “Afortunadamente, no hemos llegado a esos niveles de penetración que se han observado en otros países”, concluyó.
