El gobierno de Keiko Fujimori Higuchi cumple su primer mes en el Perú, aún sin evidenciar transformaciones profundas frente a administraciones previas. El ámbito más ilustrativo es la seguridad ciudadana: los homicidios siguen en niveles muy elevados, pese a la expectativa que generó entre la ciudadanía su promesa de “mano dura” durante la campaña.
En esta nota conversamos con especialistas peruanos sobre los 30 días iniciales de la gestión de Fujimori y revisamos factores que delinean panoramas distintos en Perú y Chile respecto del combate a la inseguridad, un desafío urgente en ambos países.
En campaña
Fujimori Higuchi llegó con la consigna de “recuperar el orden” y “poner mano dura contra el crimen”, tal como afirmó en el debate presidencial de marzo, previo a la primera vuelta. Para el balotaje usó expresiones como “le declaro la guerra a los extorsionadores” y “le declaro la guerra a los sicarios”.
En el Perú, la extorsión contra empresas, sus dueños y trabajadores —en especial en el transporte— figura entre los delitos que requieren atención prioritaria. Con frecuencia, estas amenazas derivan en asesinatos.
Fujimori no solo prometió enfrentar con firmeza al crimen, sino empezar a hacerlo desde su llegada a Palacio. “Te matan por un celular, ponen granadas en los colegios, ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza”, aseguró en el debate de segunda vuelta.
En el gobierno
Transcurridas las primeras cuatro semanas, los homicidios se mantienen en registros históricamente altos. Del 28 de julio, día del cambio de mando, al 24 de agosto se han reportado 151 asesinatos en el país, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cifras difundidas por el analista de datos Juan Carbajal en X. Lima y Callao concentran la mayor cantidad, con 48 y 18, respectivamente.
Días antes, el especialista, citado por medios locales, indicó que el promedio se mantenía en seis homicidios por día, una tendencia en alza desde las gestiones de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.
Entre las primeras acciones del gobierno de Fujimori en seguridad estuvo la activación del Plan Escudo, que contempla presencia de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en los paraderos iniciales de empresas de transporte, uno de los rubros más golpeados por las extorsiones. La iniciativa ha recibido críticas porque ya fue aplicada antes sin resultados.
“Este primer mes lo que muestra es un fracaso muy notorio de las estrategias que han optado (en el gobierno). No han conseguido sus objetivos”, afirmó Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior peruano, a BioBioChile.
Por su lado, Rubén Vargas Céspedes, abogado y también exministro del Interior, tildó al Plan Escudo de “disparate”. “El gobierno de la señora Fujimori hasta este momento es básicamente la continuación de los yerros y desaciertos del gobierno de Dina Boluarte y de José Jerí, los gobiernos de transición. Es una continuidad de ese rosario de errores”, dijo a BioBioChile.
Vargas admite que, en teoría, podría ser temprano para una evaluación completa, pero advierte que las medidas iniciales ya se habían aplicado sin éxito. “Entonces, para saber cuál es el resultado final de eso, no necesitamos que pasen 100 días, porque ya fracasaron. Esa es la tragedia”, señaló.
Basombrío estimó que un horizonte razonable para ver algún efecto del trabajo gubernamental sería de seis meses, aunque recordó que la ciudadanía exige resultados rápidos “porque ellos (en campaña) ofrecieron resultados en poco tiempo”.
La Policía Nacional en Perú y Chile
Un aspecto clave en la lucha contra la inseguridad es el fortalecimiento de la Policía Nacional. Sin embargo, en el Perú la institución arrastra una imagen deteriorada por denuncias de corrupción y malas prácticas, entre otros factores.
Una encuesta de la empresa CPI, publicada por RPP en marzo, mostró que el 57% de los entrevistados consideraba a la Policía peruana “poco eficiente” y un 32% “nada eficiente”. Solo el 9,3% la calificó como eficiente.
El año pasado, un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que midió la confianza en la Policía entre enero y junio de 2025, reveló que apenas el 14,2% confiaba en la institución y el 83,3% no lo hacía, según publicó el diario La República.
Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, ha sido blanco de críticas desde la oposición por los magros resultados de su gestión. Pese a las solicitudes para removerlo, el Ejecutivo respondió que una norma aprobada por el Congreso previo (Ley 31570) impide su destitución antes de cumplir dos años en el cargo.
En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros figuran entre las instituciones que despiertan mayor confianza ciudadana, con un 63% y 58%, respectivamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública N.º 96, realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y divulgada en junio.
Aunque las policías de ambos países reciben cuestionamientos, la peruana cuenta con menor respaldo social y padece carencias logísticas históricas. En ese marco, varios especialistas proponen una reforma policial, un asunto que el gobierno de Fujimori aún no ha abordado.
“(La reforma policial) es una de las acciones necesarias que tiene que realizarse si quieres enfrentar de manera sostenida al crimen organizado (…) Hasta este momento (en el gobierno) no he escuchado una sola palabra de lucha anticorrupción o de reforma policial”, apuntó Rubén Vargas.
Tanto en Chile como en Perú, los gobiernos expresan apoyo a sus policías, aunque con matices. La administración de Kast busca robustecer a Carabineros como parte de su reforma, mientras que en Perú, en julio, el fujimorismo impulsó desde su bancada una controvertida ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria.
Las Fuerzas Armadas de Perú y Chile
En seguridad ciudadana, el Ejecutivo peruano apuesta por incrementar la presencia de militares en las calles, es decir, sumar a las Fuerzas Armadas a tareas de control. Diversos expertos cuestionan la medida, pues los militares no están formados para esas funciones.
El gobierno de Keiko Fujimori nombró como ministro del Interior a César Astudillo, militar en retiro y excomandante del Ejército. Esta decisión “le hace mucho daño a la policía porque se siente desplazada, dominada por las Fuerzas Armadas, que le quita sus funciones”, opinó Carlos Basombrío.
El exministro agregó que recurrir a militares en lugar de policías plantea un problema de idoneidad, ya que enfrentar a las bandas criminales exige, sobre todo, capacidades de investigación.
“Para empezar no hay tantos militares como ellos creen. Se han formado una imagen de que los militares son ilimitados. Nada más poniendo un soldado en un ómnibus en tres turnos triplicaría el número de soldados del Ejército. Eso es imposible”, explicó.
“Si tu problema es la criminalidad organizada que avanza y actúa de manera subterránea no vas a poder enfrentarla con tanquetas o con fuerzas especiales por más capacitadas que estén las Fuerzas Armadas. Su escenario de combate es otro. Lo que necesitamos son agentes de inteligencia que la Policía los tiene, pero necesitamos que se les dé el presupuesto”, sostuvo Vargas.
La discusión sobre militarizar las calles frente a la inseguridad también está presente en Perú y Chile, aunque con enfoques distintos. En el caso chileno, el gobierno no ha optado por esa ruta pese a ciertas solicitudes para avanzar en ella.
Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, señaló que la administración de José Antonio Kast mantiene una postura reticente a utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interna, en parte porque los propios militares no lo respaldan.
“Los militares se han opuesto muy tenazmente, lo han manifestado por distintas vías e incluso institucionales que ellos no quieren verse involucrados en temas de seguridad pública y de hecho el involucramiento que tienen hoy día por algunos estados de excepción constitucional que existen en la frontera norte y en el sur para ellos no es un no es muy grato y ellos invocan buenas razones”, expresó.
Hasta el otro año
Finalmente, mientras en Chile el gobierno de Kast propone una reforma constitucional para enfrentar al crimen organizado, en Perú la presidenta Keiko Fujimori, además de seguir con el mencionado Plan Escudo, indicó esta semana que recién en 2027 podrían percibirse algunos resultados de su administración.
