El gobierno de Keiko Fujimori Higuchi cumple su primer mes en el Perú sin evidenciar virajes profundos respecto de administraciones previas. El ejemplo más evidente es la seguridad ciudadana: los homicidios siguen en niveles muy altos, pese a las expectativas que generó entre la población la promesa de “mano dura” hecha por la presidenta durante la campaña.
En este reportaje conversamos con especialistas peruanos sobre los primeros 30 días de la gestión de Fujimori y revisamos factores que trazan panoramas distintos en Perú y Chile frente a la delincuencia, una urgencia para ambos países.
En campaña
Fujimori Higuchi llegó al poder con el llamado a “recuperar el orden” y “poner mano dura contra el crimen”, como afirmó en el debate presidencial de marzo, antes de la primera vuelta. De cara al balotaje, reiteró consignas como “le declaro la guerra a los extorsionadores” y “le declaro la guerra a los sicarios”.
En el Perú, uno de los delitos que exige atención prioritaria es la extorsión a empresas, dueños y trabajadores, con especial impacto en el transporte. Con frecuencia, estas amenazas derivan en asesinatos.
Fujimori no solo prometió enfrentar el crimen con firmeza, sino hacerlo desde el primer día en Palacio. “Te matan por un celular, ponen granadas en los colegios, ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza”, aseguró en el debate de segunda vuelta.
En el gobierno
Transcurridas cuatro semanas, las tasas de homicidio siguen en rangos históricamente altos. Entre el 28 de julio, fecha de la asunción, y el 24 de agosto se han contabilizado 151 homicidios en el país, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cifras difundidas por el analista de datos Juan Carbajal en X. Lima y Callao registran la mayor cantidad de casos, con 48 y 18, respectivamente.
Días antes, el especialista peruano, citado por medios locales, señaló que el promedio se mantenía en seis homicidios por día, un nivel que viene en alza desde los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.
Entre las primeras acciones del Ejecutivo de Fujimori en seguridad está la activación del Plan Escudo, que dispone vigilancia de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en los paraderos iniciales del transporte público, uno de los rubros más golpeados por las extorsiones. La medida ha recibido críticas por haber sido aplicada en gestiones previas sin resultados.
“Este primer mes lo que muestra es un fracaso muy notorio de las estrategias que han optado (en el gobierno). No han conseguido sus objetivos”, dijo Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior peruano, en declaraciones a BioBioChile.
Por su parte, Rubén Vargas Céspedes, abogado y también exministro del Interior, calificó el Plan Escudo como un “disparate”. “El gobierno de la señora Fujimori hasta este momento es básicamente la continuación de los yerros y desaciertos del gobierno de Dina Boluarte y de José Jerí, los gobiernos de transición. Es una continuidad de ese rosario de errores”, señaló en entrevista con BioBioChile.
Vargas admite que, en teoría, podría ser temprano para un balance. No obstante, advierte que las primeras medidas ya fueron intentadas antes, sin éxito. “Entonces, para saber cuál es el resultado final de eso, no necesitamos que pasen 100 días, porque ya fracasaron. Esa es la tragedia”, dijo.
Basombrío estimó que un horizonte razonable para ver algún efecto del trabajo gubernamental podría ser de seis meses, aunque recordó que la ciudadanía exige avances rápidos “porque ellos (en campaña) ofrecieron resultados en poco tiempo”.
La Policía Nacional en Perú y Chile
Un aspecto central en la lucha contra la inseguridad es el fortalecimiento de la Policía Nacional. Sin embargo, en el Perú la institución arrastra una baja valoración pública por, entre otras razones, denuncias de corrupción y malas prácticas.
Una encuesta de la empresa CPI, difundida por el medio peruano RPP en marzo, mostró que el 57% de los consultados consideraba a la Policía peruana “poco eficiente”, mientras el 32% la calificó como “nada eficiente”. Apenas un 9,3% la evaluó como eficiente.
El año pasado, un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que midió la confianza en la Policía entre enero y junio de 2025, reveló que solo el 14,2% confiaba en la institución, frente a un 83,3% que no lo hacía, según publicó el diario La República.
Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, ha sido blanco de críticas desde la oposición por los magros resultados de su gestión. Pese a los pedidos de destitución, el gobierno argumentó que una norma aprobada por el Congreso anterior (Ley 31570) impide removerlo antes de cumplir dos años en el cargo.
En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros figuran entre las instituciones con mayor confianza ciudadana, con 63% y 58%, respectivamente, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública N.º 96, realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y publicada en junio de este año.
Aunque en ambos países las policías no están exentas de cuestionamientos, la peruana cuenta con menor respaldo ciudadano y enfrenta rezagos históricos en equipamiento. En ese marco, varios especialistas proponen una reforma policial, un asunto que el gobierno de Fujimori aún no ha abordado.
“(La reforma policial) es una de las acciones necesarias que tiene que realizarse si quieres enfrentar de manera sostenida al crimen organizado (…) Hasta este momento (en el gobierno) no he escuchado una sola palabra de lucha anticorrupción o de reforma policial”, comentó Rubén Vargas.
Tanto en Chile como en Perú, los gobiernos expresan apoyo a sus policías, aunque con matices. La administración de Kast busca robustecer a Carabineros como parte de su agenda de reformas, mientras que en Perú, en julio, el fujimorismo impulsó desde su bancada en el Congreso una controvertida ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria.
Las Fuerzas Armadas de Perú y Chile
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Ejecutivo peruano ha optado por incrementar la presencia militar en las calles, es decir, desplegar personal de las Fuerzas Armadas en labores de control. Esta decisión ha sido cuestionada por expertos, dado que los militares no están formados para esas funciones.
La administración de Keiko Fujimori nombró como ministro del Interior a César Astudillo, militar en retiro y excomandante del Ejército. Esta designación “le hace mucho daño a la policía porque se siente desplazada, dominada por las Fuerzas Armadas, que le quita sus funciones”, opinó Carlos Basombrío.
El exministro añadió que recurrir a militares en lugar de policías plantea un problema de idoneidad, ya que el combate a las bandas requiere principalmente labores de investigación.
“Para empezar no hay tantos militares como ellos creen. Se han formado una imagen de que los militares son ilimitados. Nada más poniendo un soldado en un ómnibus en tres turnos triplicaría el número de soldados del Ejército. Eso es imposible”, explicó.
“Si tu problema es la criminalidad organizada que avanza y actúa de manera subterránea no vas a poder enfrentarla con tanquetas o con fuerzas especiales por más capacitadas que estén las Fuerzas Armadas. Su escenario de combate es otro. Lo que necesitamos son agentes de inteligencia que la Policía los tiene, pero necesitamos que se les dé el presupuesto”, dijo Vargas.
La discusión sobre militarizar las calles ante la delincuencia también se da en Perú y Chile, aunque con respuestas diferentes. En el caso chileno, el gobierno no ha optado por esta vía pese a algunas demandas en ese sentido.
Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, indicó que la administración de José Antonio Kast mantiene reticencia a usar a las Fuerzas Armadas en seguridad interna, en parte porque los propios militares no lo comparten.
“Los militares se han opuesto muy tenazmente, lo han manifestado por distintas vías e incluso institucionales que ellos no quieren verse involucrados en temas de seguridad pública y de hecho el involucramiento que tienen hoy día por algunos estados de excepción constitucional que existen en la frontera norte y en el sur para ellos no es un no es muy grato y ellos invocan buenas razones”, expresó.
Hasta el otro año
Finalmente, mientras en Chile el gobierno de Kast ha planteado una reforma constitucional para enfrentar al crimen organizado, en Perú la presidenta Keiko Fujimori, además de continuar con el mencionado Plan Escudo, afirmó esta semana que recién en 2027 podrían empezar a observarse algunos resultados de su administración.
