El Fondo Nacional de Salud (FONASA) ingresó una querella por supuesto delito de fraude de subvenciones contra cinco prestadores de salud, a quienes imputa un daño de alrededor de $8.000 millones por la emisión de bonos de consultas y exámenes que carecerían de justificación médica.
La irregularidad fue detectada tras una investigación iniciada por una alerta de la Contraloría General de la República: los exámenes diagnósticos estaban incrementándose al doble de velocidad que las consultas médicas.
Con ese antecedente, FONASA concentró sus indagatorias en cinco prestadores, entre laboratorios y servicios de consulta, que en conjunto suman más de 71 mil beneficiarios, cerca de 330 mil bonos y alrededor de 1,94 millones de prestaciones.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, el mecanismo investigado habría utilizado los denominados “operativos de salud comunitarios”, ofrecidos como actividades gratuitas que usualmente se realizaban en sedes vecinales.
25 exámenes por cada persona
La invitación estaba dirigida principalmente a beneficiarios de Fonasa de los tramos B, C y D. En estos encuentros, las personas proporcionaban sus datos personales y registraban su huella digital para acceder a supuestos exámenes preventivos.
No obstante, FONASA acusa que esa información se habría usado posteriormente para emitir bonos a nombre de los beneficiarios por prestaciones que no solicitaron o que desconocían.
Según explicó el director de FONASA, César Oyarzo, en algunos de estos operativos se llegó a emitir un promedio de 25 exámenes por persona, sin una evaluación médica previa que sustentara esa cantidad de prestaciones.
Denuncian engaño a los beneficiarios
Desde FONASA sostienen que uno de los ejes de la investigación es el presunto engaño a los usuarios, quienes habrían creído que estaban participando en una actividad de carácter social y gratuita.
El jefe de la División Jurídica de FONASA, Juan Fuentes Díaz, dijo que “se les induce a pensar que existe una prestación gratuita, un beneficio asociado a motivaciones sociales, y mientras tanto aprovechan esa instancia para obtener sus datos”, afirmó.
La institución sostiene que este mecanismo habría permitido generar una demanda de prestaciones inducida por los propios prestadores, utilizando recursos públicos para financiar exámenes que no necesariamente fueron requeridos ni indicados por un médico.
Parlamentarios cuestionan uso de recursos públicos
La denuncia también generó reacciones en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El diputado Matías Ramírez cuestionó que, mientras se discuten restricciones presupuestarias para la atención primaria, se estén destinando recursos públicos a prestaciones que eventualmente no habrían correspondido.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo calificó los antecedentes como “gravísimos”, considerando el monto involucrado.
“Hablamos de casi $8.000 millones y de recursos públicos que debieron destinarse a la salud de los chilenos”, sostuvo.
Uno de los antecedentes que reforzó las sospechas surgió de una muestra realizada en uno de estos operativos. El 85,7% de los encuestados señaló no conocer a los laboratorios involucrados, mientras que un 64,3% desconocía que Fonasa pagaría al prestador por un bono emitido a su nombre.
Además, un 42,9% afirmó que no autorizó expresamente la emisión del bono.
