Al igual que José Antonio Kast en Chile, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha colocado una porción de su estrategia contra la delincuencia en manos del Congreso. La jefa de Estado busca que el Parlamento le entregue facultades legislativas para impulsar una batería de cambios que, según afirma, resultan necesarios para enfrentar al crimen organizado, aunque especialistas en seguridad sostienen que dichas atribuciones no son imprescindibles.
Aun cuando se trate de vías jurídicas diferentes, ambos líderes convergen en acudir al Poder Legislativo para conseguir nuevas herramientas legales en materia de seguridad. En Chile, Kast promueve una reforma constitucional que ha suscitado controversia y cuyo trámite quedó en pausa mientras el Gobierno negocia ajustes para sumar apoyo en el Senado.
El propio Kast ha subrayado la importancia de contar con respaldo para combatir al crimen organizado. “Los planes se pueden desarrollar, como entregar los vehículos, ¿pero si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlos, de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”, sostuvo en agosto.
En Perú, Keiko Fujimori encara ahora su propio pulso con el Congreso, donde no controla la mayoría.
“Requerimos estas facultades”
El Ejecutivo peruano solicita que el Parlamento le ceda facultades para legislar por 120 días en ocho ámbitos, entre ellos la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Con ello, el Gobierno podría emitir decretos legislativos con rango de ley, limitados a las materias y al plazo que el Congreso autorice.
La mandataria fue clara al relacionar esta solicitud con la ofensiva contra la delincuencia.
“Para enfrentar a la criminalidad organizada necesitamos estas facultades”, dijo el pasado 3 de septiembre. Fujimori precisó que pretende ajustar la normativa para que ciertas organizaciones delictivas sean catalogadas como grupos hostiles o terroristas, robustecer los servicios de inteligencia y ampliar la acción conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En esa línea, esta semana comenzó en las comisiones de la Cámara de Diputados del Perú la votación de la delegación de facultades, pero los primeros pronunciamientos fueron negativos.
¿Es realmente imprescindible que el Congreso otorgue estas facultades para que el gobierno de Fujimori endurezca su respuesta frente a la criminalidad? Dos expertos peruanos en seguridad consultados por BioBioChile coinciden en que el Ejecutivo ya dispone de un amplio margen de acción.
“El marco legal no le impide actuar”
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior de Perú, estima razonable que una administración entrante pida facultades al Parlamento para ajustar leyes que faciliten la ejecución de su agenda. De hecho, señala que es una práctica habitual al inicio de un gobierno.
No obstante, considera que la aprobación de esas atribuciones no es condición sine qua non para enfrentar la crisis de seguridad actual.
“El marco normativo que hoy existe no le impide hacer nada, no le impide tener una Policía mucho más dinámica, más asertiva en el combate contra la inseguridad, no le impide construir penales de alta seguridad, no le impide tomar ninguna medida”, expresó Pedraza en diálogo con BioBioChile.
El exministro apunta que las mayores amenazas que hoy encara Perú son la extorsión y el sicariato. En esa línea, plantea que el foco debe ponerse en potenciar las capacidades ya disponibles.
“Lo que se necesita hacer es inyectar recursos para hacer inteligencia, fortalecer el grupo que trabaja en extorsiones con personal policial, con tecnología, con más recursos”, indicó.
Pedraza remarca que para avanzar en esa dirección no hace falta aguardar una decisión del Parlamento.
“El tema central entonces es la estrategia para combatir la extorsión y el sicariato, donde no se necesita ninguna facultad adicional, sino entender el fenómeno que el país vive en este momento”, añadió.
“Se trata de gestión”
Una visión cercana plantea Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, quien reconoce que ciertas facultades solicitadas podrían optimizar procedimientos y la coordinación interinstitucional. Sin embargo, afirma que varios puntos del pedido ya cuentan con regulación suficiente.
“En criminalidad común, yo no necesito de leyes ya, yo tengo suficientes leyes para afrontar la criminalidad común, la que se da en las calles”, señaló a BioBioChile.
Valdés enumera acciones aplicables sin nuevas normas: reforzar el control territorial con policías bien distribuidos, reparar patrulleros fuera de servicio y cambiar el régimen laboral en las comisarías. “Eso es gestión”, resume.
Respecto del crimen organizado, considera clave potenciar la inteligencia estratégica, operativa, humana y tecnológica. Como ejemplo, apunta que existen cerca de 80 mil denuncias por extorsión acumuladas en los últimos tres años, con números telefónicos y cuentas bancarias que podrían cruzarse para hallar patrones y nexos entre bandas.
“La inteligencia no es más que la información bien trabajada. Y estamos obviando toda esa información”, cuestionó.
Riesgos de conceder facultades
El debate no se limita a si estos poderes son necesarios. Tal como ocurre en Chile con la reforma constitucional de Kast, también surge la discusión sobre los límites que deben imponerse cuando se entregan nuevas herramientas al Ejecutivo bajo el argumento de la seguridad.
Ernesto Zunini, diputado del partido Juntos por el Perú que perdió el balotaje, criticó la magnitud de las facultades requeridas por el Ejecutivo —66 pedidos en diversas materias— y calificó la iniciativa como un “intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados”.
Aunque no insistió luego en ese punto, en una entrevista con RPP subrayó que se trata de un “emplazamiento político” por parte del Ejecutivo.
“¿Dar más facultades a la Policía significa otorgar un mayor poder al Ejecutivo? Ese es el gran tema de debate”, planteó Wilfredo Pedraza sobre esta inquietud. Añadió que “siempre es una posibilidad porque la Policía está sujeta al mando del Poder Ejecutivo”; sin embargo, precisó que existen otras normas y antecedentes que fijan límites.
Valdés, por su parte, centra la preocupación en la opción de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, ya que el Gobierno ha mostrado su intención de concederles nuevas atribuciones en materia de orden interno.
“Me preocupa el rol de las Fuerzas Armadas”, afirmó, antes de cuestionar su desempeño reciente en tareas de seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico en la selva peruana.
¿Qué ocurre si el Congreso se niega?
Pese a sus reparos, Pedraza cree que el Parlamento debería conceder al menos las facultades más urgentes. Su razonamiento es político: impedir que un eventual rechazo sea usado luego como excusa para la falta de resultados.
“Prefiero que se le otorguen facultades para que no exista ninguna justificación de no haber implementado alguna acción concreta y se justifique el fracaso. El Perú no está para fracasos, el Perú necesita la adopción de medidas urgentes”, sostuvo.
Valdés advierte justamente sobre ese desenlace. A su entender, si el Congreso niega el pedido, el Gobierno podría culpar a la oposición si la violencia persiste.
“Políticamente lo van a usar para poder justificar que, si las matanzas continúan, es porque el Congreso no se las dio (…) eso me parece criminal”, opinó.
Para el exviceministro, sin embargo, un rechazo legislativo no impediría que Keiko Fujimori tome medidas desde ahora.
“No se requiere de facultades legislativas para gobernar, para que el Poder Ejecutivo realmente decida, tome decisiones correctas y para usar lo que el marco de la ley tiene actualmente. No lo está haciendo y puede hacerlo”, concluyó.
