El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, dio por terminados este viernes todos los diálogos y escenarios de sometimiento de la política de ‘paz total’ de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026), que permanecían vigentes.
La medida, que cumple promesas de campaña del presidente, implica un viraje en la política nacional y deja en pausa procesos que habían avanzado hasta la concentración y entrega de armas de integrantes de algunas organizaciones armadas.
De la Espriella da por terminados los diálogos de paz en Colombia
“Se acabó la falsa paz”, publicó en X De la Espriella: “En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”.
La medida impacta las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), además de los espacios de conversación sociojurídica con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Un ejemplo que evidencia las implicaciones de este cambio es el de los Comandos de Frontera, grupo integrante de la CNEB, cuyos miembros avanzaron durante el Gobierno Petro en un proceso de desarme que llevó a 99 de sus integrantes a concentrarse en junio pasado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo (sur), en la frontera con Ecuador.
Ese espacio fue creado precisamente para facilitar el tránsito de los integrantes de la organización hacia la vida civil y contaba con mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional, pero De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026, fijando el 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
SE ACABÓ LA FALSA PAZ.
En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
Durante cuatro años se gastaron más de $7.000… pic.twitter.com/1SORDJUXou
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026
Lo ocurrido en Putumayo contrasta con la decisión general anunciada este viernes, que obedece a la valoración del nuevo Gobierno de que los procesos de diálogo y los mecanismos heredados “no produjeron avances suficientes” en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
El Ejecutivo también comunicó el cierre de los espacios de negociación con los grupos mencionados y sostuvo que quienes expresen una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán someterse a la Justicia, mientras que aquellos que continúen ejerciendo violencia contra la población “serán enfrentados por la fuerza pública”.
De la Espriella llegó a la Presidencia colombiana con, entre otras promesas, la de enfrentar con firmeza a guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados y delincuenciales en el país, cuestionando de fondo y de forma la política de ‘paz total’ de su predecesor.
En su primer mes en el cargo, el presidente ha abogado por aplicar “mano de hierro” a estos grupos y afrontarlos con toda la fuerza “de las armas y de las leyes de la República”.
Durante el Gobierno anterior, estos procesos implicaron -según la Administración de De la Espriella- un amplio despliegue institucional y de recursos cercano a los 7.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares), destinados a pagos de honorarios de voceros, representantes y negociadores, “sin contar los gastos asociados a seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros costos”.
El giro anunciado por De la Espriella implica así dejar atrás la ‘paz total’ que caracterizó al Gobierno de Petro y reemplazarla por un modelo centrado en el sometimiento individual a la justicia y en una mayor presión militar sobre las organizaciones que mantengan las armas.
