Los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara exigieron aclaraciones y que se asuman responsabilidades, tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República que evidenció prolongadas demoras para pacientes catalogados con riesgo vital y alto riesgo en los servicios de urgencia de la Región Metropolitana.
Según los antecedentes de la auditoría, entre enero de 2024 y mayo de 2025, un total de 2.417 pacientes clasificados como C1 —riesgo vital— y otros 140.620 categorizados como C2 —alto riesgo— fueron atendidos fuera de los tiempos técnicos establecidos.
El documento también constató esperas de hasta 73 horas, equivalente a poco más de tres días.
Frente a estos hallazgos, las diputadas Macarena Santelices y Catalina del Real, de Republicanos, junto a Lilian Betancurt y Roberto Arroyo, del Partido de la Gente (PDG), cuestionaron la situación y plantearon la urgencia de adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de las urgencias.
Republicanos apoyan plan de eficiencia hospitalaria
La diputada Macarena Santelices afirmó que los resultados de la auditoría reflejan una realidad que impacta directamente a los pacientes y a sus familias.
“Este informe de Contraloría evidencia una realidad dolorosa que padecen miles de familias. La salud y la vida humana no pueden continuar atrapadas en la burocracia”, señaló.
En ese contexto, la parlamentaria respaldó el plan de eficiencia para hospitales públicos impulsado por el Gobierno y planteó la necesidad de “modernizar de inmediato la gestión de las urgencias, optimizar los recursos y asegurar que la primera atención médica sea oportuna”.
En la misma línea, Catalina del Real sostuvo que los antecedentes reunidos por Contraloría obligan a acelerar las transformaciones en la gestión hospitalaria.
“Las cifras del período revisado por Contraloría son contundentes y nos exigen actuar con urgencia. No podemos permitir que pacientes clasificados en riesgo vital o alto riesgo permanezcan horas e incluso días esperando en una urgencia”, afirmó.
La diputada además apoyó la propuesta del Ejecutivo y llamó a avanzar en una reestructuración de la gestión pública que permita disminuir los tiempos de espera.
PDG demanda explicaciones y anuncia fiscalización
Desde el PDG, la diputada Lilian Betancurt calificó la situación como una “falta de respeto hacia los usuarios de la salud pública” y afirmó que las restricciones presupuestarias no pueden justificar demoras de esa magnitud en una emergencia médica.
“Podemos comprender que haya limitaciones económicas y presupuestarias, pero en una urgencia médica la atención no puede demorarse horas o incluso días”, manifestó.
A su juicio, ante estos antecedentes “se requieren respuestas, recursos y una mejor gestión”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo anunció medidas de fiscalización para establecer las causas de las demoras y posibles responsabilidades.
“Lo que expone Contraloría es gravísimo: se trata de pacientes en riesgo vital que debieron ser atendidos de inmediato y que terminaron esperando horas, incluso hasta 73 horas”, sostuvo.
Arroyo añadió que pedirá al Ministerio de Salud y a los respectivos servicios de salud que informen “qué falló, quiénes son responsables y qué acciones concretas se tomarán”.
“No podemos tolerar que en Chile una persona en riesgo vital tenga que esperar tres días para recibir atención. La salud pública debe priorizar al paciente por sobre la burocracia”, concluyó.
