A medio año de instalarse en La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una paradoja: arribó con la promesa de orden, autoridad y eficacia, pero algunas de las trabas que emergen no necesariamente provienen de la oposición, sino de la sintonía interna de su propia coalición.
No hay una crisis ni una fractura del oficialismo. Tampoco, por ahora, señales de pérdida del control político.
Sin embargo, comienza a cuajar otra sensación: La Moneda avanza, aunque no todas sus partes lo hacen al mismo compás. Es la “cojera” del Gobierno.
Los desencuentros entre Renovación Nacional y el ministro de Defensa, Fernando Barros; las complicaciones de Martín Arrau para empujar una de las reformas de seguridad más relevantes; las tensiones por la relación con Argentina y Javier Milei; y la determinación de no realizar un acto oficial por el 11 de septiembre son episodios distintos que exponen una misma dificultad: cómo gestiona el Ejecutivo las diferentes sensibilidades de un oficialismo más amplio que el partido del Presidente.
En ese contexto surge, además, un contraste dentro del gabinete: mientras Arrau tropieza para forjar acuerdos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha comenzado a ser valorado incluso por sectores opositores por una fórmula centrada en el diálogo.
El dilema no es solo el mensaje, sino quién lo emite
El episodio que enfrentó esta semana a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con Fernando Barros es quizá el caso más nítido.
Núñez cuestionó las intervenciones del titular de Defensa en temas de seguridad y ironizó con que el secretario de Estado “parece vocero opinando de todo”. El impasse obligó luego a generar una instancia para recomponer la relación.
Pero, según fuentes de BioBioChile, detrás del episodio hay una inquietud mayor en el oficialismo: el diseño comunicacional del Gobierno, con un Alvarado como comentarista ocasional junto al subsecretario Máximo Pavez.
La ausencia de un vocero político que concentre y alinee la respuesta de La Moneda estaría generando ansiedad por responder ante la prensa. Ello termina empujando a ministros de diversas áreas a opinar sobre materias que exceden su ámbito directo.
El problema no es necesariamente que hablen los ministros, sino que varias autoridades reaccionen ante una misma coyuntura sin una voz política que articule previamente. El resultado puede ser la descoordinación.
Eso fue lo que dejó en evidencia el cruce Barros-Núñez: un ministro puede defender una postura que le parece consistente con el Gobierno, pero su intervención puede derivar en un conflicto político con un partido oficialista o con el Congreso.
En síntesis, la falta de una conducción comunicacional más centralizada puede estar trasladando parte de la estrategia política a cada ministerio. Y para un Gobierno que hizo del orden una de sus banderas centrales, es una contradicción difícil de ignorar.
Arrau y Rabat: dos rutas para un mismo programa
La comparación entre Martín Arrau y Fernando Rabat resulta particularmente elocuente.
Ambos integran la ofensiva contra el crimen organizado y tienen roles claves en la agenda de seguridad. Sin embargo, sus resultados políticos han empezado a divergir.
Mientras Arrau recibe presiones incluso desde el oficialismo para destrabar su reforma constitucional de seguridad, Rabat ha empujado distintas iniciativas con una táctica centrada en construir acuerdos.
Justicia logró despachar por unanimidad la ampliación del plazo para configurar flagrancia de 12 a 24 horas y antes había avanzado con la llamada Ley Antipelotazos. También cosechó apoyos transversales para proyectos como Responsabilidad Parental, la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la extensión del plazo de detención de inmigrantes con fines de expulsión.
La diferencia no radicaría tanto en las metas. Desde el Gobierno recalcan que ambas carteras se coordinan y actúan como un solo equipo. No obstante, la brecha aparece, sobre todo, en el método.
Fuentes de Radio Bío Bío describen en Rabat una disposición a negociar, explicar los proyectos en un lenguaje claro, entregar insumos a los asesores, mantener presencia constante en el Congreso y escuchar a parlamentarios de diversos sectores.
La lectura política importa: el desafío del Gobierno no sería solo reunir mayorías. También es saber forjarlas.
En ese punto, Rabat contrasta dentro del gabinete. Mientras Arrau ha debido ajustar o negociar elementos de una reforma que inicialmente buscaba impulsar con fuerza, Rabat ha logrado que iniciativas que partieron con resistencias terminen sumando respaldos.
No necesariamente porque sus propuestas sean menos polémicas, sino porque su modo de trabajo ha reducido el costo político de las diferencias.
Los “expertos” y las dudas sobre el desembarco
La controversia por las contrataciones de recién egresados y estudiantes con sueldos elevados abrió otro flanco para La Moneda.
En los últimos días se conocieron al menos cinco casos de jóvenes fichados bajo la categoría de “experto”, entre ellos un estudiante de Periodismo de 19 años para labores comunicacionales en Interior.
El debate reabrió preguntas sobre los criterios para armar equipos y el balance entre confianza política y experiencia profesional.
Según analistas, detrás de estos casos también hay una dificultad de base: Republicanos no había gobernado antes y el oficialismo tiene una oferta limitada de cuadros propios.
En ese marco, La Moneda debe llenar cargos de confianza con un universo político relativamente acotado y joven.
La explicación ayuda a comprender el fenómeno, pero no borra el costo político. Un Gobierno que llegó prometiendo eficiencia, orden y modernización del Estado queda emplazado a justificar contrataciones que alimentan precisamente la percepción contraria.
La seguridad, eje del proyecto, también tropieza
La paradoja se hace más nítida justamente en seguridad.
El Ejecutivo convirtió esta materia en uno de sus pilares y ha intentado imprimirle un sello propio, con alusiones al modelo de Nayib Bukele y la experiencia salvadoreña. Kast recibió recientemente en La Moneda a autoridades de seguridad de El Salvador para intercambiar experiencias penitenciarias y contra el crimen organizado.
Pero mientras desde La Moneda se emiten señales de una agenda ambiciosa, su traducción legislativa ha chocado con barreras.
La reforma constitucional promovida por Arrau quedó sujeta a una negociación que incluso llevó al Gobierno a explorar cambios sugeridos por sectores de su propio oficialismo.
Esto plantea una pregunta para La Moneda: ¿con qué velocidad puede avanzar un Gobierno que prometió autoridad cuando sus reformas clave deben negociarse con quienes, en teoría, son sus aliados naturales?
No es una rareza. Todo Gobierno debe negociar.
El punto es que Kast cimentó buena parte de su identidad en la idea de que la indecisión fue uno de los grandes problemas de administraciones anteriores.
Ahora el reto es demostrar que negociar no equivale a perder el control y que ejercer autoridad exige también capacidad para tejer acuerdos.
RN y los partidos que sostienen a Kast
El choque con RN adquiere especial relevancia por eso mismo. Republicanos es el núcleo político del Presidente, pero Kast no gobierna solo con su partido. Requiere a RN, a la UDI y a los distintos sectores de la derecha para aprobar su agenda en el Congreso.
De ahí que cada vez que un ministro colisiona con un partido oficialista, el costo trascienda el episodio puntual.
El asunto deja de ser Barros versus Núñez. Pasa a ser La Moneda frente a una de las bancadas que necesita para gobernar. Y vuelve a aparecer la interrogante por la coordinación.
¿Quién fija los límites de lo que puede declarar cada ministro? ¿Quién anticipa los efectos políticos de una frase? ¿Quién negocia con los partidos antes de que un conflicto escale?
La ausencia de una respuesta clara a esas preguntas es parte del diagnóstico.
Milei y el precio de la cercanía
El capítulo argentino suma otra dimensión. Kast ha cultivado una cercanía política con Javier Milei, pero las recientes controversias en torno al Estrecho de Magallanes demostraron que esa afinidad no elimina las diferencias de intereses entre ambos países.
Las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno sobre Argentina como país “bioceánico” y las posteriores intervenciones de Patricia Bullrich generaron preocupación en Chile y obligaron a La Moneda a reafirmar la soberanía nacional sobre el estrecho. La tensión luego fue rebajada entre ambos gobiernos.
Incluso dentro del oficialismo hubo voces que pidieron una postura más firme.
Cuando Milei intervino en el Foro Madrid Santiago con duras críticas a la izquierda y referencias elogiosas a la dictadura, Kast optó por marcar distancia en las formas —señaló que él no habría usado la expresión “zurdos mugrosos”—, pero evitó una confrontación directa con su aliado argentino.
Nuevamente, a La Moneda le tocó administrar dos planos a la vez: el vínculo estratégico con un gobierno ideológicamente afín y las sensibilidades políticas internas de Chile.
El 11 de septiembre: una definición que también divide
La decisión de Kast de no realizar un acto oficial por el 53° aniversario del golpe de Estado suma otro elemento al cuadro.
Por primera vez desde el retorno a la democracia, La Moneda no organizó una ceremonia oficial para la fecha. El Presidente mantuvo su agenda y viajó a Los Ríos, defendiendo que Chile debe mirar hacia adelante y no quedar “anclado en el pasado”.
La señal puede leerse como coherente con la identidad política de Kast y su intención de cambiar la forma en que el Estado aborda la memoria del golpe. Pero también abrió un nuevo frente de tensión.
La oposición criticó la ausencia de un acto oficial, mientras el expresidente Gabriel Boric concentró la atención al participar en un homenaje a Salvador Allende.
El episodio tiene una particularidad: no estamos ante una descoordinación fortuita. Hay una decisión política deliberada.
Eso permite distinguir dos clases de problemas que enfrenta Kast: los que surgen por falta de coordinación entre autoridades o partidos y los que provienen de definiciones políticas que el Presidente está dispuesto a sostener aun con costos.
La prueba de fondo: hacer que el oficialismo marche
Tomados por separado, ninguno de estos hechos supone una amenaza inmediata para el Gobierno. En conjunto, revelan algo más hondo.
Kast cuenta con un gabinete de estilos diversos, una coalición más amplia que su partido, una agenda legislativa ambiciosa y un Congreso donde incluso los aliados defienden intereses propios.
Por eso, el examen principal de esta etapa no será necesariamente si la oposición bloquea al Ejecutivo, sino si La Moneda es capaz de ordenar a quienes deben sostenerlo.
El contraste entre Arrau y Rabat es muy ilustrativo: dos ministros en la misma agenda, con resultados políticos distintos. El roce entre Barros y Núñez exhibe los costos de una comunicación sin un mando político suficientemente centralizado. Y los episodios con Argentina y el 11 de septiembre muestran cuánto debe equilibrar Kast entre su identidad, sus alianzas y el ejercicio institucional de la Presidencia.
Ahí aparece la “cojera”. El Gobierno sigue avanzando. Tiene logros que mostrar. De hecho, La Moneda subrayó esta semana el despacho de 33 proyectos de ley en sus primeros seis meses.
Pero poco sirve avanzar rápido si las distintas piezas del Gobierno no lo hacen coordinadamente.
La paradoja para Kast es que el Presidente que prometió ordenar el Estado ahora encara una tarea menos visible, pero igual de decisiva: ordenar su coalición, su gabinete y la forma en que sus ministros se relacionan con el Congreso.
Porque la oposición puede intentar frenar al Gobierno. Pero antes de eso, Kast necesita conseguir que todo su oficialismo marche en la misma dirección.
