A medio año de su llegada al poder, el Gobierno de José Antonio Kast trabaja en construir un relato propio para sostener la fase inicial de su mandato. Un balance interno al que accedió Radio Bío Bío reúne indicadores en seguridad, inversión, empleo y protección social con los que La Moneda pretende demostrar resultados concretos. Fuera de esos registros, sin embargo, el cuadro es otro: mediciones como Cadem y Criteria evidencian que dichos números no se instalan en la opinión pública. Este desajuste entre gestión y percepción vuelve a exponer una de las debilidades del Ejecutivo: su estrategia política y comunicacional.
En ocho páginas, el documento ordena la labor gubernamental en cuatro frentes: recuperación del crecimiento, inversión y empleo; seguridad y control territorial; protección social; y modernización del Estado. La intención inicial es nítida: posicionar la idea de que, pese a las dificultades del semestre, existen datos sólidos que respaldan la administración.
Las cifras existen. El Ejecutivo subraya más de 120 mil puestos de trabajo movilizados, cerca de US$33 mil millones en iniciativas con aprobación ambiental, además de descensos de 14,5% en homicidios, 13,2% en robos violentos y 86,8% en ingresos irregulares por pasos no habilitados. Con todo, el reto para La Moneda es que disponer de estadísticas para un informe no garantiza que la ciudadanía las traduzca en una evaluación favorable.
Los números que La Moneda busca posicionar
El componente económico lidera el guion oficial. El texto destaca la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la baja gradual del impuesto corporativo al 23%, los incentivos a la contratación y la estrategia “Modo Empleo”, que agrupa programas e inversiones vinculadas a esas más de 120 mil vacantes.
En materia de inversión, el balance reporta un dinamismo que triplica los registros de periodos comparables en gobiernos anteriores, con casi US$33 mil millones en proyectos con visto bueno ambiental. A ello se suman 361 iniciativas en evaluación por unos US$88 mil millones, con un potencial estimado de 171 mil empleos. En lo fiscal, el Gobierno reivindica un recorte inicial del gasto por US$1.453 millones, cuya ejecución acumulada se acercaba a los US$2.000 millones a agosto.
Donde se concentran los mejores indicadores es en seguridad, uno de los emblemas de campaña de Kast. Al 30 de agosto, el informe registra 103 homicidios menos respecto del mismo lapso de 2025, 9.186 robos violentos menos y una caída de 37,1% en secuestros confirmados por la PDI. Además, Carabineros desbarató 810 bandas y los decomisos de droga aumentaron 64,4%.
En migración, los ingresos por pasos no habilitados retrocedieron 86,8% y se concretaron 1.548 expulsiones entre enero y agosto, mientras que en la Macrozona Sur los hechos de violencia rural bajaron 24%.
Sobre el papel, por ende, La Moneda dispone de elementos para sustentar un relato de avances.
El obstáculo de las encuestas
El contraste aparece al poner estos datos frente a la evaluación ciudadana. La última Plaza Pública Cadem exhibe un cuadro difícil: 34% aprueba la gestión del presidente Kast frente a 62% que la desaprueba, lo que asigna a los primeros seis meses una nota promedio de 3,4. La trayectoria de las expectativas agrava el dilema: si en el primer mes un 52% estimaba que el desempeño era peor de lo previsto, al cumplirse el semestre esa cifra subió a 62%, y solo un 8% cree que ha sido mejor.
Criteria muestra una línea parecida. Su medición del 13 de septiembre sitúa al mandatario en terreno negativo con 31% de aprobación y 55% de rechazo, tras marcar la semana anterior su piso más bajo (30% y 58%, respectivamente).
Allí se instala la paradoja que enfrenta La Moneda: los datos que el Ejecutivo considera suficientes para probar gestión no están generando, por ahora, un rédito político equivalente.
Logros que no terminan de calar
La misma Cadem permite dimensionar el desajuste. Al preguntar por el principal logro del semestre, ninguna alternativa concita un respaldo amplio. La reducción del gasto público encabeza con un discreto 17%, seguida por la aprobación de la “mega reforma” y la rebaja tributaria a empresas (16%). Los avances en control fronterizo, el plan Cancerbero y la agenda contra el crimen organizado alcanzan apenas 12% cada uno. Más atrás aparecen el destrabe de proyectos ambientales (7%) y la disminución de homicidios (4%).
Este último punto resulta elocuente: la baja de 14,5% en homicidios, fuertemente destacada en el balance oficial, figura al final del listado de logros percibidos. La brecha, en consecuencia, supera un simple asunto de difusión: el Gobierno puede mostrar resultados, pero no define cuáles son valorados o atribuidos a su gestión.
En contraste, la percepción de los errores es tajante. Un 38% identifica como principal fallo el traspaso del alza de combustibles a los consumidores; 32% responsabiliza al débil crecimiento y al desempleo; y 25% menciona la generación de expectativas desmesuradas. Luego asoman los recortes de gasto y su efecto en servicios públicos, las tensiones dentro del oficialismo y los tropiezos comunicacionales del gabinete. Mientras La Moneda subraya inversión y seguridad, la ciudadanía mantiene el foco en el costo de vida, la desocupación y los yerros políticos.
El desafío del relato
El problema de La Moneda no radica en la ausencia de buenos datos, sino en conseguir que sus indicadores salgan del ámbito técnico y permeen la conversación cotidiana.
Incluso en empleo, el informe habla de “oportunidades movilizadas” e impactos por venir —proyectando, por ejemplo, que la Ley de Reconstrucción generaría entre 333.900 y 385.500 puestos al término del mandato—. Esta diferencia es crucial: mientras el Gobierno comunica intenciones, proyectos e inversiones aprobadas, la población juzga su bienestar presente.
Cadem ratifica este pesimismo respecto del próximo semestre. En empleo, solo un 26% anticipa una mejora frente a un 40% que prevé un deterioro. En crecimiento económico, la expectativa positiva llega al 25% contra un 48% negativa, y en comunicaciones apenas un 22% augura avances frente a un 42% que espera retrocesos.
Esta última cifra señala el flanco principal que se intenta corregir. El balance semestral opera como un intento por ordenar el mensaje, sistematizar cifras y articular un relato competitivo ante el descontento social. No obstante, también evidencia los límites de esa táctica: La Moneda tiene un discurso para explicar sus acciones, pero no logra que la ciudadanía lo adopte como parámetro de evaluación.
Esa desconexión amenaza con convertirse en el mayor escollo del segundo semestre. Aunque el propio documento matiza los hallazgos como “primeros avances” de cara a consolidar indicadores económicos, sociales y de seguridad, los sondeos hoy muestran otra foto: un Gobierno que acumula datos, pero no genera confianza, y que a seis meses de asumir libra una batalla clave en la percepción ciudadana.
