Un empresario interpuso una querella contra un capitán y un sargento de Carabineros, a quienes acusa de intentar atribuirle hechos inexistentes y de exigirle una coima de $2 millones para liberarlo. El denunciante, Julio Herrera, terminó siendo sobreseído por el delito que se le imputaba.
Herrera, empresario de Angol que presta servicios a la empresa de transporte ferroviario Fepasa, fue detenido el 15 de marzo de 2023 por dos efectivos de Carabineros en la comuna de Collipulli, acusado del presunto porte ilegal de un arma de fuego.
Según la querella, en esa jornada se dirigía a Pailahueque con $1.300.000 en efectivo, dinero que habría retirado previamente en Angol para cubrir una indemnización.
Durante la fiscalización, los funcionarios habrían hallado en su vehículo un arma de fuego que, según sostiene Herrera, se encontraba debidamente inscrita y contaba con los permisos correspondientes.
Irregularidades en el procedimiento
Tras el operativo, Carabineros habría incautado tanto el arma como el dinero que portaba el empresario; de acuerdo con lo manifestado en la querella, los $1.300.000 nunca le fueron devueltos.
Herrera enfrentó un proceso judicial por más de dos años por la acusación que se le formuló y, una vez sobreseído, decidió iniciar acciones legales contra los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.
En concreto, su abogado, José Fernández, presentó una querella en contra del capitán Michael Andrés Daza Romero y del sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos por delitos que incluyen la detención ilegal.
«Se presentó en este caso una querella criminal contra el capitán de Carabineros don Michael Andrés Daza Romero y contra el segundo, don Juan Manuel David Chamorro Ramos, por los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación», indicó el abogado.
Además, la acción judicial sostiene que los funcionarios le habrían exigido a Herrera una coima de $2 millones a cambio de dejarlo en libertad.
Repercusiones personales
El empresario manifestó que el procedimiento policial y la imputación posterior le ocasionaron perjuicios en el plano personal, familiar y laboral.
«Nos perjudicó en muchos ámbitos: como empresa, a nivel personal, familiar y profesional. Quiero que esto se haga justicia; pido que algún sargento o capitán entregue su versión», afirmó.
La querella solicita a la Fiscalía la realización de diversas diligencias, entre ellas que ambos carabineros presten declaración en calidad de imputados y que se acceda a los registros de audio del procedimiento policial.
Consultada sobre el caso, la institución de Carabineros expresó que no se pronuncia respecto de procesos judiciales que se encuentran en desarrollo.
