El fin de “Yo elijo mi PC” abrió un nuevo frente contra el Gobierno, pero esta vez proviniendo de sus propias filas. Diputados de la UDI anunciaron que, durante la discusión del Presupuesto 2027, encabezarán una iniciativa para restablecer los fondos del programa de entrega de computadores, alejándose de la determinación del Ejecutivo y proponiendo que los recursos se obtengan de otros rubros del Estado, entre ellos el mal uso de licencias médicas y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La jugada está liderada por los diputados Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann, Eduardo Cretton, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito, quienes anticiparon que buscarán revertir la eliminación del financiamiento para la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Conocimiento (TIC), conocida como “Yo elijo mi PC”.
La iniciativa tiene especial relevancia al originarse en un partido oficialista y cuestionar directamente una de las medidas adoptadas por el Gobierno para ajustar el Presupuesto del próximo año.
Aunque los gremialistas coinciden con el Ejecutivo en que hay restricciones fiscales y es necesario priorizar el gasto, no están de acuerdo sobre en qué partidas deben aplicarse los recortes. Para los parlamentarios, ajustar las cuentas no puede significar suprimir programas educativos como la entrega de computadores a escolares.
Conviene recordar que el proyecto de Presupuesto 2027 dejó sin una asignación explícita a las Becas TIC, que este año incluyeron la entrega de equipos a 96.100 estudiantes y contaron con cerca de $35 mil millones.
Si el presupuesto se aprueba tal como fue enviado, el próximo año no se realizaría la entrega de equipos mediante esta política.
La estrategia de la UDI para conseguir recursos
Los diputados no solo anunciaron su intención de revertir la decisión del propio Gobierno; también señalaron los rubros donde, a su juicio, deberían buscarse los montos necesarios para sostener el programa.
Entre ellos está el gasto vinculado al eventual mal uso de licencias médicas en el sector público.
Los legisladores citaron el último informe de la Contraloría General de la República que, según su comunicado, detectó que 7.207 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante 2025 pese a encontrarse con licencia médica. A esos casos se suman más de 25 mil detectados entre 2023 y 2024.
“Si queremos ordenar las cuentas fiscales, debemos empezar por cerrar los espacios donde los recursos públicos se están desperdiciando o empleando de forma irregular, de modo que programas relevantes —como los educativos— cuenten con financiamiento asegurado”, señalaron.
Al mismo tiempo, los diputados instaron al Senado a despachar el proyecto previamente aprobado por la Cámara que tipifica como falta a la probidad el mal uso de licencias médicas en la administración pública.
El INDH también se ve involucrado
El otro blanco mencionado por la UDI es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La bancada indicó que presentará indicaciones durante la tramitación del Presupuesto para recortar de forma considerable los recursos del organismo, cuyo presupuesto en 2027, según sus estimaciones, se acercaría a los $16 mil millones si se mantienen niveles similares a los actuales.
“Nuestra postura sobre el INDH es conocida y vamos a insistir en recortar de manera significativa sus recursos mediante indicaciones”, afirmaron.
Los diputados justificaron su planteamiento acusando al organismo de actuar con una carga “ideológica” y sostuvieron que debería cesar sus funciones hasta que exista una reforma de mayor calado.
El Gobierno respalda la reducción
La discrepancia surge en momentos en que el Ejecutivo defendió públicamente la medida.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo este viernes que las Becas TIC estuvieron sometidas a evaluación durante tiempo y aseguró que el programa “ha estado mal evaluado” y “no presenta un efecto relevante en el aprendizaje”, además de apuntar a fallas en su ejecución.
Por su parte, desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para tratar de impedir la terminación del programa, calificando la medida de “perversa” y denunciando una vulneración de derechos.
