Aunque la investigación por el caso Puerto Coronel está cerrada, existe otra arista en la que se indaga a la compañía como persona jurídica, cuya causa todavía no ha sido formalizada.
En esa línea se examina si la empresa obtuvo, o no, beneficios a partir de los pagos realizados a autoridades locales, entre ellos el alcalde de la comuna.
La fiscal anticorrupción de Coronel, Glenda Lagos, lo confirmó, señalando que se trata de una causa separada que se inició tras una ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y en la que se investiga la posible responsabilidad penal de Puerto Coronel por el delito de soborno.
Hay que recordar que la división de las causas se adoptó, además por la querella, porque Puerto Coronel no podía aparecer en una misma investigación como “víctima” e “imputada”.
Respecto al alcalde Boris Chamorro, el Ministerio Público le atribuye la recepción de 82 millones de pesos entre mayo de 2022 y noviembre de 2023 en efectivo, mientras que al concejal Eduardo Araya se le sindica el ingreso de 69 millones, principalmente mediante transferencias bancarias.
“Es una investigación independiente, destinada a determinar la posible responsabilidad penal que pueda tener la persona jurídica, Puerto de Coronel, Sociedad Anónima, por el pago de sobornos a autoridades de la comuna de Coronel, que son de elección popular”, explicó la fiscal Lagos.
Hasta el momento, la empresa portuaria no ha sido formalizada como persona jurídica. En esta arista, de acuerdo a la Fiscalía, se indaga si los pagos a autoridades perseguían o no algún beneficio para la compañía.
En relación con la causa principal de este sonado caso, de los $2.500 millones investigados, más de $2.159 millones se asocian al perjuicio atribuido a Puerto Coronel por administración desleal.
Entre los principales mecanismos que se están analizando figura “el uso de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados”.
Según el Ministerio Público, “Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía facturas que servían para justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero, reteniendo una suma a su favor. Por esta vía se le atribuye la extracción de más de $1.022 millones”.
