El Gobierno del presidente José Antonio Kast decidirá poner fin al Plan Calles sin Violencia tal como se implementó en la gestión de Gabriel Boric y optará por desplegar una nueva propuesta para 2027. En el proyecto de Presupuesto se suprime la partida identificada con una de las principales estrategias de seguridad del Ejecutivo anterior, mientras se refuerzan los fondos asignados al denominado Plan FOCO.
La determinación provocó de inmediato la reacción de la exministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien defendió los logros de la iniciativa y advirtió que, si lo único que se pretende es un cambio de nombre, sería un caso «pobre y mezquino de marketing político».
El ajuste queda registrado en el detalle del presupuesto. La línea denominada Plan Calle sin Violencia, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, contó con $13.441 millones en 2026 y para el próximo año aparece eliminada.
No obstante, ese movimiento no necesariamente significa la desaparición de todos los recursos relacionados con la estrategia.
Además, la transferencia al Ministerio Público que en 2026 estaba asociada a Calles sin Violencia pasa a llamarse Plan FOCO en 2027 y se incrementa desde $12.575 millones hasta $26.766 millones, lo que representa un aumento nominal de 112,8%.
De hecho, el informe que contrasta ambas partidas señala de forma explícita que «el Plan Calle sin Violencia se reemplaza por el Plan FOCO».
Gobierno termina con Calles Sin Violencia y apuesta por Plan FOCO
Desde la Subsecretaría de Seguridad Pública explicaron que se trata de una reformulación y no de un recorte de la política: según la entidad, Calles sin Violencia cambia de nombre y continuará con continuidad presupuestaria durante 2027 bajo la nueva denominación Plan FOCO.
La cartera añadió que la modificación se trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para atender observaciones realizadas por la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuestos, incorporando además ajustes en los indicadores que se utilizan para medir los resultados.
Con ello, la administración Kast pretende imprimir su propio sello a una estrategia que se puso en marcha en abril de 2023, en un contexto en que el gobierno de Gabriel Boric enfrentaba un notable aumento de la preocupación pública por los homicidios y delitos violentos.
Tohá cuestiona el fin de Calles sin Violencia
En ese sentido, la decisión fue objeto de críticas por parte de Carolina Tohá, quien lideró el Ministerio del Interior durante gran parte de la puesta en marcha de la estrategia y luego asumió como la primera ministra de Seguridad Pública.
«El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios», afirmó la exsecretaria de Estado.
Tohá resaltó que la medida combinó cuatro ejes de acción: control de armas, persecución penal a través de las unidades ECOH, inversión focalizada en barrios críticos y un aumento de la presencia policial en los sectores con mayores índices de violencia.
Frente al proyecto de Presupuesto 2027, la exministra fue clara al expresar que «el nuevo presupuesto lo descontinúa».
En su opinión, la administración Kast debería conservar los elementos que han mostrado efectividad y ajustar aquellos que requieran mejoras, en lugar de suprimirlos.
«Las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse», sostuvo.
No obstante, su reproche más contundente apuntó a la idea de que Calles sin Violencia continuará simplemente bajo otro nombre.
«Si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político», acusó.
La controversia, en todo caso, supera la mera modificación de un nombre o de una línea presupuestaria. Tohá ya había atribuido a Calles sin Violencia parte del quiebre en la tendencia de homicidios, señalando en 2025 que su puesta en marcha permitió frenar por primera vez en ocho años el incremento de estos delitos e iniciar una caída, aunque entonces admitió que los resultados aún eran insuficientes.
Ahora, mientras el Gobierno sostiene que la estrategia no desaparece sino que será reformulada y reforzada bajo el Plan FOCO, la exministra acusa que se está borrando el nombre de una política impulsada durante la administración Boric para presentarla bajo una nueva marca.
Una disputa que anticipa que, en la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso, el debate no solo versará sobre cuánto se asigna a seguridad, sino también sobre qué políticas sobrevivirán al cambio de gobierno y cuáles quedarán bajo la impronta de la nueva administración.
