—»Soy consciente de la gravedad de mis condenas y sé que esta solicitud requiere una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni minimizar el sufrimiento de las víctimas y sus familias».
Con esas palabras, Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro y condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, presentó esta semana una petición de indulto humanitario al presidente José Antonio Kast.
Tiene 53 años, se encuentra internado en el Hospital Penitenciario de Santiago y, de acuerdo con los antecedentes médicos que acompañan su solicitud, padece un cáncer en fase terminal. Su deseo es pasar el tiempo que le quede en su hogar, acompañado por su esposa y sus hijos.
Según informó este medio, la solicitud fue ingresada al Ministerio de Justicia el 5 de octubre, tres días después de que la Corte Suprema ratificara el rechazo al recurso con el que su defensa intentaba cambiar la modalidad de cumplimiento de su condena. La carta —a la que tuvo acceso BioBioChile— admite la carga de las sentencias, pero pide atender también la fragilidad del hombre que asegura hoy necesitar ayuda para alimentarse, asearse o cambiar de posición en la cama.
La petición combina un fundamento médico con una inevitable arista política: un exlautarista condenado por la muerte de un carabinero solicita un indulto a Kast. La defensa traslada esa tensión a un punto concreto: que los criterios humanitarios se apliquen de igual forma a todos los solicitantes, incluidos quienes están recluidos en Punta Peuco, y que la evaluación presidencial sea “transversal y humanitaria, no sectorial”.
Juan Aliste Vega solicita indulto a José Antonio Kast por cáncer en fase terminal
El nombre de Aliste quedó asociado al asalto al Banco Security del 18 de octubre de 2007, en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Durante la huida fue asesinado el cabo Luis Moyano.
En 2014 fue condenado con penas que suman 42 años de cárcel: 18 por el homicidio de Moyano, 10 por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 por los atracos a los bancos Security y Santander. La sentencia quedó firme tras el rechazo de los recursos de nulidad ante la Suprema.
Ese antecedente está presente en la misiva, aunque el escrito pone el foco en un horizonte mucho más corto: el tiempo que aún podría compartir con su familia.
«No es posible determinar con certeza cuánto tiempo me queda. Por eso le ruego que esta solicitud sea examinada con urgencia», escribe.
Según los informes citados, padece un cáncer con metástasis en los huesos de la pelvis, el hígado y ambos pulmones. Un certificado de julio estimó entonces una expectativa de vida máxima de tres meses. Otro, de septiembre, advirtió sobre el riesgo de fallecimiento en horas, días o semanas.
«El paso de las semanas puede hacer que esa posibilidad se pierda, incluso si posteriormente se concede lo solicitado», señala.
Sus cercanos, en todo caso, aseguran que Aliste está al tanto de la gravedad de su situación, pero que mantiene la decisión de enfrentar la enfermedad. «Consciente de su gravedad, el compañero, como no podía ser de otra manera, está decidido a dar la pelea», comentan.
Aún puedo recibir y manifestar cariño
La carta detalla pérdida de peso, episodios de hemorragia, tratamientos paliativos y una dependencia creciente. También menciona un dictamen del 30 de septiembre que calificó su invalidez como total y definitiva. Su familia, explican, acondicionó una habitación con el equipamiento necesario para atenderlo. El plan incluye un cuidador permanente y coordinación con el equipo de cuidados paliativos.
El propósito lo expresa en términos sencillos: «escuchar a mis hijos, conversar cuando tenga fuerzas, recibir ayuda de mi esposa y sentir su presencia también en los momentos de mayor debilidad».
«Mi enfermedad ha limitado casi todo lo que puedo hacer, pero todavía puedo recibir y expresar afecto», añade.
En su escrito, Juan Aliste Vega reconoce la gravedad de sus condenas y el sufrimiento de las víctimas. Aun así, solicita como primera alternativa la remisión del saldo de las penas individualizadas y, subsidiariamente, su conmutación por una pena menos gravosa que le permita recibir cuidados paliativos en su domicilio.
La defensa solicita una evaluación “no sectorial”
La petición de indulto fue confirmada por la defensa, liderada por el abogado Ricardo Bravo Cornejo, quien sostiene que el motivo central es la enfermedad y las actuales necesidades de atención de Aliste.
«No desconocemos la gravedad de los delitos. Pedimos que se evalúe una medida humanitaria excepcional, de manera individual y considerando los antecedentes médicos y personales del caso», afirma.
Bravo Cornejo admite que Aliste recibe atención en el Hospital Penitenciario y que puede ser trasladado a centros externos. Su planteamiento también enfatiza la importancia del acompañamiento familiar en una etapa terminal.
Pero el abogado añade un elemento que amplía la discusión: asegura haber presentado múltiples solicitudes de indulto para personas recluidas tanto en Punta Peuco como en Colina 1, es decir, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar de Pinochet.
«Creo que el factor humanitario debe evaluarse con criterios objetivos e iguales para todas las personas, considerando cada situación individual», sostiene.
Es en ese punto donde la solicitud interpela políticamente a Kast: la defensa pide que la consideración humanitaria también se extienda a un condenado cuya historia está en las antípodas de los exuniformados para quienes también se piden beneficios.
«El presidente Kast es el presidente de todos los chilenos. Confío en que su mirada en esta materia será transversal y humanitaria, no sectorial, y que aplicará criterios objetivos a cada caso», dice Bravo.
La defensa reconoce que una enfermedad no implica automáticamente un indulto: «No planteo que una enfermedad dé lugar automáticamente a un indulto; planteo que, ante una situación grave, el Estado debe examinar seriamente una respuesta humanitaria», precisa.
El voto que marcó una diferencia en la Suprema
La vía judicial terminó con un rechazo, pero también evidenció una discrepancia. El 2 de octubre la Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había desestimado el amparo, con el voto en contra del ministro Jorge Zepeda.
El magistrado estuvo por acoger la acción para que el Juzgado de Garantía convocara una audiencia urgente, reuniera los antecedentes sobre el estado crítico de salud de Aliste y, tras valorarlos, dispusiera la forma excepcional de cumplimiento solicitada.
En su voto sostuvo que los antecedentes médicos «darían cuenta de que se está frente a un motivo humanitario calificado para decretar la sustitución solicitada».
Su posición quedó en minoría, pero la defensa de Aliste pide que esa opinión sea considerada entre los antecedentes de la solicitud dirigida al presidente.
El ingreso de la petición de indulto al Ministerio de Justicia abre ahora una vía distinta. Aliste solicita tramitación urgente y que se recaben con rapidez los informes médicos, penitenciarios y jurídicos pertinentes. Su defensa reclama una evaluación individual; la carta insiste en que el tiempo es un factor determinante.
«Le ruego que considere la posibilidad de permitirme volver a mi hogar mientras aún pueda compartir con ellas esta última etapa», le escribe al presidente.
