El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 expresaron ante el Congreso su inquietud por los recortes previstos a la educación superior en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.
Ambas agrupaciones presentaron sus reparos ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, advirtiendo que la merma de recursos podría perjudicar el funcionamiento de las instituciones, la investigación y diversos programas orientados a estudiantes.
El CUECh, que agrupa a 18 universidades estatales, afirmó que más del 90% de la reducción propuesta para la educación superior recaería en las instituciones públicas.
La presidenta del organismo y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, advirtió que las restricciones presupuestarias podrían generar efectos que trasciendan el próximo año.
Durán sostuvo que el país no puede retroceder décadas y advirtió que esto constituiría un deterioro y un retroceso para la nación.
La rectora añadió que las universidades estatales impactan a más de 40 mil trabajadores y a más de 200 mil estudiantes, además de concentrar más del 40% de la producción científica del país.
Alertan sobre impactos en la PAES y en estudiantes de regiones
En ese sentido, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, puso el énfasis en los recursos destinados al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), responsable de la aplicación de la PAES.
Explicó que el presupuesto proyectado para el organismo es inferior al de 2026, lo que generaría un déficit que podría traducirse en una reducción de las sedes disponibles para rendir la prueba.
Mizala advirtió que esto afectaría especialmente a estudiantes de regiones y territorios apartados, además de las medidas de apoyo dirigidas a personas en situación de discapacidad.
La rectora remarcó que no están pidiendo un aumento de recursos, sino que se mantengan los montos del año pasado.
El CUECh precisó que el sistema estatal acumularía una reducción de $102.553 millones respecto de la Ley Inicial de Presupuesto 2026, considerando recortes aplicados durante este año y los contemplados en el proyecto para 2027.
A ello, añadió, se suma una pérdida de poder adquisitivo estimada en $50.551 millones debido al reajuste presupuestario planteado, que quedaría por debajo de la inflación proyectada.
Red G9 solicita conservar los aportes estatales
Las observaciones también fueron planteadas por la Red G9, que reúne a universidades públicas no estatales.
Su presidente y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Carlos de la Llera, afirmó que los recortes ponen en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones.
Señaló que un aporte basal existe precisamente para otorgar estabilidad y que pierde sentido si se transforma en una variable de ajuste fiscal de un año a otro.
Desde la organización agregaron que las universidades han debido asumir parte de los costos asociados a políticas públicas que, en su criterio, cuentan con un financiamiento insuficiente.
Tanto CUECh como G9 presentaron ante el Congreso distintas propuestas para hacer frente al escenario presupuestario.
Entre ellas plantearon la restitución de recursos recortados durante 2026, el fortalecimiento de fondos para la educación superior regional, mantener el financiamiento del PACE y permitir un mayor uso de los excedentes del Fondo Solidario.
También solicitaron establecer mecanismos de reajuste que consideren los costos reales de las instituciones y garantizar un calendario oportuno para la transferencia de los recursos estatales.
