El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, salió a precisar sus expresiones relativas al estallido social y al crimen organizado transnacional, luego de que una abogada de derechos humanos acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), poniendo en duda su imparcialidad en las averiguaciones sobre violencia policial.
Al ser consultado por BioBioChile, el persecutor aclaró que no buscó atribuir al estallido social la llegada de organizaciones criminales extranjeras a Chile, sino que pretendió señalar únicamente una coincidencia temporal entre ambos fenómenos.
Asimismo, defendió la labor de la Fiscalía que dirige en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019.
Fiscal Héctor Barros clarifica comentarios sobre vínculo entre estallido y crimen organizado
La polémica se desencadenó tras una entrevista en Radio Universo, donde el fiscal Héctor Barros afirmó que «post estallido aparece la criminalidad transnacional» y planteó que las críticas a Carabineros durante las manifestaciones podrían haber provocado cierta inhibición en los funcionarios para ejercer sus atribuciones.
Esas palabras motivaron la reacción de la abogada Karinna Fernández, quien representó a víctimas de violencia policial y presentó una comunicación ante la CIDH, solicitando al Estado explicaciones y cuestionando la imparcialidad del persecutor.
Frente a la controversia, Barros dijo que sus comentarios fueron parte de una conversación más amplia sobre la evolución de la criminalidad y los recientes homicidios de dos carabineros.
«Me consultaron sobre diversas materias vinculadas a este fenómeno. Entre ellas se abordó lo relativo a los homicidios de dos carabineros registrados en las últimas semanas», declaró a BioBioChile.
En ese marco, afirmó que una parte del debate se centró en las condiciones en que los policías enfrentan actualmente sus procedimientos:
«En ese escenario, se planteó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y la forma en que enfrentan los procedimientos policiales a los que concurren, lo cual pudo verse influido, entre otros factores, por las críticas que Carabineros recibió durante el estallido social», explicó.
No obstante, marcó una diferencia sobre la expansión de las organizaciones criminales foráneas en el país:
«En cuanto al fortalecimiento del crimen organizado transnacional, en múltiples ocasiones se ha señalado que su llegada a Chile es posterior al estallido social en términos temporales, pero no que haya sido causada por él», precisó.
Agregó: «Ese fenómeno se instaló en buena medida durante la pandemia, impulsado por la crisis migratoria y por múltiples factores».
Así, Barros sostuvo su tesis sobre cómo las críticas públicas pudieron afectar la actuación policial, aunque negó que estuviera adjudicando al estallido social el origen del crimen organizado transnacional en Chile.
Barros respalda las investigaciones por violaciones a los DD.HH.
El fiscal también respondió a las críticas de Fernández, quien sostiene que sus declaraciones generan dudas sobre la imparcialidad con la que la Fiscalía Metropolitana Sur investigó las denuncias por violencia institucional durante el estallido.
La abogada solicitó a la CIDH que pida antecedentes sobre los resultados de esas indagaciones, incluidas las decisiones de archivo y de no perseverar, y que requiera los fundamentos de las afirmaciones del persecutor.
Ante ello, Barros defendió la gestión realizada bajo su dirección y recordó que se registraron condenas contra funcionarios policiales.
«En lo que respecta a las causas penales surgidas en el contexto del estallido social, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur lideró numerosas investigaciones que terminaron con condenas a funcionarios de Carabineros por violaciones a los derechos humanos, en coordinación con el INDH y los organismos pertinentes», afirmó.
«Por eso, desde esa perspectiva existe total claridad en la persecución penal, así como en relación con otros ilícitos registrados en aquel periodo», concluyó.
