Un tribunal chileno ordenó a Cruzados, la sociedad anónima que administra al club Universidad Católica, indemnizar a siete aficionados brasileños del Flamengo que fueron víctimas de incidentes ocurridos durante la Copa Libertadores 2022.
Los hechos se registraron en el antiguo estadio San Carlos de Apoquindo, cuando seguidores del equipo universitario profirieron gestos con connotación racista y arrojaron objetos hacia la tribuna visitante, entre ellos una bengala.
La bengala alcanzó a un niño que en ese momento tenía 10 años, provocándole lesiones de consideración.
Como consecuencia de lo sucedido, las personas afectadas presentaron una demanda civil dirigida contra la institución precordillerana, la Conmebol y el hincha identificado como responsable del lanzamiento del elemento pirotécnico.
En consecuencia, Católica deberá pagar 70 millones de pesos a las víctimas del incidente, monto que resulta, de todos modos, inferior a los casi 800 que solicitaba la demanda.
Católica estudia medidas legales
Tras conocerse la sentencia, desde Cruzados informaron por escrito a BioBioChile que fueron formalmente notificados de la resolución emitida por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago respecto a los hechos ocurridos durante el partido entre Universidad Católica y Flamengo de la Copa Libertadores 2022, jugado en el antiguo estadio San Carlos de Apoquindo.
Comentaron que la condena fija una indemnización muy por debajo de lo reclamado originalmente. Nuestros asesores legales están analizando los fundamentos del fallo para evaluar las acciones judiciales que correspondan, añadieron.
El comunicado también subraya que Cruzados reitera su profundo rechazo a lo ocurrido en aquella jornada y expresa nuevamente su solidaridad y empatía con el menor que resultó afectado por el lanzamiento de la bengala. El responsable de este hecho fue plenamente identificado.
Finalmente, el escrito resalta que la seguridad y el bienestar de quienes asisten a los encuentros deportivos son un compromiso permanente para Cruzados. Asimismo, reafirmamos nuestro respeto por las decisiones de los tribunales de justicia y por los procedimientos establecidos en la normativa vigente, concluye la misiva.
