Durante la noche, Irma Mabel Ovalle Oyarzún salió del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, situado en Avenida Circunvalación, después de haber permanecido más de 14 años privada de libertad por el parricidio de su esposo, el suboficial en retiro Didier Celestino Mansilla Rivera.
Sentenciada en 2013 a 20 años de presidio, la mujer seguirá cumpliendo el remanente de su condena bajo un régimen de libertad condicional, beneficio aprobado por la comisión jurisdiccional del Poder Judicial.
Desde el mundo penal precisaron que su egreso del establecimiento no significa la extinción de la pena, sino el cumplimiento del tramo final supeditado a estrictas medidas de supervisión.
El homicidio de 2012 y la polémica por el montepío
El sangriento episodio data del 29 de julio de 2012, cuando Ovalle se puso de acuerdo con Sergio Esteban Escalona Chiguay para dar muerte a Mansilla, un suboficial mayor del Ejército en retiro.
Escalona contactó a la víctima mediante un perfil falso en redes sociales y concertó un encuentro en Punta Arenas.
Ya dentro del vehículo de Mansilla, lo agredió con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte horas más tarde en el Hospital Clínico de Magallanes.
Las investigaciones determinaron que la mujer había pagado a Escalona para consumar el asesinato, por lo que el autor material también fue condenado a 20 años por homicidio calificado.
La puesta en libertad de Ovalle reactiva la atención pública sobre uno de los casos policiales de mayor conmoción en la historia reciente de Magallanes.
Hay que recordar que su nombre ya provocó un intenso debate en mayo pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituirle la pensión de viudez derivada de la muerte de su esposo.
La decisión judicial forzó el pago de montos retroactivos acumulados desde 2017, un monto que llegó a cerca de $150 millones, provocando un amplio rechazo ciudadano por su condición de condenada por parricidio.
La devolución del beneficio se sustentó en que no existía una sentencia civil anterior que declarara de manera expresa la indignidad o la inhabilidad para percibir esa prestación previsional.
