La Fiscalía sostuvo que era imprescindible dejar sin efecto el juicio por el caso SQM, mientras la defensa de Patricio Contesse acusó al Ministerio Público de intentar revisar la prueba como si se tratara de una apelación.
El enfrentamiento tuvo lugar durante las réplicas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del proceso para impugnar la absolución de todos los imputados en una investigación clave sobre financiamiento irregular de la política.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, reiteró que el tribunal oral cometió fallas al ponderar la prueba, dejando de lado declaraciones de policías, fiscalizadores y documentos que, según el Ministerio Público, podían resultar determinantes para acreditar delitos tributarios y cohecho.
La persecutora también respondió a las críticas sobre la relevancia de esos errores y afirmó que la prueba omitida o valorada de manera errónea podría haber alterado el veredicto. Asimismo, rechazó que una posible vulneración del derecho a ser juzgado en plazo razonable obligue al tribunal a dictar la absolución.
“Nuestro criterio es que en cada una de las impugnaciones presentadas existe un argumento verosímil que demuestra que, de haberse evaluado correctamente esa evidencia y, especialmente, el conjunto de pruebas en su conjunto, habría conducido a un fallo condenatorio“, dijo.
Donoso defiende la absolución de Contesse y pone en duda las pruebas de la Fiscalía
Pero Samuel Donoso, defensor de Patricio Contesse, replicó subrayando la larga duración del proceso y la ausencia de antecedentes precisos que, sostuvo, demostraran la participación de su cliente en el delito de cohecho.
El defensor remarcó que Contesse tiene 74 años y que lleva once años y medio vinculado al expediente, de los cuales ha pasado seis años y nueve meses con medidas cautelares de alta intensidad.
Donoso afirmó que el recurso de nulidad no aporta evidencia de que Contesse ofreciera o aceptara entregar beneficios para lograr una actuación determinada de un funcionario público y criticó que los querellantes busquen anular la absolución sin abordar la totalidad de los fundamentos del fallo.
“No existe en el recurso ni una sola alusión a una prueba que demuestre que nuestro representado ofreciera o consintiera en otorgar un beneficio con el propósito de obtener un acto funcionario determinado“, afirmó.
Además sostuvo que “esta sentencia no es una mesa de una pata”, haciendo referencia a las diversas razones que, a su juicio, respaldan la decisión absolutoria, entre ellas la atipicidad de los hechos, la falta de coherencia y la insuficiente evidencia.
La participación de Donoso se produce además en medio de otra indagatoria: el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 11 de diciembre la audiencia en la que se resolverá su petición de sobreseimiento en la causa por presuntas irregularidades en nombramientos judiciales.
Plazo máximo de 30 días para analizar los alegatos
La mañana de este viernes finalizó la exposición de las dos defensas que restaban. En la audiencia, el tribunal estableció un plazo máximo de 30 días para estudiar el expediente y, una vez cumplido, informará la fecha de la resolución.
