El porvenir de Prodemu enfrenta al Gobierno con exautoridades y trabajadoras de la fundación. Mientras el Ejecutivo atribuye su crisis financiera a una deuda superior a los $3 mil millones, exministras, parlamentarias y funcionarias han propuesto conformar una mesa de trabajo para evitar su clausura y garantizar la continuidad de los programas que benefician a miles de mujeres.
Con financiamiento asegurado únicamente hasta marzo de 2027, la continuidad de Prodemu permanece en incertidumbre. Ante este panorama, exautoridades y representantes de sus trabajadoras solicitaron al Gobierno la instalación de una mesa de diálogo con la ministra de la Mujer, Judith Marín, con el fin de explorar alternativas que permitan mantener la fundación operativa.
La inquietud se centra tanto en los programas sociales que Prodemu ha ejecutado durante 36 años, especialmente en zonas rurales, como en el futuro de sus 380 trabajadores, cerca del 90% mujeres.
La senadora y exministra de la Mujer Claudia Pascual (PC) pidió al Ejecutivo encontrar una solución que preserve la institución y sus iniciativas.
“Proponer una mesa de trabajo con el Ministerio de la Mujer, con el gobierno y en especial con la ministra Judith Marín. Queremos, por sobre todo, poner a las mujeres en el centro; esa mirada debe abrir diversas alternativas, menos la del cierre”, sostuvo.
No obstante, las discrepancias también recaen en las razones que generaron la crisis financiera. La ministra Marín responsabilizó a la administración anterior por la situación de Prodemu, que acumula deudas por encima de los $3 mil millones.
Según la secretaria de Estado, el traslado de la presidencia del directorio desde la Primera Dama al Ministerio de la Mujer provocó un daño relevante a la fundación.
Esos planteamientos fueron refutados por la exministra Antonia Orellana, quien aseguró que ese cambio administrativo no alteró el esquema de financiamiento.
“Se transfiere desde la Primera Dama hacia la ministra de la Mujer; el financiamiento se mantiene. No existe una razón técnica para imputar a ese traspaso la crisis financiera”, afirmó.
Marín añadió que el Estado no puede ordenar de forma directa el cierre de una fundación y que corresponde al directorio procurar nuevas fuentes de financiamiento.
Esta alternativa fue cuestionada por la presidenta del sindicato de Prodemu, Fabiola Cayla, quien advirtió que las donaciones privadas no bastarían para reemplazar los recursos públicos con los que históricamente ha operado la institución.
“Desde sus inicios, Prodemu se ha sostenido con fondos públicos. Pretender que con donaciones privadas o recursos similares podamos mantener la fundación es inviable; es imposible que alguien nos entregue una donación de esa magnitud”, sostuvo.
De este modo, mientras el Gobierno mantiene su propuesta de financiamiento para 2027, la presión de exautoridades y trabajadoras apunta a abrir una negociación que evite el cierre de Prodemu.
