El Frente Amplio instó al Gobierno a detener la puesta en marcha de la Ley de Reconstrucción y a reformular el proyecto de Presupuesto 2027 con el fin de reforzar las políticas de empleo y afrontar el incremento del costo de la vida.
La decisión fue tomada por el Comité Central del partido este jueves. Según la colectividad, paralizar la llamada “megarreforma” evitaría una merma en los ingresos fiscales cercana a US$1.000 millones el próximo año y permitiría destinar esos recursos a la creación de puestos de trabajo.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, atribuyó al Ejecutivo la responsabilidad por la coyuntura económica y cuestionó las prioridades reflejadas en el proyecto presupuestario.
«En el Gobierno del desempleo, Quiroz presenta un presupuesto del abandono. Es el presupuesto de Republicanos, que evidencia su ideología y su decisión de reducir el Estado en perjuicio de los derechos sociales».
Agregó que desde el 11 de marzo, con el alza de las bencinas y la implementación de la megarreforma, se han adoptado medidas que golpean a las familias, generando una crisis que el Ejecutivo debe asumir.
Frente Amplio demanda la suspensión de la puesta en marcha de la megarreforma
Entre las modificaciones que reclama el partido se encuentra aumentar la inversión orientada a la reactivación económica, recuperar los fondos para capacitación y financiar los subsidios al empleo.
La secretaria general de la colectividad, Constanza Martínez, criticó que se propongan rebajas tributarias mientras se recortan recursos en otras áreas: “Es inmoral destinar fondos para beneficiar a las grandes empresas y al 1% más rico cuando las familias enfrentan el desempleo y el encarecimiento del costo de la vida. Suspender la megarreforma permitiría disponer de cerca de mil millones de dólares adicionales el próximo año para generar empleo y afrontar la crisis”.
Señaló que no se puede decir a la población que no hay recursos y, simultáneamente, renunciar a ingresos que servirían para reducir los impuestos a quienes más poseen.
El FA también solicitó la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para abaratar los combustibles y aliviar el gasto de los hogares.
Además, exigió la restitución de los recursos que, a su juicio, fueron recortados a las políticas sociales y a los gobiernos regionales, advirtiendo que una menor disponibilidad de fondos podría demorar obras y proyectos necesarios para las comunidades y limitar la inversión destinada a generar empleo.
