Este viernes la Fiscalía sufrió otro traspié en la investigación del llamado “Imperio Ámsterdam”. El tribunal acogió la nulidad de tres resoluciones que autorizaban interceptaciones telefónicas.
La disputa se centra particularmente en la intervención del teléfono de Hernán Bocaz, abogado vinculado a la defensa de los imputados. Se concluyó que no existió la motivación específica que la ley exige para intervenir comunicaciones entre abogados y sus clientes.
La impugnación está relacionada con la norma que fija requisitos especiales para autorizar este tipo de diligencias. Las defensas sostienen que las resoluciones no acreditaron los antecedentes que permitían intervenir las comunicaciones del abogado y además advierten que las escuchas podrían haber influido en otras actuaciones del proceso.
En ese escenario, el abogado David Olmos, defensor del Dispensario Nacional, advirtió que las repercusiones podrían alcanzar otros antecedentes reunidos por el Ministerio Público en este mediático caso.
“El Ministerio Público tiene un mes para reformar los miles de audios y poder entregárnoslos a la defensa para que recién nosotros ahí podamos saber cuál es el impacto. Al menos, el día de hoy el mismo Ministerio Público nos ha hecho ver que uno de esos informes tiene incidencia directa inclusive en la resolución que autorizó la entrada y registro a propósito de esta causa”, señaló.
Así, la decisión abre un nuevo frente para el Ministerio Público. Por su parte, las defensas esperan acceder a la totalidad de los audios para identificar qué conversaciones fueron obtenidas y cómo se emplearon en la investigación. La audiencia quedó suspendida a la espera de la entrega de estos antecedentes, los que permitirán precisar el alcance de la nulidad y sus posibles efectos.
“Perjudica a la Fiscalía”
En esa línea, el abogado Rodrigo Núñez, defensor de Camilo Huerta Milos, advirtió que la controversia podría complicar la preparación de un eventual juicio oral e incluso abrir la puerta a nuevas peticiones de sobreseimiento si los antecedentes disponibles resultan insuficientes para sostener las imputaciones.
“Creo que esta causa tiene varios resquicios desde su inicio. En lo personal, este antecedente que anticipamos sí va a generar problemas para la Fiscalía en la audiencia de preparación de juicio. Nosotros estimamos que, efectivamente, estos elementos terminan deteriorando la posición de la Fiscalía como acusador”, afirmó con firmeza.
De momento, la anulación de las resoluciones no implica que todo el caso haya quedado sin efecto. Las defensas deberán revisar las grabaciones y establecer qué comunicaciones y diligencias podrían verse afectadas por la decisión judicial.
