Los secretarios generales de las fuerzas opositoras se reunieron este jueves en la sede de la Democracia Cristiana para evaluar la Ley de Presupuesto 2027.
La convocatoria tuvo como fin coordinar una postura conjunta frente al debate legislativo del presupuesto fiscal. Bajo ese contexto, en el sector calificaron dos áreas como prioritarias: salud y educación.
En lo relativo a la salud, los dirigentes pusieron énfasis en los fondos asignados a programas y normas que permiten atender a pacientes y asegurar prestaciones.
En ese sentido, rechazaron los recortes anunciados y señalaron que la salud no debe pensarse únicamente desde una lógica de gasto, sino como un derecho que el Estado está obligado a garantizar.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, advirtió que los recortes presupuestarios podrían reducir la capacidad del sistema de salud para responder a las demandas de la población.
“Se ha anunciado un recorte a la Ley Ricarte Soto, y afirmar —como lo hizo la ministra— que no se trata de beneficios sociales sino de leyes demuestra no comprender que esas normas garantizan derechos. Los chilenos y chilenas, y cualquier persona, tienen derecho a la salud”, zanjó.
La educación se constituyó como la otra gran línea roja.
Desde la oposición criticaron la disminución de recursos para diversos programas y pusieron como ejemplo la paralización de iniciativas orientadas a reducir la brecha digital entre estudiantes.
Los dirigentes advirtieron que estas medidas podrían perjudicar a los alumnos más vulnerables y plantearon que el debate debe considerar el efecto que tendrán estas decisiones en las familias.
El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, alertó sobre la merma de fondos para los Liceos Bicentenario, la educación pública y el programa de retención escolar.
“Nadie podría decir que entregar un computador a un niño no incide, o que no entregarlo no traerá consecuencias. En la partida de Educación, el programa de retención de alumnos en el sistema ha sufrido recortes muy significativos”, señaló.
Además de esos dos ámbitos, los dirigentes centraron su atención en el empleo y la inversión pública, cuestionando la reducción de recursos en un escenario marcado por un desempleo de 9,6%.
Desde el sector señalaron que el Estado debería dirigir sus recursos a impulsar proyectos y crear puestos de trabajo, y expresaron reservas frente a posibles ajustes en la administración pública.
Con esos ejes, los partidos del progresismo buscan acudir coordinados al Congreso para enfrentar la tramitación del presupuesto y anunciaron que revisarán cada partida antes de definir sus votos.
