Las Reglas del Uso de la Fuerza, que constituían uno de los avances más destacados de la agenda de seguridad del Gobierno esta semana, se encuentran ahora frente a un nuevo traspié.
De acuerdo con información exclusiva de Radio Bío Bío, 13 senadores de oposición acudieron al Tribunal Constitucional para impugnar dos normas del proyecto, después de que el texto fuera despachado por el Senado este miércoles 7 de octubre con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
En particular, los parlamentarios cuestionan normas vinculadas al principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal.
Según los requirentes, algunas disposiciones permitirían utilizar armas de fuego sin que necesariamente exista un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros; esas observaciones ya habían sido planteadas durante la discusión legislativa.
El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes, afirmó que buscan que el Tribunal Constitucional revise esas disposiciones antes de que la iniciativa culmine su tramitación.
El recurso, además, se presenta en un momento en que el Ejecutivo procura sostener el ritmo de su agenda de seguridad.
Al mismo tiempo, la Comisión de Constitución del Senado despachó esta semana las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que busca endurecer la respuesta frente a jóvenes que cometen delitos graves o de forma reiterada.
Entre las reformas aprobadas se fijó un máximo de 10 años de sanción para adolescentes de 14 y 15 años y de 15 años para quienes tengan 16 y 17 años.
Además, en casos de especial gravedad se exigirá un período efectivo de privación de libertad y la fuga o evasión durante el cumplimiento de una pena pasaría a considerarse quebrantamiento de condena.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, señaló que la modificación está dirigida sobre todo a jóvenes que cometen delitos violentos y que reinciden al entrar y salir del sistema penal.
A esto se suma la nueva reforma constitucional de seguridad que inició su trámite en el Senado, luego de que el Gobierno decidiera no perseverar con su propuesta original.
Ese texto alternativo, impulsado por Pedro Araya, Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi e Iván Flores, concentra la discusión en torno al crimen organizado, régimen penitenciario y Estado de Emergencia.
En ese sentido, Flores también se refirió al requerimiento contra las RUF y aclaró que su postura no significa que no esté de acuerdo con un proyecto que él mismo apoyó con su voto.
Por ahora, el foco vuelve a ponerse en el Tribunal Constitucional.
La acción presentada por los 13 senadores deberá someterse primero a una revisión formal y, si se admite a trámite, el organismo tendrá que resolver sobre las normas impugnadas antes de que las RUF puedan cerrar definitivamente su proceso legislativo.
