El abogado Ricardo Bravo, que actuaba como representante legal de Juan Aliste Vega, señaló que analizarán posibles acciones legales contra el Estado, al que responsabilizó por no asegurar a tiempo la atención médica del exfrentista.
Aliste Vega, condenado a más de 40 años por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago tras sufrir una descompensación, ya que padecía un cáncer en fase terminal.
Esa enfermedad motivó que Vega remitiera hace menos de una semana una carta al presidente José Antonio Kast solicitando el indulto para pasar sus últimos días en su hogar junto a su familia, petición que no llegó a concretarse.
«Creemos que existe responsabilidad civil. Entendemos que el Estado no fue garante con él y lo vamos a estudiar», declaró Bravo.
En ese marco, cuestionó la asistencia que recibió Aliste Vega durante su internación en un recinto penitenciario de Rancagua, donde, según su relato, sus problemas de salud fueron atendidos de forma básica. «Cuando pidió ayuda, le dieron únicamente ibuprofeno e incluso se le negó una silla en el hospital de Rancagua», aseguró.
El abogado aclaró que la atención que recibió posteriormente en el hospital al que fue derivado fue adecuada, aunque sostuvo que el traslado se efectuó cuando su estado ya estaba muy deteriorado. «Consideramos que fue tarde y que el Estado no garantizó su salud», afirmó.
Por otro lado, el defensor explicó que la solicitud de indulto presidencial se presentó como recurso último, en paralelo a otras gestiones judiciales destinadas a modificar las condiciones de cumplimiento de su condena y permitirle optar a la libertad condicional.
Asimismo, afirmó que desde la defensa esperaban que el trámite de indulto se resolviera con mayor celeridad, dadas las graves condiciones de salud de su cliente.
Finalmente, el abogado indicó que la familia deberá ahora realizar los trámites ante el Servicio Médico Legal y que, posteriormente, evaluarán las acciones que consideren pertinentes.
Además, hizo un llamado a debatir las condiciones de atención sanitaria de las personas privadas de libertad y a aplicar criterios humanitarios en casos de enfermedades graves.
