En el marco del Presupuesto 2027, la Dirección de Presupuestos examinó 590 iniciativas y aplicó recortes en 220 de ellas. El Ejecutivo afirma que su objetivo es ordenar las finanzas públicas sin suprimir las ayudas a quienes cumplen los requisitos, aunque las reducciones han generado interrogantes sobre la manera en que se mantendrán las prestaciones.
En esa revisión, el Gobierno puso en cuestión el costo fiscal del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que una parte de esa deuda no se recupera porque los beneficiarios no la pagan.
También se investigan supuestos pagos por raciones que no habrían sido entregadas en contratos de alimentación de Junaeb. El Ejecutivo cita ambos casos para justificar un mayor control y fiscalización.
En ese sentido, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la contención del gasto público y resaltó los recursos dirigidos a fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo.
“Se trata de un presupuesto orientado a contener el gasto. Horas antes del anuncio teníamos una proyección cercana al 1% y el presidente decidió añadir medio punto porcentual más, precisamente con la intención de buscar crecimiento y empleo”.
Uno de los ajustes más cuestionados afecta a Cuidado Alternativo Residencial, dirigido a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. Según CIPER, dicho programa sufriría una reducción de 16 mil 879 millones de pesos en 2027, pese a que la Dirección de Presupuestos le dio una evaluación positiva.
Por su parte, la diputada independiente cercana a la UDI, Marlene Pérez, apoyó la búsqueda de mayor eficiencia, pero rechazó la eliminación de programas sociales por el impacto que eso tendría en las familias.
“Sabemos que existe una restricción fiscal y que hay que optimizar los recursos y emplearlos de manera más eficiente. No obstante, no respaldo que se supriman o recorten los programas sociales, porque detrás de esos programas hay familias”.
La Ley Ricarte Soto también figura con una disminución cercana a los 28 mil millones de pesos. La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que quienes actualmente están cubiertos seguirán recibiendo sus medicamentos, aunque persiste la duda sobre cómo se mantendrá esa cobertura con menos recursos.
En paralelo, la diputada del Partido de la Gente y miembro de la Comisión de Desarrollo Social, Zandra Parisi, exigió garantías de que los ajustes no impliquen una merma del apoyo a las familias vulnerables.
“Porque una cosa es ordenar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de las familias chilenas. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero nunca puede estar separada de la responsabilidad social”.
Por último, el proyecto seguirá su trámite en las cinco subcomisiones de Presupuestos y en la Comisión Especial Mixta, donde se revisarán las partidas y posibles modificaciones. El Congreso cuenta con 60 días para despachar el Presupuesto 2027.
