Guardados en una bodega de San Miguel y con una pérdida que alcanza los $859 millones de pesos. Un informe de la Contraloría General de la República —al que tuvo acceso Bío Bío Investiga— describe la situación actual del Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau. Son 565 bienes adquiridos durante la emergencia por Covid-19 que llevan cuatro años abandonados y perdiendo valor.
El documento precisa que el 28 de octubre de 2021 se informó el cierre del hospital modular. Al mes siguiente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó gratuitamente ese establecimiento al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). Todos los derechos y la propiedad quedaron en manos de ese servicio.
No obstante, la entonces directora del SSMS, Carmen Aravena, señaló que no existía un destino inmediato para reubicar las instalaciones. Las dificultades iban desde los elevados costos de traslado hasta razones logísticas, ya que eran elementos de gran tamaño. Por ello permanecieron almacenadas en una bodega.
“Posteriormente, consultado el Servicio respecto de las acciones desarrolladas con posterioridad a la recepción de tales bienes, informó que no efectuó gestiones, consultas ni comunicaciones destinadas a definir su uso, reutilización, reasignación o transferencia a otros organismos públicos”, resume el oficio del organismo presidido por Dorothy Pérez.
De ese modo, aunque inicialmente se mantuvo en el Barros Luco Trudeau, después despacharon el hospital modular a una bodega en San Miguel, donde ha permanecido inactivo durante cuatro años.
Hospital de emergencia
Durante la pandemia por Covid-19, la Subsecretaría de Redes Asistenciales autorizó el 6 de abril de 2020 la contratación urgente de hospitales de campaña modulares. La intención era clara: incrementar la disponibilidad de camas ante el colapso hospitalario.
Fue así que en marzo el Ministerio de Salud y la empresa Weatherhaven Global Resources suscribieron un contrato de compraventa por cinco hospitales modulares, cada uno con capacidad para 100 personas. La infraestructura debía incluir diez módulos de hospitalización, baños, comedor, sala de estar, cocina, farmacia y dormitorios para el personal.
El conjunto implicó un gasto de 13,7 millones millones de dólares (equivalentes a unos 9.718 millones de pesos en ese momento).
Uno de esos módulos fue destinado directamente al Hospital Barros Luco Trudeau, lo que sumó otros 2.102 millones de pesos entre traslado y adquisición.
Para junio de 2020, la estructura modular ya se encontraba instalada en una cancha de fútbol contigua.
Traslado a San Miguel
Su operación se extendió hasta el 31 de octubre de 2021. Posteriormente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales cedió gratuitamente la titularidad al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), quedando en manos de este último todos los “derechos y acciones”.
Ahí surgieron las primeras dificultades. El SSMS remitió un informe para determinar, en primer lugar, la valoración y la vida útil de los bienes, y señaló además que “no contaban con un destino próximo de utilización, toda vez que se trataba de una infraestructura de carácter temporal”.
“En atención a ello, indicó que los posibles escenarios de destinación y uso de la infraestructura se limitaban, principalmente, a su desarme y bodegaje, o bien a un eventual traspaso a otra institución”.
En ese intertanto, el 11 de mayo de 2023 se adjudicó una licitación para la mantención, desarme y embalaje del hospital modular. La empresa Minera y Constructora Río Grande SpA se quedó con el contrato por más de $187 millones.
Fue esa compañía la que trasladó el material hasta una bodega en San Miguel; además realizaron labores de limpieza, cerraron el perímetro con rejas y colocaron pallets para proteger los suministros.
En ese depósito quedaron los catres clínicos, mesas de alimentación, estanterías, camillas, lavamanos e incluso sillas de ruedas.
En el mismo oficio la directora del SSMS confirmó que “no existía un destino próximo para tales bienes”. La Contraloría constató que no se ejecutaron gestiones, consultas ni comunicaciones para su reasignación o transferencia.
“En consecuencia, se constató la ausencia de actuaciones concretas orientadas a dar uso efectivo a los 565 bienes muebles transferidos, los cuales han permanecido inmovilizados por más de cuatro años”, expone el informe.
Falta de gestiones
Ante esta situación, la Contraloría concluyó que se infringió la norma que obliga a las entidades estatales a administrar eficientemente los recursos públicos.
“Se evidenció una administración ineficiente de recursos estatales y ocasionó la prolongada falta de uso de activos susceptibles de ser utilizados para fines sanitarios u otros propósitos de interés público.”
A ello se suma que la ausencia de acciones propició el deterioro y la depreciación de los bienes.
El Servicio de Salud Metropolitano Sur explicó que la decisión de desmontar la infraestructura respondió al fin de la alerta sanitaria y añadió que su mantenimiento representaba un costo de $4.584 millones.
“Por esa razón se optó por su desarme y almacenamiento como reserva estratégica susceptible de utilización futura frente a eventuales emergencias sanitarias o catástrofes”, justificaron.
No obstante, la Contraloría sostuvo que, aunque se comprenden las razones operativas, ello no exime ni justifica la falta de gestiones para su transferencia.
Objetos perdidos
El informe también pone de manifiesto otras inconsistencias. Por ejemplo, se encontraron discrepancias entre el inventario del 17 de marzo de 2021 y el de 2026 respecto a ciertos elementos que figuraban antes y que al momento de la revisión no aparecían.
Entre esos artículos se mencionan un berger, un glucómetro, una impresora, una mesa de centro, un microondas, un sillón de dos cuerpos y un televisor de 40 pulgadas.
El Servicio de Salud afirmó que algunos de esos objetos permanecen en el hospital y que otros fueron dados de baja.
Asimismo, hay 13 bienes muebles que hasta ahora no han sido localizados. Entre ellos figuran una lavadora, una plancha eléctrica, una secadora, un oftalmoscopio y un kit de protección radiológica.
Además, se registraron tres lavadoras y tres secadoras que aparecían como extraviadas y en búsqueda, pero al mismo tiempo constaban en el inventario con ubicación en la bodega de San Miguel.
“El servicio manifestó que cuenta con registros verificables que acreditan el ingreso regular de dichos bienes al recinto de acopio institucional. Agregó que, considerando que la custodia y resguardo de tales dependencias se encontraba a cargo de un tercero, procedió a notificar formalmente a la empresa prestadora de los servicios de seguridad y vigilancia, exigiendo la restitución de las especies o, en subsidio, la correspondiente indemnización por su pérdida”.
Finalmente, los elementos fueron devueltos por la empresa encargada de custodiar la bodega.
Otro aspecto observado es que el depósito donde se guarda el hospital modular presenta varias deficiencias, por ejemplo, un socavón en el borde de la reja.
“Esta condición no permite el acceso seguro y expedito a la totalidad de las áreas de almacenamiento, lo que dificulta las labores de inspección, control y mantención de los bienes allí resguardados, además de representar un potencial riesgo para la integridad de los funcionarios que desarrollan
tareas en dicho recinto”, detalla
“Aclaradas y reguladas”
Aunque el valor de adquisición superó los dos mil millones, la depreciación contabilizó los bienes en $859 millones a la fecha de la revisión. Por ese motivo, la observación de Contraloría alcanza dicha cifra. La CGR presentó un reparo para intentar recuperar ese monto para las arcas fiscales.
Desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur respondieron a Bío Bío Investiga que el monto que Contraloría solicita reparar no corresponde desembolsarlo por parte del organismo público.
Lea a continuación su respuesta:
El reparo formulado por Contraloría por $859.629.807 corresponde a la depreciación contable de los bienes del Hospital Modular durante el período en que han permanecido almacenados, por lo cual el Servicio de Salud Metropolitano Sur no debe desembolsar ese monto.
Tras una licitación pública, el Hospital Modular fue desarmado y sus componentes se mantienen embalados y bajo resguardo institucional. No ha existido un proceso de venta y, dadas sus características y capacidad clínica, no se ha considerado su reinstalación en el Hospital Barros Luco Trudeau, cuyas necesidades asistenciales actuales son de mediana y alta complejidad.
Las diferencias entre inventarios detectadas durante la fiscalización fueron aclaradas y regularizadas por el Servicio. Actualmente, se están abordando las observaciones relativas a las condiciones de la bodega y, conforme a lo requerido por Contraloría, se deberá implementar un plan que defina el destino de los bienes, considerando alternativas de distribución, transferencia o reutilización, dentro de los plazos establecidos por el organismo fiscalizador.
