Las propuestas penitenciarias de José Antonio Kast, los indultos presidenciales y el rumbo de las políticas de derechos humanos son algunos de los asuntos que siguen de cerca Jaime Gajardo (PC), exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric y actualmente académico de la Universidad Diego Portales (UDP). Aunque ya no integra el gabinete, continúa atento a las decisiones de su sucesor, Fernando Rabat, y no duda en criticar las que estima necesarias.
En diálogo con BioBioChile, Gajardo lanzó duras críticas a las promesas penitenciarias de Kast, afirmó que las cifras presentadas en campaña eran inalcanzables y denunció que el Ejecutivo convirtió los traslados de reclusos peligrosos en un espectáculo mediático que pone en riesgo la seguridad nacional.
No obstante, es en el ámbito de los derechos humanos donde su tono se intensifica. Al comentar la solicitud de indulto humanitario de Juan Aliste Vega y el respaldo que ha recibido desde sectores republicanos, Gajardo habló de una “moneda de cambio inmoral” y lanzó una acusación directa al Presidente: “El compromiso del presidente está con los victimarios y no con las víctimas”. Además, advierte un debilitamiento del Plan Nacional de Búsqueda.
El exsecretario de Estado también dejó en claro sus posturas frente a los debates que atraviesan la justicia y la política chilena, incluyendo el eventual regreso a la actividad política en Chile de Michelle Bachelet.
Exministro Jaime Gajardo sobre las promesas penitenciarias
—Kast ofreció 100.000 nuevas plazas carcelarias durante la campaña, pero las cifras que conocemos ahora son bastante menores. Usted ya había advertido que esa promesa era imposible de cumplir. ¿Cómo ve lo que está pasando?
En su momento le dijimos, cuando el presidente era candidato, que prometer 100 mil plazas era totalmente inviable. A pesar de ello, él no solo desestimó nuestras advertencias, sino que aseguró que al gobierno de Boric le faltaba carácter y capacidad para hacer lo que él proponía.
Por ello, lo primero que quiero señalar es que el gobierno del presidente Boric fue el que logró diseñar un plan maestro de infraestructura penitenciaria para enfrentar un problema de larga data. Las plazas no habían aumentado desde 2012 y, de hecho, se habían clausurado establecimientos penitenciarios.
La gestión de Boric, en primer lugar, elaboró ese plan maestro; en segundo lugar, lo dotó de recursos; y en tercer lugar, comenzó a implementarlo.
Durante la administración anterior se generaron más de 5.000 plazas. Además, se proyectaron 15.000 adicionales para el futuro y otras 15.000 quedaron en evaluación. Es un proyecto factible, posible y técnicamente sólido. En lugar de respaldarlo, el candidato Kast lo deslegitimó, y su propuesta, sin explicar cómo la iba a materializar, resultó claramente irreal. Insistieron en una cifra fantasiosa que, una vez electos, comenzaron a reducir: primero la bajaron a 40.000, luego a 20.000. Los recursos previstos para 2027 en este ítem apenas contemplan un aumento cercano a 2.700 plazas, que corresponden básicamente a proyectos heredados del gobierno de Boric.
Por eso resulta sorprendente la distancia entre las promesas hechas en campaña y la realidad.
—Se le nota bastante molesto con este tema. ¿Cree que Kast hizo esa promesa sabiendo que era imposible cumplirla?
Sí, hay molestia porque las promesas fueron irresponsables, poco serias y técnicamente inviables. A pesar de que se les advirtió reiteradamente, insistían en que lo único que hacía falta era voluntad, cuando lo que se requería eran condiciones técnicas y recursos. Por eso sus anuncios resultaban inverosímiles y carentes de rigor.
—Entonces, ¿las nuevas plazas penitenciarias que podrá inaugurar el gobierno de Kast corresponden, en realidad, a proyectos heredados de administraciones anteriores?
Exacto. Provienen de un largo estudio realizado en el Ministerio de Justicia. Este gobierno llegó con la idea de refundar muchas cosas. Nosotros fuimos muy claros: los proyectos que están en cartera son proyectos de Estado. La política penitenciaria es una política de Estado heredera de iniciativas anteriores, y no tuvimos problema en reconocerlo.
—¿Por ejemplo?
El penal que inauguramos (la cárcel de la Laguna en Talca) se originó con la presidenta Bachelet, continuó con el presidente Piñera y nosotros lo terminamos. Sin embargo, el gobierno del presidente Kast no reconoce que lo que hoy está concretando proviene de administraciones anteriores. En la gestión previa se retomó una tarea que se había abandonado, pues desde la administración del presidente Lagos no existía un plan maestro de infraestructura penitenciaria.
Así, el presidente Boric recuperó esa idea para construir más plazas, retomando planteamientos que venían desde el gobierno de Lagos, generó el plan maestro y lo llevó adelante. Es necesario tener la grandeza de reconocer que hay medidas valiosas que provienen de gobiernos anteriores.
Nosotros en su momento reconocimos numerosos proyectos del gobierno del presidente Piñera que nos parecían adecuados. Por ejemplo, la iniciativa que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensa de las Víctimas nos pareció positiva; la adoptamos, la mejoramos con más recursos y conseguimos que hoy sea ley de la República.
—Kast también prometió recuperar el control de las cárceles. Usted estuvo a cargo de Gendarmería. ¿Chile había perdido el control de sus cárceles?
Durante la campaña circularon muchos lemas sobre la supuesta pérdida de control en las cárceles. Las fuentes serias apuntan a que Chile, pese a sus problemas como cualquier sistema penitenciario, mantiene el control de los recintos. No me sumo a la narrativa del descontrol: el Estado y Gendarmería siguen ejerciendo la autoridad.
—Pero el exdirector de Gendarmería Christian Alveal sostuvo que afirmar que el Estado tiene el control de las cárceles es faltar a la verdad…
Creo que hay distintos grados de control. En nuestro país no sucede lo que se ha visto en otros lugares de la región, donde las bandas del crimen organizado dominan los penales; basta ver lo ocurrido en Ecuador o Brasil. Eso en Chile no ocurre.
No obstante, hay múltiples ámbitos que requieren mejoras. Es imprescindible terminar con la sobrepoblación de los penales —de ahí el plan maestro— y fortalecer las políticas de máxima seguridad para combatir al crimen organizado, pero eso difiere del eslogan que planteaba un descontrol absoluto dentro de los recintos.
—Y sobre los traslados de reos peligrosos que ha mostrado el Presidente, incluso por televisión, ¿qué le parece esa forma de actuar? ¿Es una medida efectiva de seguridad o cree que hay más espectáculo que resultados?
Fue una puesta en escena, un show comunicacional que en realidad pone en riesgo las políticas de seguridad penitenciaria. Los traslados son momentos críticos del sistema y la Ley Orgánica de Gendarmería establece que estas materias son reservadas y no deben hacerse públicas porque exponen la operación del sistema.
El gobierno de Kast actuó justo al revés para intentar subir en las encuestas, mostrándolo en televisión; a mi juicio, esa decisión no solo pone en riesgo a los funcionarios que realizan los traslados, sino que además compromete la seguridad nacional. Es una acción irresponsable que demuestra que el Ejecutivo está más preocupado por los slogans comunicacionales que por políticas efectivas.
—Usted alcanzó a reunirse con el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat durante los traspasos. ¿Han vuelto a conversar después de eso? ¿Le han pedido alguna opinión sobre lo que está haciendo el Gobierno?
Tras eso tuvimos una reunión con exministros de Justicia donde se nos consultaron ciertos temas y en la que personalmente expresé mis preocupaciones por las políticas de derechos humanos que estaba impulsando el gobierno. Desde entonces hemos tenido encuentros muy breves, ya sea en la Comisión de Constitución del Senado o en seminarios académicos, más bien conversaciones de pasillo. Pero en esa reunión pude manifestar mis reparos sobre las políticas en materia de derechos humanos.
Indultos presidenciales y el caso de Aliste Vega
—Pasemos a un tema que ha generado discusión esta semana: los indultos. Conocimos la solicitud de Juan Aliste Vega, condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano. ¿Usted es partidario de que los presidentes sigan teniendo la facultad de indultar?
Más allá de mi preferencia, esa es una atribución establecida en la Constitución. Considero que los indultos deben ser completamente excepcionales y acotarse a razones estrictamente humanitarias o a cambios profundos en paradigmas judiciales.
—¿Como en qué casos?
Por ejemplo, el caso de Katty Hurtado, que es extremadamente dramático: una mujer víctima de violencia intrafamiliar que además sufrió violencia estatal durante su custodia en Gendarmería y que requería algún tipo de reparación. En situaciones así, donde al ser juzgada no existía aún una perspectiva de género, un indulto puede justificarse. Pero insisto: los indultos tienen que ser una herramienta excepcional y con límites sustantivos.
En mi opinión, quienes han sido condenados por terrorismo no deben recibir indulto bajo ninguna circunstancia, y lo mismo aplica para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
—Entonces, en el caso de Aliste Vega, cuya defensa asegura que tiene un cáncer terminal ¿cree que debería recibir ese beneficio?
Desconozco los antecedentes del indulto: esos documentos son reservados, solo sabemos que presentó una solicitud y yo no he tenido acceso. Puedo decir, sin embargo, un par de cosas: creo que no hay justificación para indultar a criminales de lesa humanidad ni a personas condenadas por terrorismo. Esos deben ser límites insoslayables.
Asimismo, no existe fundamento para plantear que es posible indultar a criminales de lesa humanidad con el argumento de que participaron en grupos opuestos a la dictadura de Pinochet.
—Y aquí hay algo bien llamativo. Sectores republicanos han respaldado la solicitud de Aliste Vega, pese a su pasado como lautarista, que representa una posición completamente opuesta a la de la derecha. ¿Cómo interpreta ese respaldo?
Inmoral. Inmoral… Entiendo esto como una moneda de cambio absolutamente inmoral en su planteamiento. Si piensan que con ello van a convencer a personas con convicciones humanistas para aceptar el indulto de criminales de lesa humanidad —autores de los delitos más atroces según el derecho internacional y nacional— están completamente equivocados.
—O sea, usted no les cree cuando dicen que están actuando por razones humanitarias…
Creo que se trata de una moneda de cambio inmoral, absolutamente reprochable.
—Kast prometió indultos durante la campaña e incluso visitó a condenados por violaciones a los derechos humanos. Con todo lo que está pasando, ¿cree que el Gobierno está preparando el camino para cumplir esa promesa?
Desgraciadamente, percibo que el compromiso del presidente está más cerca de los victimarios que de las víctimas. Yo esperaría lo contrario: que el jefe de Estado se pusiera del lado de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos, y de un país que quiere que esto nunca más se repita. Para que no vuelva a ocurrir hay que mirar las heridas del pasado, y desearía que el compromiso presidencial estuviera con las víctimas, no con quienes cometieron esos crímenes.
Situación del Plan Nacional de Búsqueda
—Usted me contaba que habló personalmente con el ministro Rabat sobre sus preocupaciones en derechos humanos. Quiero detenerme en el Plan Nacional de Búsqueda, ¿cómo ha visto lo que está pasando con el plan desde que llegó Kast? ¿Le preocupa su continuidad?
Lo he manifestado tanto en privado con el ministro Rabat como públicamente: me preocupa que en los hechos el Plan Nacional de Búsqueda se haya debilitado. Primero, se han sustituido a personas clave con una larga trayectoria en esta política pública. Segundo, el ministro aún no se ha reunido con las agrupaciones de familiares de detenidos y ejecutados políticos ni con los principales representantes de las víctimas de violaciones durante la dictadura. Y tercero, el gobierno ha mostrado una absoluta incapacidad para condenar esos hechos y, además, con la presentación del presupuesto vemos una reducción importante de los recursos para los Sitios de Memoria y para las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda.
En los hechos asistimos al debilitamiento de esta política pública. No plantean abiertamente que la terminarán porque no tienen la valentía de exponer sus convicciones, pero sus actuaciones muestran afinidad con quienes cometieron esos delitos: buscan justificar lo ocurrido en la dictadura en vez de promover la protección de los derechos humanos para que no se repita.
—El caso de Bernarda Vera generó muchos cuestionamientos ¿cree que se aprovechó políticamente para desacreditar el Plan Nacional de Búsqueda?
Sin duda, y es paradójico porque el caso de Bernarda Vera fue esclarecido gracias al propio funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Hoy sabemos lo que ocurrió porque el plan identificó el caso, puso los antecedentes a disposición de la justicia y entregó las pruebas que demostraban la presencia de esa persona en Argentina. Un caso que cumple con los objetivos del programa lo usan para desprestigiarlo.
Además, mientras utilizan ese caso, guardan silencio ante el caso de Luis Alberto Pino Soto, un niño de 15 años detenido y desaparecido en los años 80 por participar en movilizaciones estudiantiles. Por un error no figuraba en la nómina del Informe Rettig, pero el Plan Nacional de Búsqueda lo identificó y, tras sentencias firmes de este año, fue incorporado oficialmente a la lista de personas detenidas y desaparecidas del país.
Así que no solo resulta paradójico que ataquen al programa por un caso que el propio programa sacó a la luz, sino que también evidencia que no les interesa genuinamente esclarecer lo ocurrido: del caso de Luis Alberto Pino Soto no dicen una palabra.
Inteligencia artificial en tribunales
—Esta semana conocimos el caso de un tribunal que utilizó inteligencia artificial para redactar los fundamentos de una sentencia. ¿Qué le pasa a usted con esto? ¿Qué riesgos ve para la justicia?
Es un asunto gravísimo. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable y debe ser realizado por un juez; no puede entregarse a quien no tiene esa función, y menos a algo que no es humano. Resulta preocupante porque la confianza ciudadana en la justicia está en niveles muy bajos y esto solo siembra más dudas sobre el ejercicio de una tarea esencial en un Estado democrático de derecho.
Es imprescindible que la Corte Suprema actúe de inmediato, regule el uso de estas herramientas y aplique medidas disciplinarias donde corresponda para que los responsables respondan por sus actos. La IA puede servir para buscar jurisprudencia, pero en ningún caso para reemplazar una decisión judicial.
—¿Y qué debería pasar ahora? ¿La Corte Suprema tendría que intervenir y sancionar?
Sin duda. Debe procederse con rapidez y dar certeza a la ciudadanía de que se trata de un hecho excepcional y que quienes cometieron estos actos rendirán cuentas. Debemos cuidar el sistema de justicia, lo cual exige garantías institucionales y que las personas que ejercen la jurisdicción sean conscientes del rol que desempeñan en la sociedad. La Corte tiene que actuar de manera rápida, oportuna y severa y establecer cuanto antes un mecanismo regulatorio.
—Pero entonces, usted no está en contra de que los jueces usen inteligencia artificial. El problema es para qué la utilizan, ¿cierto?
Exacto: son herramientas que pueden ser muy útiles para buscar jurisprudencia o revisar aspectos puntuales, pero en ningún caso para sustituir una resolución judicial.
—¿Qué pasa con las personas involucradas en ese juicio? ¿Podrían cuestionar el fallo o incluso conseguir que se anule?
Esto abre preguntas nuevas, pero en todo caso las partes de ese proceso deberán evaluar las alternativas que tengan a su disposición. Desconozco los plazos concretos, pero imagino que al menos cabe la vía de un recurso de queja u otras impugnaciones.
Michelle Bachelet
—Michelle Bachelet dejó abierta la posibilidad de volver a La Moneda. ¿Cómo recibió usted esa señal? ¿Es una buena noticia para la izquierda o también muestra que al sector le está costando encontrar nuevos liderazgos?
Creo que es una excelente noticia para el país: contar con la expresidenta siempre será un privilegio. Bachelet es una líder de proyección internacional, la primera mujer en presidir el país y quien impulsó políticas públicas orientadas a una mayor igualdad, como la gratuidad universitaria para jóvenes sin recursos y avances en salud pública. Por eso me parece muy positivo que la expresidenta esté activa políticamente y centrada en el país.
—Le pregunto directamente: ¿a usted le gustaría que Michelle Bachelet volviera a ser candidata presidencial?
En una oportunidad me hicieron esa misma pregunta cuando era ministro y respondí que sería un privilegio tenerla como candidata; sería un enorme honor volver a verla como presidenta.
—¿Y cree que el Partido Comunista también estaría dispuesto a apoyarla? ¿Hay ese ánimo dentro del partido o todavía hay diferencias?
Esas son discusiones que deben darse al interior del partido en su momento. No tengo dudas sobre el valor de la expresidenta, pero corresponde que el partido lo analice en las instancias correspondientes. Personalmente repito: es un privilegio que la expresidenta esté activamente en la política nacional; sería un gran honor que fuera nuestra candidata y que regresara a la Presidencia, pues es una mujer con un liderazgo capaz de contribuir a la construcción de un país más igualitario.
—Kast le quitó el respaldo a Bachelet para llegar a la ONU y ha sido bastante crítico de ella. ¿No cree que el propio Presidente terminó ayudando a que Bachelet volviera a tomar protagonismo político?
No lo tengo tan claro, pero desde mi perspectiva resulta incomprensible que no se apoyara a la expresidenta para uno de los honores más importantes que pudo haber recibido el país, salvo por motivaciones ideológicas extremas.
Me parece que faltó la visión de Estado que uno espera del jefe de Estado. Es difícil entender que no se haya respaldado a quien fue dos veces presidenta, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y ministra en distintos cargos, y que ha demostrado un compromiso con los derechos humanos capaz de cuestionar a potencias cuando corresponde. Me inclino a pensar que primó la mezquindad de posiciones extremas más que una mirada de estadista.
—¿Cree que Kast y su sector le temen políticamente a un posible regreso de la expresidenta a La Moneda?
No puedo responder por los temores de otros, pero lo que sí veo es, como he dicho, una muy buena noticia y una importante esperanza para el país que la expresidenta Bachelet esté activa en la política nacional.
