Juan Manuel Aliste Vega, antiguo miembro del Movimiento Lautaro, falleció esta mañana a los 53 años en el Hospital Penitenciario de Santiago, debido a un cáncer terminal con metástasis.
Se encontraba cumpliendo una pena de 42 años de cárcel por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido en octubre de 2007 tras un asalto al Banco Security en el centro de Santiago. Fue capturado en Argentina en 2010 y sentenciado en 2014.
Su deceso ocurrió seis días después de que el Ministerio de Justicia recibiera una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, en la que el exlautarista pedía un indulto presidencial para poder pasar sus últimos días en su domicilio.
La muerte de Aliste Vega volvió a poner sobre la mesa un debate político que permanece abierto: ¿cómo se garantiza la dignidad de las personas privadas de libertad en el momento de su muerte? ¿Y cuáles deberían ser los criterios para otorgar un indulto?
En ese contexto, el Partido Republicano expresó su apoyo a concederle el beneficio, señalando que una persona con una enfermedad terminal ya no representa un peligro para la sociedad.
Siguiendo esa postura, el diputado Agustín Romero enfatizó la importancia de proteger los principios que amparan el indulto.
“En este caso concreto, lo que ocurrió fue el desenlace que imponía la enfermedad y frente a eso no tengo comentario alguno que hacer. Solo decir que los principios deben ser siempre defendidos”.
Por su lado, el diputado Luis Fuentes, también de Republicanos, afirmó que la posibilidad de otorgar un indulto es uno de los principios que diferencian a la sociedad de quienes cometen delitos y que “la brutalidad con que muchos actuaron durante sus vidas no debiera impedir que nosotros mostremos humanidad”.
No obstante, esa posición también generó tensiones al interior del partido. El 7 de octubre, la diputada Macarena Santelices renunció a Republicanos y retornó como independiente a la bancada de la UDI, rechazando que el caso se usara como moneda de cambio para otros indultos.
Dentro de Chile Vamos, el apoyo de Republicanos también recibió objeciones. Tanto la UDI como Renovación Nacional se distanciaron de esa postura y plantearon la necesidad de instituir una regulación general para los condenados con enfermedades terminales.
Entretanto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que no hay decisiones tomadas. En la actualidad, la facultad de otorgar un indulto particular corresponde al Presidente de la República.
Por otra parte, sectores de la oposición sostuvieron que el respaldo de Republicanos al indulto de Aliste Vega podría pretender abrir la puerta a medidas similares para condenados por violaciones a los derechos humanos, incluidos internos del antiguo penal Punta Peuco.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que “esto podría favorecer a criminales de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad no dan acceso a beneficios carcelarios y son imprescriptibles”.
Mientras no exista una normativa general, la discusión continuará abierta. Aliste Vega falleció sin que su petición hubiese sido resuelta, en medio de un debate que también afecta a otros condenados con enfermedades terminales y a las condiciones en que podrían pasar sus últimos días fuera de la cárcel.
Información: Emilio Schwartz
