“Con el transcurso de las semanas esa posibilidad puede perderse, aun cuando luego se llegue a conceder lo solicitado”. Juan Aliste Vega dejó esa advertencia en la misiva con la que pidió un indulto humanitario a José Antonio Kast.
Falleció este domingo 11 de octubre, seis días después de que la solicitud ingresara a Justicia, sin que hubiera una decisión sobre ella. En ese lapso, su petición recibió un respaldo inesperado desde Republicanos, provocó una renuncia y quedó inserta en la discusión sobre los condenados alojados en Punta Peuco.
El caso terminó polarizando entre quienes abogaban por un criterio humanitario de carácter transversal y quienes se opusieron a que se utilizara ese argumento para facilitar beneficios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
Macarena Santelices renunció al partido fundado por Kast; desde la izquierda, el exministro Jaime Gajardo calificó ese apoyo republicano de “inmoral”. La defensa de Aliste, por su parte, rechaza cualquier instrumentalización y sostiene que tampoco recibió datos claros sobre el estado del expediente.
Para Kast la encrucijada se vuelve mayor: en su campaña ofreció indultos y ya en la presidencia ha defendido que cada petición debe analizarse individualmente. Su colectividad sigue apoyando medidas transversales y los libertarios presionan por respuestas rápidas, mientras otras voces cuestionan equiparar delitos comunes con violaciones a los derechos humanos.
Todo esto ocurre cuando fuentes de este medio auguraban posibles novedades durante octubre, sobre todo en expedientes ligados al 18-O.
Seis días
Juan Aliste Vega tenía 53 años, padecía cáncer en fase terminal y permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago. El excaminar del movimiento Lautaro purgaba penas que sumaban 42 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, el homicidio frustrado de otro carabinero y dos asaltos bancarios.
“Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable”, escribió. Reconoció el dolor de las víctimas y solicitó que se le permitiera recibir cuidados en su domicilio, junto a su esposa y sus hijos.
La petición, revelada por BioBioChile, ingresó el 5 de octubre al Ministerio de Justicia. Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, afirma que pidieron expresamente trámite urgente, pero hasta el deceso no les solicitaron formalmente antecedentes adicionales:
“Entendíamos que los informes médicos disponibles eran suficientemente pertinentes para justificar una evaluación prioritaria”, declaró a este medio. “Sin embargo, nunca recibimos información clara sobre la etapa exacta en que se encontraba el expediente”, agregó.
En ese contexto, allegados al caso creían que el indulto podía resolverse a tiempo o, al menos, que habría alguna notificación sobre la situación de la solicitud.
El 7 de octubre, Fernando Rabat declaró a 24 Horas que se enteró por la prensa y que correspondía continuar con la tramitación habitual. “No hay decisiones adoptadas a este momento”, indicó.
Fuentes gubernamentales señalaron que, al fallecer Aliste Vega, Gendarmería estaba recabando los informes de conducta, psicológicos y médicos necesarios para la evaluación, y que esa documentación no había llegado al ministro Fernando Rabat para su revisión.
Indulto como última alternativa de Aliste Vega
Según su abogado, Aliste prefería una solución a través de los tribunales. El recurso del indulto apareció ante el agravamiento de su estado de salud y los tiempos que implicaban las decisiones judiciales.
La defensa siguió impulsando otras vías y, en ese marco, el 7° Juzgado de Garantía adelantó al 26 de octubre la audiencia —inicialmente fijada para el 17 de noviembre— destinada a revisar el cumplimiento de la condena. Aliste falleció quince días antes de esa nueva fecha.
“Si hubiéramos obtenido judicialmente la petición que estábamos impulsando, habríamos retirado el indulto, porque siempre entendimos que la solución debía venir de los tribunales y no de una herramienta política o discrecional”, explica Bravo Cornejo.
La normativa no fija un plazo concreto para que el presidente se pronuncie sobre un pedido de indulto, y por eso el abogado critica que esa discrecionalidad deje a los solicitantes sin una respuesta oportuna:
“Que exista una facultad discrecional no puede traducirse en la ausencia de plazos, mecanismos de seguimiento o el deber de informar cuando se trata de una situación médica terminal”, afirma.
En estos momentos, la defensa ya está evaluando recurrir por vías legales adicionales.
El inesperado respaldo republicano que abrió una ruptura
El apoyo sorpresivo de dirigentes del Partido Republicano apareció al segundo día; no fue fortuito e incluyó de manera explícita a otros internos. Tras la muerte de Aliste Vega, esa postura se mantuvo.
Cristián Araya sostuvo que considerar motivos humanitarios para Aliste implicaba también evaluar a presos de Punta Peuco que presenten condiciones de salud equivalentes. Este domingo reiteró: “Los indultos humanitarios deben analizarse con celeridad. Estamos hablando de vidas humanas”.
José Carlos Meza ratificó el respaldo: “Lo hemos dicho antes, lo estamos diciendo ahora y lo seguiremos diciendo en el futuro”.
Vicente Bruna, secretario general del partido, reafirmó la postura: “Reafirmamos la idea de un indulto humanitario transversal. Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa”, afirmó.
Macarena Santelices, en cambio, dejó ver la fractura que generó este debate en el sector. Rechazó que el eventual beneficio se empleara como “moneda de cambio para facilitar otros indultos” y renunció a Republicanos.
La comparación que cuestiona la izquierda
El exministro de Justicia Jaime Gajardo rechazó el planteamiento republicano en una entrevista con BioBioChile realizada antes de conocerse el deceso: “Creo que es una moneda de cambio que es absolutamente inmoral en su planteamiento”. Su crítica apuntó a utilizar este caso para lograr aceptación de indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lorena Fries (FA) admitió que podrían existir razones humanitarias en el caso de Aliste, pero rechazó equiparar su situación con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.
Nelson Venegas (PS) cuestionó la facultad presidencial en estos asuntos: “Yo estoy en contra de los indultos que realizan los presidentes de la República en todo evento”.
Frente a ese intercambio de apoyos y rechazos, la defensa de Aliste criticó la politización de la solicitud: “Consideramos especialmente grave y ofensivo que se haya hablado de esta posibilidad como una eventual moneda de cambio. Juan no podía ser transformado en una moneda de cambio dentro de una discusión ajena a su situación concreta y a su estado terminal”.
Las decisiones que quedan para Kast
La discusión no comenzó con Aliste. El 6 de marzo de 2025, cuando aún era candidato, Kast anunció indultos para carabineros que, según su postura, habían sido perseguidos durante el estallido social.
En la campaña también se mostró dispuesto a evaluar beneficios para internos de Punta Peuco y reconoció haber visitado ese penal. Ya en la presidencia aclaró que no había prometido indultar a todos: “No hicimos una promesa absoluta”.
La expectativa también se instaló en el Partido Nacional Libertario, donde sostienen que existe un compromiso en materia de indultos, critican la lentitud del proceso y exigen definiciones antes de que termine el año.
Desde Justicia admitieron que el Ejecutivo recibió más de cien solicitudes este año, mayoritariamente vinculadas a hechos de la dictadura, además de expedientes relacionados con el estallido. Kast reiteró que la evaluación será individual: “Se va a resolver caso a caso, y no hay una norma general”.
Según fuentes de este medio, se esperaba justamente que durante octubre hubiera novedades sobre respuestas a solicitudes de indulto, especialmente las vinculadas al estallido social.
La muerte de Juan Aliste Vega cerró su caso particular, pero dejó pendiente la encrucijada para Kast.
