Dos penas que suman ocho años de cárcel solicita la Fiscalía contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el exconcejal, Eduardo Araya, por su presunta responsabilidad en el delito reiterado de cohecho en el conocido caso Puerto Coronel.
Así lo expone la acusación presentada por la fiscal Glenda Lagos ante el Juzgado de Garantía, detallando sobornos por 82 millones de pesos vinculados al alcalde Chamorro, y 70 millones de pesos destinados a Araya, montos que habrían sido entregados por instrucciones de exgerentes de Puerto Coronel que también están imputados.
En relación con esos directivos, el Ministerio Público solicita sanciones que en ciertos casos alcanzan los 38 años de prisión, como ocurre con Eduardo Hartwig, acusado de soborno, administración desleal y delitos tributarios.
En el caso de Javier Anwandter y Daniel Chamorro, la Fiscalía pide penas de 18 y 28 años de prisión, respectivamente, y para los contratistas del puerto, Víctor Olivares y Hernán Romero —este último hermano del exdiputado Leonidas Romero— las sanciones solicitadas ascenderían a 7 años de cárcel, por delitos de administración desleal y facilitación de facturas falsas.
El Juzgado de Garantía deberá notificar la acusación a las defensas y convocar asimismo la audiencia de preparación del juicio oral, la cual podría programarse para fines de 2026 o comienzos del año siguiente.
Además, según la programación, el juicio en el Tribunal Oral de Concepción quedaría establecido para no antes de julio de 2027.
