Los comités parlamentarios del Senado decidirán este jueves si incorporan en la tabla la insistencia del Gobierno sobre la reforma migratoria, que propone ampliar el periodo de detención para personas migrantes con una orden de expulsión.
La Sala de la Cámara Alta había solicitado a la Secretaría de la Comisión de Constitución un informe para despejar cómo opera el mecanismo de insistencia. No obstante, la semana pasada la comisión devolvió la petición sin contestar, señalando que no correspondía que el secretario se pronunciara sobre las ‘reglas del juego’.
La controversia adquiere mayor relevancia ante la decisión de un sector de la oposición de llevar el asunto al Tribunal Constitucional (TC).
El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, recordó que la mesa del Senado redujo el quórum exigido para aprobar la insistencia, pasando de 33 a 29 votos.
«En el Tribunal Constitucional vamos a perseverar en que eso ocurre porque hay una interpretación equivocada que está haciendo la mesa del Senado para favorecer que haya los menos votos de la oposición para así aprobar. No va al problema de fondo, que es cómo resolver el problema de la migración», afirmó.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo que fue el propio Tribunal Constitucional el que determinó que este mecanismo debía conservar el quórum aplicable a las reformas constitucionales, que originalmente fue de dos tercios y tres quintos y actualmente corresponde a cuatro séptimos, es decir, 29 senadores.
«Me llama la atención lo del TC, porque el TC del 2006 esto lo zanjó y lo que hizo la mesa del Senado fue cumplir con ese mandato. Por lo tanto, a mí me parece que acá esto tiene un cariz político, pero el cariz político no puede estar por sobre la Constitución», sentenció.
Las RUF también enfrentan al oficialismo y la oposición ante el TC
Paralelamente, el requerimiento contra las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su admisibilidad.
La oposición cuestiona varios puntos de la normativa, en especial el principio de racionalidad en el uso de la fuerza y las normas vinculadas al empleo de fuerza «potencialmente letal».
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, denunció también la ambigüedad en cuanto a las atribuciones que tendrán los tribunales militares.
«Quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, yo creo que tienen razón, porque no está clara la competencia de los tribunales militares. Que los problemas entre militares se resuelven con tribunales militares, pero cuando hay civiles involucrados, deben resolverlo la justicia civil», enfatizó.
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, instó a la oposición a «aceptar que hubo un giro» en las RUF y defendió que las modificaciones responden a decisiones tomadas por las mayorías en el Parlamento.
«Sobre las RUF tienen que aceptar que es un giro concreto que se ha hecho en el marco de la decisión que toman los representantes de la ciudadanía. Se quería dejar atrás una lógica de proporcionalidad, a mi juicio mal entendida, depositar en las policías la voluntad soberana», manifestó.
De este modo, mientras el Senado decide el destino de la insistencia migratoria, dos de las principales disputas en la agenda de seguridad del Gobierno corren el riesgo de llegar al Tribunal Constitucional.
No obstante, en esta ocasión la oposición no muestra el mismo optimismo que acompañó enfrentamientos previos ante ese órgano, cuyos fallos más recientes han ido en contra de las pretensiones del Ejecutivo.
