La diputada Lorena Fries, del Frente Amplio, ofició este miércoles al Ejecutivo y a distintos organismos del Estado por las secuelas de los sistemas frontales que afectaron recientemente a la Región Metropolitana. La medida busca aclarar qué falló y determinar responsabilidades.
La legisladora remitió varios oficios a distintos órganos estatales, en los cuales solicitó datos esenciales sobre las alertas emitidas, las medidas preventivas adoptadas, los planes de mitigación y la reposición de servicios básicos, además de las evaluaciones y las acciones de mejora necesarias.
Los oficios fueron dirigidos al Ministerio del Interior; Senapred; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ministerio de Energía; Subsecretaría de Telecomunicaciones; Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); Superintendencia de Servicios Sanitarios y Delegación Presidencial Regional Metropolitana.
La fiscalización emprendida por la parlamentaria del Frente Amplio responde a las distintas consecuencias provocadas por los recientes sistemas frontales en la capital.
Ofician a organismos del Estado por efectos de sistemas frontales
La diputada Lorena Fries señaló que «he estimado necesario oficiar a varios organismos del Estado para dilucidar qué falló y, con ello, determinar responsabilidades y corregir lo que no está funcionando».
Esto se enmarca en las repercusiones de las tormentas que azotaron la RM durante octubre. Las lluvias originaron un aluvión en Las Condes el jueves 8 de octubre y, el martes 13 de octubre, provocaron severos daños en comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Todas esas comunas forman parte del distrito que representa la parlamentaria.
La parlamentaria hizo hincapié en los antecedentes y en las alertas que los organismos técnicos habían emitido antes de cada emergencia.
Alertas ya conocidas
En concreto, Fries sostuvo que «las advertencias meteorológicas eran conocidas, por lo que las autoridades deben explicar qué medidas adoptaron y por qué resultaron insuficientes; los registros disponibles indican que incluso estuvo en riesgo la vida de las personas».
La diputada añadió que «si no pudieron prever sus consecuencias, al menos deben rendir cuentas por las deficiencias en los sistemas de alerta, en la prevención y en los planes de mitigación».
Los oficios solicitan a los organismos públicos, de acuerdo con sus atribuciones, que entreguen información relevante en relación con cinco aspectos.
El primero se refiere a las iniciativas de prevención y preparación frente a las emergencias. El segundo aborda las respuestas frente a los episodios y la restauración de los servicios básicos e infraestructuras dañadas. El tercero apunta a la coordinación institucional entre organismos públicos y las empresas concesionarias o prestadoras de servicios.
El cuarto punto contempla la atención a grupos de especial protección, en particular personas electrodependientes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y otros colectivos vulnerables.
El quinto exige una evaluación de las actuaciones realizadas, las lecciones aprendidas y las medidas de mejora previstas.
