La propuesta de Carolina Tohá para permitir que reclusos en estado terminal pasen sus últimas horas en su domicilio —incluyendo a quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos— generó fracturas dentro de la izquierda y la centroizquierda. Mientras unos respaldan aplicar un criterio humanitario sin considerar la naturaleza del delito, otros advierten que no corresponde equiparar los crímenes de lesa humanidad con otros delitos.
La discusión se reavivó tras el fallecimiento de Juan Aliste Vega, exmiembro del Movimiento Lautaro condenado por la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano; Aliste padecía un cáncer terminal y murió antes de que se resolviera la solicitud de indulto cuya existencia reveló BioBioChile.
Su pedido contó con el apoyo de Republicanos, que además ha impulsado beneficios para uniformados condenados. El intercambio ocurre además a pocos días del séptimo aniversario del estallido social.
En ese marco, Tohá propuso una salida de carácter humanitario, aunque descartó que deba depender de un indulto presidencial.
Dijo que Aliste debería haber pasado sus últimas horas en su casa y que quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos y se encuentren agonizando también deberían poder hacerlo, señaló, añadiendo que esto debería concretarse “sin que el presidente tenga que intervenir ni mediante un indulto que modifique la pena”.
Bassa y Campillai rechazan la postura de Tohá
El diputado Jaime Bassa (FA) fue uno de los que rechazó de plano las declaraciones de la exministra, calificándolas de erradas y políticamente imprudentes: consideró inaceptable tomar el caso de Aliste Vega como base para abrir un debate sobre beneficios penitenciarios dirigidos a quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.
Señaló además que reivindicar la humanidad no puede servir para relativizar delitos cometidos desde el Estado y subrayó que Tohá debería comprender que en materia de derechos humanos no cabe la impunidad, añadió.
La senadora Fabiola Campillai también marcó distancia al diferenciar los delitos cometidos por agentes estatales de los practicados por particulares: cuando alguien que tiene la responsabilidad y la confianza de ejercer la fuerza pública comete un crimen abusando de ese poder, no solo daña a una víctima: traiciona a la sociedad que le confió ese poder, afirmó.
Campillai recordó los alegatos de salud utilizados en el pasado por Augusto Pinochet y advirtió sobre los pactos de silencio y las redes de protección que, a su juicio, siguen obstaculizando el acceso a la verdad.
También hubo reparos desde el PC: la diputada Lorena Pizarro tildó las declaraciones de Tohá de “gravísimas”, mientras que Marcos Barraza defendió el cumplimiento íntegro de las condenas y rechazó beneficios que las modifiquen.
Las discrepancias alcanzan también a la centroizquierda
El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó de forma explícita la distinción propuesta por Tohá, mientras que Iván Flores (DC) afirmó que “los criminales de lesa humanidad deben terminar sus días donde están, en la cárcel”.
Desde esa misma tienda, Álvaro Ortiz manifestó sus reparos respecto a indultos para quienes cometieron esos delitos, pero al mismo tiempo planteó la necesidad de revisar un mecanismo que queda supeditado a la decisión presidencial:
Comentó que el régimen de indultos debería ser revisado, porque si se deja únicamente al criterio o al arbitrio de quien gobierna según su orientación política, eso generará constantes controversias. Insistió en que creía necesario establecer reglas claras desde el inicio, agregó.
Ortiz también hizo un llamado a Republicanos y al Partido Nacional Libertario a no instrumentalizar la discusión para promover salidas masivas desde las cárceles.
Por su parte, Tohá contó con el respaldo del senador Pedro Araya (PPD), quien defendió la posibilidad de que personas con una condición terminal comprobada puedan pasar sus últimos días en un domicilio o en un hospital mediante mecanismos distintos del indulto.
Tohá aboga por un criterio aplicable a todos los internos
La propuesta de la exministra también contempla a los internos por delitos comunes cuyos casos no suelen recibir atención política.
“Hay muchas personas que mueren en las cárceles, delincuentes comunes que no cuentan con ningún sector político que ponga su situación en la mesa, y la actitud humanitaria debería aplicarse también a ellos”, dijo.
Agregó que “lo que le hace bien al país es que seamos humanitarios con todas las personas”, enfatizó.
La discusión abierta es si ese enfoque debe extenderse igualmente a quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad y bajo qué parámetros, un debate que se intersecta con la presión por indultos pero que también contempla decisiones distintas sobre el cumplimiento de las penas.
