El Tercer Tribunal Ambiental responsabilizó a un empresario por los perjuicios causados por cuatro proyectos inmobiliarios en la costa de Valdivia, en la región de Los Ríos, y dispuso la elaboración de un plan de restauración por la tala de árboles y la degradación del terreno.
El caso partió en 2022 tras denuncias presentadas por comunidades mapuches y residentes de Niebla y Los Molinos, quienes alertaron sobre los impactos atribuibles a las obras impulsadas por la Sociedad Agrícola Kuriñanco y la Inmobiliaria Pilolcura, sociedades vinculadas a Emilio Pino.
Con esos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda contra el empresario por daño ambiental en los cuatro proyectos inmobiliarios que se ejecutan en zonas costeras de Valdivia, incluyendo Los Pellines, Los Molinos y Pilolcura.
Empresario tiene que presentar un plan de reparación ambiental
Después de más de cuatro años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental encontró a Emilio Pino responsable por el daño en la costa valdiviana, concluyendo que se produjo pérdida de suelo debido al corte no autorizado de árboles y a la apertura de caminos durante la realización de los proyectos inmobiliarios.
Además, se determinó que uno de los emprendimientos obstaculizó el acceso a rutas y senderos tradicionales usados por una comunidad mapuche para la extracción de recursos y el desarrollo de sus prácticas culturales.
Por ello, se le impuso al empresario la obligación de diseñar un Plan de Reparación de Daño Ambiental en un plazo de 60 días.
“Acataré la resolución”
En una entrevista con Radio Bío Bío en Valdivia, Pino afirmó que se sienten tranquilos ante el fallo y que acatarán lo dispuesto por el Tercer Tribunal Ambiental, señalando que ya trabajan en el instrumento que posibilitará reparar los daños ocasionados por los proyectos inmobiliarios.
“Cumpliré la sentencia, elaboraré el plan de reparación y ejecutaré las obras porque así lo teníamos previsto. De hecho, ¿por qué se propone este plan de reparación? Porque los caminos estaban inconclusos, porque yo me encontraba en proceso de construcción”, explicó.
El informe tendrá que incluir un diagnóstico ambiental sobre la degradación del terreno y los registros geológicos de las áreas intervenidas, junto con medidas de control de la erosión y estabilización de suelos, reforestación y la conformación de una mesa de trabajo con las comunidades indígenas afectadas.
El representante de las dos inmobiliarias manifestó su intención de interponer un recurso de casación en la Corte Suprema, aunque aclaró que lo haría únicamente si el Consejo de Defensa del Estado también lleva la causa ante el máximo tribunal.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tercer Tribunal Ambiental descartó que la tala de árboles y la pérdida de suelo hubieran menoscabado el recurso hídrico.
Se trata de un proceso que, después de cuatro años de tramitación, culminó con una sentencia definitiva que confirmó la existencia de daño ambiental causado por los cuatro proyectos inmobiliarios, los cuales permanecen paralizados tras la aplicación de una medida cautelar que suspendió las faenas mientras se dirime la acción legal.
