Nuevos elementos se suman a la indagatoria que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, después de que se conocieran pagos por $27 millones procedentes de dos inmobiliarias que tenían causas relacionadas con sus proyectos en el máximo tribunal.
Un trabajo de Reportea mostró que esos fondos se transfirieron mientras Vivanco formaba parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, órgano que conocía asuntos vinculados a las referidas empresas.
De acuerdo con la publicación, $15 millones provinieron de Inmobiliaria Argenta y otros $12 millones de Inmobiliaria Alta Vista Pucón.
Aunque las transferencias coinciden en el tiempo con la tramitación de esas causas, por sí solas no constituyen prueba de una contrapartida ilícita.
La controversia por la declaración de Migueles
El hallazgo se añade a otro frente judicial: la filtración de la declaración que Migueles entregó ante la Fiscalía, cuyo contenido ha suscitado reparos por parte de las defensas.
Los abogados de Ángela Vivanco interpusieron una cautela de garantías, sosteniendo que el testimonio se mantenía reservado hasta el 6 de octubre y que, pese a ello, la prensa difundió datos a los que las defensas no habrían tenido acceso.
En su petitorio, cuestionaron que la información se hiciera pública antes de que las partes pudieran examinarla y alertaron sobre una posible violación del artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las diligencias de investigación.
La audiencia fue programada para el próximo 30 de octubre. Desde la Defensoría Pública indicaron que se pronunciarán sobre el recurso en esa instancia y que no harán declaraciones previas a la audiencia.
Las críticas también vinieron desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera. Su letrado, Marcelo Abujiar, puso en entredicho las circunstancias en que se difundió el nuevo testimonio de Migueles y aseguró que las defensas aún no han tenido acceso al texto completo de la declaración.
“Se trata de una manifestación que contradice todas las versiones anteriores que había dado y que la presenta con el fin, precisamente, de condicionar la sustitución de la medida de libertad por arresto domiciliario total. Por eso existen diversos antecedentes que deben ponderarse más allá de lo literal de la declaración, considerando el contexto en que surge”, afirmó.
Los eventuales beneficios judiciales
La disputa surge después de que Migueles abandonara la prisión preventiva el pasado 30 de septiembre, cuando el tribunal cambió esa medida por arresto domiciliario total.
Su nueva declaración plantea además dudas sobre los posibles beneficios penales a los que podría optar si se demuestra una colaboración sustancial con la investigación.
El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, explicó que Migueles podría intentar una disminución de una eventual pena mediante su cooperación con el Ministerio Público.
“De ese modo, en adelante, al comparecer formalmente con ánimo de colaborar en la causa, pretende consolidar la atenuante de colaboración sustancial, que permite rebajar la sanción hasta en dos grados. Con esa base normativa, Migueles se podría someter a un procedimiento abreviado conforme al artículo 406 del Código Procesal Penal, o cumplir en libertad mediante las penas sustitutivas de la Ley 18.216, evitando una condena de presidio efectivo”, detalló.
Así, los nuevos elementos amplían las dudas sobre los lazos económicos de Migueles con empresas que mantenían disputas judiciales vinculadas a sus proyectos.
Además de Argenta y Alta Vista Pucón, son tres las inmobiliarias cuyos nexos con el entorno de Vivanco han quedado bajo la lupa, incluyendo a Fundamenta, cuyos antecedentes ya están siendo investigados penalmente.
