Cuando se dieron a conocer pérdidas millonarias en los fondos de pensiones por las inversiones de las AFP en swaps de tasas de interés, diputados de la oposición presentaron denuncias penales para investigar posibles responsabilidades.
En la Fiscalía, el diputado José Montalva (Ind.-PPD) interpuso una querella penal contra quienes se determinen responsables por hechos que podrían configurar el delito de administración desleal. Esto, “sin perjuicio de la calificación jurídica que corresponda a los hechos que se esclarezcan”.
Al presentar la acción, el parlamentario señaló que “perder dinero nunca ha sido un delito; no obstante, si la pérdida ocurrió con conocimiento de que se trataba de una operación riesgosa destinada a favorecer a las AFP y no al afiliado, podría configurarse el delito de administración desleal previsto en nuestro Código Penal“.
“Por eso es imprescindible que se investigue, y mediante esta denuncia pediremos al Ministerio Público que indague los hechos con todos los antecedentes publicados en la prensa, que daban cuenta de advertencias sobre la peligrosidad de estas operaciones y su posible daño para los afiliados”, añadió.
La denuncia presentada por Manouchehri y Cicardini
Simultáneamente, el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) interpusieron asimismo una denuncia dirigida al fiscal nacional.
Los legisladores del PS añadieron que los hechos “podrían constituir el delito de administración desleal“, por lo que pidieron al Ministerio Público que investigue y establezca las posibles responsabilidades.
Al presentar la denuncia, Manouchehri afirmó: “Las AFP jugaron con los fondos de las jubilaciones de los chilenos y registraron pérdidas por 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores observan cómo se volatiliza su dinero, las AFP se enriquecen”.
“Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia en la Fiscalía Nacional para que se determine si existió administración desleal, quién tomó la decisión de apostar y quién resultó beneficiado. Pretendemos que, en caso de comprobarse un delito, respondan con su patrimonio“, concluyó.
Las denuncias señalan una posible administración desleal por parte de las AFP
En los dos documentos se pide aclarar si las decisiones de inversión tomadas por las AFP se basaron en criterios técnicos orientados a la rentabilidad y seguridad de los fondos, o si estuvieron marcadas por intereses económicos o competitivos de las administradoras, en detrimento de los afiliados.
En ese marco, ambas denuncias aluden a los artículos 45 y 147 del Decreto Ley N.º 3.500, que disponen el deber de las AFP de proteger la rentabilidad y seguridad de los fondos y obrar en su beneficio. En particular, el artículo 45 indica que las inversiones deben perseguir como único fin “la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad”.
De esta manera, los legisladores intentan establecer si las administradoras privilegiaron sus intereses sobre los de los afiliados y si las decisiones tomadas podrían constituir el delito de administración desleal.
La Fiscalía Nacional confirmó haber recibido las denuncias y señaló que se tramitarán conforme a lo establecido.
