El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, sostuvo que la violencia en la que derivaron ciertas protestas sociales de este sábado responde a una maniobra política, y señaló que ya se contabilizaban 1.200 detenidos en una jornada en la que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.
En una intervención ante los medios, cerca de la medianoche del sábado y durante una visita para respaldar a las fuerzas del orden, Lecornu explicó que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha ordenado a los fiscales que soliciten prisión preventiva para los arrestados.
Protesta en Francia: “Perfiles especialmente violentos y peligrosos”
Explicó que esas directrices se deben a que los detenidos muestran “perfiles especialmente violentos y peligrosos”.
“No puede permitirse que una minoría destruya y que siempre sean las mismas personas las que sufran las consecuencias”, añadió, tras destacar que en París se habían intentado atacar “los centros de poder”, entre ellos el palacio del Elíseo, Matignon —la residencia oficial del primer ministro— y la Asamblea Nacional.
“Por tanto, es claramente una maniobra política que ampara la violencia”, añadió, y subrayó que “no nos dejaremos intimidar”.
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de las ciudades más afectadas por los destrozos y los pillajes, han solicitado una reunión con Lecornu a principios de la próxima semana, “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación” relacionada con la violencia, el vandalismo y los saqueos ocurridos en sus ciudades el sábado.
“Exigimos un diagnóstico claro que aclare la secuencia de hechos que condujeron a esta situación. Esto no puede ni debe repetirse”, escribieron el socialista Emmanuel Grégoire (París), el independiente de izquierdas Benoît Payan (Marsella) y el ecologista Grégory Doucet (Lyon) en un comunicado conjunto.
Los tres responsables electos dijeron que han incorporado a todos los alcaldes de los municipios perjudicados en su iniciativa.
Las protestas, que se extendieron por todo el país y respondían a una amplia lista de demandas convocadas por un diverso conjunto de colectivos —desde estudiantes hasta miembros de los ‘chalecos amarillos’ y trabajadores de servicios públicos— congregaron a 550.000 personas, según el Gobierno, y a más de 800.000, según los organizadores.
La presencia fue masiva (110.000 sólo en París, según el Ministerio del Interior), muy por encima de las previsiones del Ejecutivo, que la víspera había estimado como máximo 150.000 participantes en todo el país.
Otra sorpresa fue la intensidad y extensión de la violencia en numerosas ciudades, con ataques contra edificios públicos (el más destacado, la destrucción por incendio del histórico Ayuntamiento de Limoges) y saqueos en cientos de comercios.
