Álex Núñez regresaba a su vivienda en Maipú cuando fue visto por su hijo, Rodrigo Núñez. Caminaba inclinado y con el rostro lastimado. Unos minutos después, alrededor de las 21:00 del 20 de octubre de 2019, ya en su domicilio, Álex atribuyó de inmediato las heridas a efectivos de Carabineros.
En la madrugada del 22 de octubre, Álex falleció a causa de las lesiones sufridas. Aunque en la vía civil el Fisco fue condenado a pagar $130 millones a su familia, en el proceso penal aún no se ha determinado qué uniformados son responsables.
Aún más preocupante: ningún carabinero ha sido desvinculado por este episodio. El único que había sido separado del servicio tras un sumario deberá ser reincorporado por una resolución de septiembre de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A pesar de que aún no hay claridad sobre quiénes atacaron a Núñez, la investigación contiene múltiples irregularidades: se detectó falsificación de documentos, la maniobra de un oficial para atribuir la agresión a motoristas y una orden de golpear impartida por un capitán contra otros detenidos esa misma noche, a pocas cuadras del lugar donde Álex fue golpeado.
Para agravar la situación, uno de los policías que estuvo en la zona fue condenado a presidio perpetuo por asesinar a su pareja.
Golpeado a patadas
Natalia Pérez Velasco, la esposa de Álex, llegó a la casa cerca de las 21:00 del 20 de octubre. Llevaban siete años separados, aunque mantenían una buena relación. Sus viviendas estaban a seis casas de distancia, en el pasaje Las Vizcachas, y se veían diariamente.
—Me dijo que los pacos lo habían golpeado, que los identificó por el uniforme y que los llamó “los tortugas ninja”; me dijo que eran tres. Me contó que recibió un lumazo en las piernas, cayó y en ese instante comenzaron a pegarle con los pies —relataría Natalia más tarde ante el Ministerio Público.
Álex tenía un taller donde reparaba máquinas de soldar. Según lo que sus padres comentaron luego a Natalia, había salido a entregar una máquina y se encontró con un amigo; juntos comieron papas fritas en una plaza en Isabel Riquelme con Juan José Rivera.
Aunque se quejaba de dolor de cabeza, Álex se negó a ir al hospital. Dos días antes había comenzado el estallido social y esa noche el toque de queda estaba vigente desde las 19:00 horas.
—Estaba consciente y hablaba con normalidad, aunque me decía que le dolía la cabeza. No quiso ir a la posta, me dijo que solo quería dormir. Se tomó dos paracetamoles y se acostó —detalló Natalia ante el Ministerio Público.
A la mañana siguiente, Álex no despertó. Tenía dificultades para respirar y al colocarlo de lado comenzó a vomitar sangre. Fue llevado de urgencia a la ex Posta Central, donde la médica de turno informó a la familia que debían prepararse: presentaba un edema cerebral por un traumatismo encéfalo craneano inoperable. Murió a las 03:15 del 22 de octubre.
Intento de responsabilizar a los motoristas
La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó miles de fojas de la causa. En la carpeta aparecen alrededor de 60 policías de diversas unidades que actuaron en la zona de Maipú donde Álex fue agredido, tanto de la 25ª Comisaría de Maipú como de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales.
Todos los que han declarado negaron haber presenciado la golpiza contra Álex Núñez.
Aunque, según Natalia, Álex dijo que lo habían agredido carabineros que iban como “tortugas ninja”, esa descripción encaja con la mayoría de los presentes: los de Fuerzas Especiales vestían equipo antidisturbios, los de la 25ª Comisaría usaban casco balístico o anti-disturbios y algunos uniforme completo, y también estaban los motoristas de la misma unidad, que igualmente llevaban casco.
Entre noviembre y diciembre de 2019, la Policía de Investigaciones (PDI) citó a más de 40 carabineros para que declararan en la causa. Seis se negaron y cuatro estaban con licencia médica.
Uno de los citados fue el subteniente Juan Ignacio Rivas Cornejo, de la 25ª Comisaría de Maipú, quien esa noche comandaba a los motoristas. Rivas contó que el subteniente Eduardo Toledo Salvatierra habría intentado coordinar las declaraciones para responsabilizar a los motoristas. Según narró, se lo transmitió el subteniente Gary Valenzuela Ramos, que esa noche iba en el carro de Toledo:
—Mi teniente, le quiero comentar algo porque le tengo confianza, pero no se lo diga a mi teniente Toledo: entre anoche y la mañana de hoy él me llamó como tres o cuatro veces, pidiéndonos que nos pusiéramos de acuerdo para declarar si la PDI o la Fiscalía Administrativa nos tomaban declaración, y que culpáramos a los motoristas, que estaban con una persona. Al parecer hay un video que involucra a Toledo golpeando a alguien y él está asustado —relató Rivas que le dijo Valenzuela.
Ante la PDI, Valenzuela reconoció la llamada, aunque restó trascendencia a lo ocurrido:
—Toledo me llamó en su momento para decirme qué iba a declarar y que dijera que yo había visto a los motoristas en el lugar, cosa que no era extraña para mí, ya que personalmente vi a los funcionarios en moto —afirmó el subteniente.
Valenzuela estampó su firma en la declaración el 21 de noviembre de 2019. Nueve meses y un día después, en Linares, acabaría asesinando a su pareja, la carabinera Norma Vásquez, delito por el que fue condenado a presidio perpetuo.
Irregularidades en el sumario
Para indagar internamente, Carabineros abrió un sumario administrativo el 22 de octubre de 2019, bajo la conducción de la mayor Patricia Bonilla Olivares, jefa de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Central.
En un acta del sumario consta que se concurrió a las 16:30 al pasaje Las Vizcachas, en Maipú, residencia de Álex. Según ese documento, no se pudo entrevistar a los familiares por “medidas de seguridad y protección a la integridad física del personal policial”. No obstante, el acta cierra “siendo a las 16:15 horas”, un cuarto de hora antes de la diligencia que describe.
Aun así, se tomaron fotografías. En los comentarios de una imagen de la intersección de Juan José Rivera con Las Vizcachas se indica que es el “lugar donde se habría producido la agresión”, sin aclarar el origen de ese dato más allá de una “información preliminar que recibió la fiscal”.
La fiscal Bonilla y la secretaria del sumario rubricaron el acta. Sin embargo, según una presentación de los querellantes a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, el suboficial mayor Patricio López Luengo, de la Fiscalía Administrativa, declaró ante el Ministerio Público en mayo de 2022 que fue él, y no Bonilla, quien acudió al lugar. Aseguró haberlo hecho solo, por una instrucción que Bonilla le reenvió por WhatsApp a las 16:28 del 22 de octubre, dos minutos antes de la hora en que el acta sitúa la diligencia. Según su versión, tomó las fotos con su celular, recorrió cuatro o cinco casas y escribió las leyendas de las imágenes.
Su presencia fue advertida: un vecino lo fotografió cuando le pidió videos de la agresión, y en marzo de 2022 el fiscal Pablo Sabaj ordenó identificarlo, advirtiendo que si no correspondía a alguien del sumario “sería directamente una actividad de encubrimiento”. Asuntos Internos determinó que la persona de la foto era López Luengo.
Ante la PDI, en diciembre de 2020 y en presencia de Sabaj, Patricia Bonilla afirmó que había concurrido en una ocasión al domicilio de Álex, pero que no recordaba la fecha ni quién la acompañó, ni quién tomó las fotos del acta, aunque reconoció que debía haber escrito las leyendas. Tampoco recordó cómo había averiguado el lugar de la supuesta agresión:
—Debo señalar que no recuerdo cómo llegué a determinar que fue ese lugar donde presumiblemente habrían golpeado a la víctima, debió haber sido de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios de Carabineros. Debo dejar en claro, que no tuve información previa, respecto a la intersección de las calles antes descritas, así como también que no recuerdo con quién concurrí hasta el lugar de los hechos —manifestó Bonilla.
Bonilla cerró el sumario el 28 de noviembre de 2019 sin atribuir responsabilidad a carabineros. Tras observaciones de la Asesoría Jurídica regional, en enero de 2020 se reabrió la investigación interna y quedó a cargo de la capitán Marcela Acuña, mientras Bonilla fue trasladada a la Prefectura Santiago Sur.
En marzo de 2020 Bonilla comenzó a presentar licencias y en julio renunció a la institución. La forma en que se llevó a cabo el sumario ha sido cuestionada por los abogados de la familia Núñez, quienes sostienen que las diligencias realizadas pocos días después en la zona desincentivaron la aparición de posibles testigos.
Orden de golpear
No es solo el acta del sumario la que muestra contradicciones. En los expedientes hay tres partes de detenciones en el mismo sector donde fue agredido Álex, cuya versión difiere de otros antecedentes, incluidos testimonios de varios carabineros.
En uno de esos partes, a las 22:05 según el registro, tres jóvenes transitaban en un Toyota Yaris y carabineros de la 25ª Comisaría intentaron detenerlos. Para evadirse, el vehículo casi atropella a una carabinera. El parte señala que fueron arrestados y que no presentaban lesiones, pero al menos cinco carabineros declararon ante la PDI que los detenidos habían sido golpeados.
Uno de los agentes situó la detención “pasadas las 21:00 horas”, y otro afirmó que durante la aprehensión escuchó comentarios que los calificaban de “chinches”, es decir delincuentes, y luego una orden del capitán Jorge Mansilla, que estaba al mando del grupo:
—El capitán Mansilla da la orden de que le pegaran a estos “culiaos”, recuerdo que eran tres sujetos que no pasaban de 25 años (…) pude ver que estaban golpeando en el suelo a dos de estos sujetos, ahí me acerqué al lugar donde estaban agrediendo a estas personas, y con el bastón Isolmer, procedí a agredir a uno de estos individuos que estaba en el suelo, pegándole en la espalda, dos golpes —relató el policía.
Una cabo, por su parte, aseguró que, además de Mansilla, participaron en la golpiza el subteniente Óscar Cancino y otros cuatro carabineros. Otro funcionario declaró que mientras algunos usaban bastones, el capitán Mansilla propinó patadas. Con esos testimonios, la PDI concluyó que Mansilla “andaba excitado y agresivo” e incitaba a sus compañeros a agredir.
La versión de Mansilla consta en una declaración que entregó en noviembre de 2019 ante Asuntos Internos:
—El día 20.10.2019, no retiré desde la sala del suboficial interno el bastón isomer, del mismo no observé que el personal policial que me acompañaba mientras realizábamos el patrullaje en perímetro de la estación de Metro el Sol, no agredieron a ninguna persona, es todo cuanto puedo decir —afirmó.
Por su parte, Cancino dijo ante la PDI que no fue testigo de cómo bajaron a los detenidos del auto, pero que después los vio en el suelo y reconoció haber participado en su reducción.
—Estos individuos ofrecían resistencia, y pude observar que algunos carabineros se excedieron en el uso de la fuerza para inmovilizarlos. Debo señalar que también participé en la reducción de estos detenidos por la tenacidad que presentaban al ser aprehendidos —indicó.
Además de ese episodio, existen otros dos partes que generan dudas sobre la veracidad de lo reportado por Carabineros. En el parte de otro hombre arrestado esa noche por infringir el toque de queda, la ubicación de la detención aparece en dos números distintos de avenida Pajaritos y con dos horarios diferentes, 21:20 y 20:55, y en distintas versiones se atribuye la aprehensión primero a Cancino y Mansilla y luego a dos cabos.
El parte también señala que se detuvo a otra persona junto a él, pero el detenido afirmó que estaba con un amigo que logró escapar. Según el documento, ambos “fueron trasladados hasta el centro asistencial”, sin constatar lesiones. El detenido declaró después que no lo llevaron a certificar lesiones y que la detención ocurrió en Juan José Rivera con Isabel Riquelme, cerca del lugar donde agredieron a Álex Núñez.
En el caso de otro detenido, a cargo de personal de Fuerzas Especiales, también hay “imprecisiones”. A la persona le dispararon con un cartucho super sock de 37 milímetros, que impactó “a la altura superior de los glúteos”, según el libro de novedades de la patrulla. Ocurrió cerca de las 20:53 en Las Vizcachas con La Sinfonía, en el mismo sector.
No obstante, el parte de su detención no consignó el disparo, y el libro de la sección que lo detuvo, bajo la responsabilidad del teniente Sergio Pino Hidalgo, indicó que el detenido manifestó “libre y espontáneamente no mantener ningún tipo de lesión”.
Reintegrado
—Este caso es emblemático de violencia estatal y policial tolerada, con responsables protegidos por la institucionalidad, lo cual resulta peligroso para la ciudadanía porque socava el principio de igualdad y los valores de un Estado de derecho democrático —afirma Cristian Cruz Rivera, abogado de la familia Núñez.
Por su parte, la abogada Karinna Fernández, quien también representa a la familia y es querellante en la arista del Alto Mando, sostiene que la condena civil ratifica que Álex Núñez fue asesinado “a golpes por agentes del Estado, cumpliendo una vergonzosa ‘orden de pegar’”.
—La verdad no la construyeron Carabineros ni las instituciones, que falsificaron sumarios y ocultaron los hechos, sino su familia, la madre de sus hijos y su comunidad, que no han dejado de golpear puertas en un Ministerio Público indiferente —expresa Fernández—. Quienes ordenaron y ejecutaron los hechos continúan en sus cargos y portando armas o se jubilaban con honores y protección política, mientras una familia de Maipú aún espera que se identifique a los responsables.
La especialista en derechos humanos agrega que proseguirán en la lucha, pese a que, en lugar de medidas para evitar la repetición, han visto “cómo el Congreso y los gobiernos responden con leyes que blindan a los uniformados y dicen a las familias que su dolor no importa”.
Hasta ahora, solo el subteniente Toledo había sido expulsado por el sumario interno de Carabineros, aunque no por la golpiza a Álex. En octubre de 2021, la Prefectura Santiago Central propuso su separación porque esa noche, como oficial más antiguo de su carro, apuntó con su pistola a un hombre que infringía el toque de queda, no le realizó un control de identidad y luego no fiscalizó a sus subordinados, que subieron a esa persona al vehículo, la llevaron a la comisaría y la liberaron sin registro.
El propio dictamen aclara que esa persona “en ningún caso corresponde al ciudadano Alex Núñez Sandoval”. La Dirección General de Carabineros aplicó la medida en agosto de 2022 y la confirmó en marzo de 2023, y su retiro definitivo se formalizó por decreto en agosto de 2025.
No obstante, el 21 de septiembre pasado la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó un recurso de protección presentado por Toledo, dejó sin efecto el decreto y ordenó su reincorporación en el grado que tenía, con el pago de remuneraciones desde la fecha de reintegro. Según el tribunal, a los demás funcionarios sumariados se les impuso una sanción menor, de arresto, y la expulsión carecía de motivación suficiente:
—La gravedad que se le asigna únicamente parece responder al lamentable deceso del señor Alex Núñez Sandoval y al contexto en que se produjo (…) sin que se advierta el vínculo causal o normativo que permita relacionar dicho resultado con la conducta específica que se atribuye al recurrente, consistente en la omisión de fiscalización del personal a su cargo y no realización de un control a un infractor de toque de queda —señala la resolución.
Hoy la causa está en manos de la persecutora Paulina Díaz Obilinovic, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Cristian Cruz ha solicitado nuevas diligencias para reactivar la investigación, ante la ausencia de testigos y la reticencia de funcionarios de Carabineros a aportar antecedentes sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de Núñez.
