Los abogados defensores en el caso Puerto Coronel fueron finalmente notificados de la acusación de la Fiscalía, poniendo en duda las elevadas penas que se solicitan para sus clientes.
La preparación del juicio oral fue fijada para el 13 de noviembre, día en el que además se programó un debate sobre la reapertura de la investigación.
El Juzgado de Garantía notificó por fin la acusación del Ministerio Público, formularia después de que se cerrara la investigación en el caso Puerto Coronel. En esta causa la Fiscalía indagó delitos que abarcan desde el cohecho y el soborno hasta la administración desleal, el uso de facturas falsas y delitos tributarios.
La fiscal Glenda Lagos presentó el escrito el martes pasado, solicitando someter a juicio a siete personas, entre las cuales figura el exgerente de la portuaria, Eduardo Hartwig, quien enfrenta penas de hasta 38 años de cárcel, mientras que para el alcalde Boris Chamorro y el ex concejal Eduardo Araya se pide una condena de 8 años de prisión.
El defensor de este último, Andrés Cruz, reconoce que Araya percibió dineros, pero sostiene que se trató de pagos por labores efectuadas por el edil para el puerto y, por ello, lo declara inocente de los cargos que se le imputan.
“Consideramos que la solicitud es totalmente desmedida respecto de una persona que contaba con facultades legales para desempeñarse en actividades paralelas a las propias de un concejal, distinta de otros funcionarios públicos y sin perjuicio de que actuó siguiendo las instrucciones que se le habían dado para efectos de emitir los documentos tributarios respectivos que justificaban las labores que se le solicitaron”, señaló Cruz.
En términos similares se pronunció Gastón Barril, en representación del acusado Daniel Chamorro, expresando su rechazo frente a la valoración que hizo la Fiscalía de las pruebas en el caso de quien se desempeñara como ejecutivo de Puerto Coronel.
“Son soberanos para solicitar al tribunal la pena que estimen pertinente, de acuerdo con los cálculos y la valoración que hacen sobre la participación de cada imputado. Y en ese punto no podemos, no puedo entregar mayores comentarios. Evidentemente no compartimos en su totalidad la apreciación del Ministerio Público”, aseveró Barril.
El tribunal fijó la preparación del juicio oral para el 13 de noviembre, la misma fecha asignada a la audiencia solicitada por las defensas de otros dos imputados —el ex proveedor del puerto Hernán Romero y el exgerente Eduardo Hartwig—, quienes intentarán reabrir la investigación pidiendo la realización de diversas diligencias.
