Este lunes la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, volvió a fracasar luego de que un segundo juez se inhabilitara en un lapso inferior a dos semanas. La investigación quedará en manos de una nueva magistrada.
En esta oportunidad la Defensoría Penal Pública pidió la inhabilitación del juez de garantía Hugo Torres, alegando una causal de implicancia que podría afectar su imparcialidad, moción a la que se opusieron la propia Fiscalía, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La petición se basó en dos resoluciones previas del magistrado: un pronunciamiento sobre la legitimación activa del municipio de Maipú y una sentencia condenatoria aplicada a cuatro imputados en procedimientos abreviados, dictámenes en los que señaló a Barriga en al menos 20 oportunidades.
Finalmente, el juez admitió la solicitud y declaró su inhabilitación.
El fracaso previo de la preparación de juicio contra Barriga
Cabe recordar que hace apenas 12 días también se suspendió la APJO contra la excaldesa, luego de que se inhabilitara al juez Carlos Silva.
Esta resolución se adoptó tras la presentación de una recusación amistosa interpuesta por el municipio de Maipú, a la que se adhirieron la Fiscalía Oriente y el CDE.
El fundamento de ese recurso fue la proximidad del magistrado con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona. Esos profesionales representan a Joaquín Lavín León, esposo de Barriga, en una indagatoria por corrupción que surgió a raíz de la investigación contra la exjefa comunal; además, ambos habían actuado como defensores de la propia Barriga.
Silva, quien ya se había inhabilitado en la misma causa en 2024 por esa cercanía con los letrados, admitió en la audiencia del 7 de octubre que tiene una amistad de 15 años con Barahona y que ambos abogados lo representaron en asuntos particulares.
Por ello, la jueza Constanza Estay asumirá la APJO a las 13:30 horas de esta jornada, en el marco del proceso en el que se investigó a la exalcaldesa por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado, además de malversación de caudales públicos y negociación incompatible, delitos por los que el Ministerio Público solicita 23 años de cárcel.
