El Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó este lunes un proyecto de ley destinado a transformar de manera sustantiva al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), introduciendo modificaciones en su estructura interna, sus competencias y su modelo de gobernanza.
Como cambios principales, la iniciativa plantea suprimir la potestad del instituto para interponer querellas penales, disminuir de 11 a 5 los miembros de su Consejo y crear la figura de un director ejecutivo que distinga las funciones de conducción superior de las responsabilidades administrativas y de gestión operacional.
El proyecto, remitido al Congreso Nacional por medio de un mensaje presidencial con fecha 19 de octubre de 2026, introduce cambios a las normas que rigen el funcionamiento del INDH y su actuación como mecanismo nacional de prevención frente a la tortura.
INDH perdería la facultad para presentar querellas criminales
Aunque, de acuerdo con el texto, el INDH dejaría de poder interponer querellas, conservaría la capacidad de presentar recursos de protección y amparo, instrumentos dirigidos a proteger derechos fundamentales frente a vulneraciones o riesgos.
Asimismo, la propuesta incorpora de manera explícita la posibilidad de que el organismo actúe como amicus curiae mediante la entrega de informes técnicos en causas judiciales vinculadas a derechos humanos. Esta figura posibilita aportar información especializada a los tribunales sin que el Instituto pase a ser parte en el procedimiento.
El Ejecutivo sostiene que estas modificaciones pretenden fortalecer el rol consultivo, técnico y especializado del organismo, concordando con los estándares internacionales que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos.
Consejo se reducirá de 11 a 5 miembros
La iniciativa igualmente altera la composición del máximo órgano directivo del INDH, disminuyendo de 11 a 5 la cantidad de consejeros.
Según el nuevo mecanismo, dos miembros serían designados por el Senado entre candidatos ligados a organizaciones de la sociedad civil; otros dos serían nombrados por la Cámara de Diputados; y el quinto sería elegido por los decanos de las escuelas o facultades de Derecho de universidades que forman parte del Consejo de Rectores y de universidades autónomas.
Para los dos consejeros propuestos por el Presidente de la República a partir de una terna confeccionada por organizaciones de la sociedad civil, su nombramiento demandaría el apoyo de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Ese mismo quórum se exigirá para los dos integrantes designados por la Cámara de Diputados.
Se crea la figura de director ejecutivo
Otra línea central de la reforma es la creación de una Dirección Ejecutiva, que asumirá la representación legal del Instituto y las funciones administrativas y operativas que hoy recaen en la dirección del organismo.
El puesto se cubrirá a través de un concurso público en el marco del sistema de Alta Dirección Pública. El Consejo de Alta Dirección Pública preparará una terna de postulantes y el Consejo del INDH elegirá al nuevo director ejecutivo.
La persona elegida desempeñará el cargo por cinco años y podrá ser reelegida por un periodo consecutivo adicional.
Proyecto incluye reducción de personal
El informe financiero adjunto a la iniciativa prevé una reducción de la planta de funcionarios en las oficinas regionales del INDH y en su unidad de protección, vinculada a la reorganización territorial y a la supresión de la facultad para presentar querellas penales.
En términos concretos, el texto estima una disminución del 50% en la dotación regional en un plazo de año y medio. Asimismo calcula una baja del 70% de los abogados de la unidad de protección como resultado de las modificaciones en las atribuciones judiciales del organismo.
El análisis financiero proyecta que la reforma supondría una reducción del gasto fiscal de aproximadamente $1.210 millones en el primer año y de $3.113 millones en el segundo. Cuando las medidas estén implementadas de forma permanente, el ahorro estimado llegaría a cerca de $3.721 millones anuales.
Finalmente, el proyecto deberá iniciar ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.
