Un juez de Miami (EEUU) emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, al estimar que existen elementos suficientes para imputarlo por conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.
La orden judicial, firmada el viernes según el medio, surge de una investigación de las autoridades de Florida sobre la participación de Castro en el ataque del 24 de febrero de 1996, en el que perdieron la vida cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
Orden de detención contra Raúl Castro
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para dar detalles sobre la orden de arresto estatal.
Según la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recabaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían permitido el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.
Hermanos al Rescate, con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban salir de la isla por vía marítima.
Las denuncias judiciales indican que las dos avionetas civiles fueron abatidas por cazas cubanos en aguas internacionales.
Florida has just issued an ARREST WARRANT for Raul Castro: https://t.co/LoAYBcxoCt
— TheBlaze (@theblaze) October 19, 2026
Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La orden a nivel estatal representa un nuevo avance en la causa, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.
El caso surge en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el Gobierno cubano, con medidas adicionales contra personas vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
